La manera inteligente de recuperar rehenes

¿Deberían los gobiernos pagar rescate a los terroristas que toman rehenes? La pregunta divide a expertos y políticos. España e Italia tienen la reputación de estar dispuestos a pagar lo que sea necesario para llevar a sus ciudadanos a casa, mientras que Reino Unido y Estados Unidos no pagan y, en algunos casos, ni siquiera negocian.

Como resultado, muchos rehenes británicos y estadounidenses han sido asesinados por sus captores. En 2014, por ejemplo, ISIS asesinó a sus rehenes estadounidenses y británicos, incluyendo a los periodistas Jim Foley y Steven Sotloff --mientras hacía un trato por sus cautivos europeos.

Los países sin concesiones les piden a sus ciudadanos que hagan este sacrificio porque, ellos creen, que de lo contrario, eso alentaría más secuestros y canalizarían recursos a los terroristas que serían utilizados para financiar futuros ataques. Es cierto que, si nadie pagara el rescate por un rehén, la lógica económica del crimen se vería socavada.

Pero en el mundo real, eso nunca sucederá. Las familias encontrarán la manera de pagar para salvar las vidas de sus seres queridos. No se puede esperar que las empresas hagan caso omiso y dejen morir a sus empleados. Es imposible forjar un consenso global sobre el tema, y ​​el variado entorno actual --en el que algunos países pagan rescates y otros no-- produce los peores resultados posibles.

La gran mayoría de los secuestros en todo el mundo son de naturaleza criminal y están dirigidos a los nacionales de los países en los que ocurren. Casi todos estos se resuelven mediante el pago de un rescate. Los secuestros políticos de los occidentales son relativamente raros --generalmente hay menos de 100 casos al año. Sin embargo, estos casos tienen una gran importancia porque se utilizan para generar publicidad y asegurar el financiamiento de los grupos terroristas globales.

Negarse a pagar un rescate no parece reducir la probabilidad de que los ciudadanos de un país en particular sean secuestrados. Un estudio realizado en 2017 por la Fundación New America concluyó que “no hay un vínculo claro entre la política de rescate de una nación y el número de ciudadanos tomados como rehenes”.

En cambio, también descubrió que el secuestro se debe a “condiciones de inestabilidad general”, es decir, guerra y anarquía. El estudio, como es lógico, descubrió que los países que están dispuestos a pagar un rescate tienden a llevar a sus rehenes a casa con vida, mientras que los países que se niegan a pagar hacen que sus ciudadanos desafortunadamente mueran en la mayoría de los casos.

Esta es una de las razones por las que adoptar una postura pública de “no negociamos con terroristas” es una táctica de apertura terrible. Incluso si un gobierno no tiene la intención de pagar un rescate, no hay razón para decirlo en voz alta. Si lo hace, insulta a los secuestradores y socava el valor de los rehenes, que es todo lo que los mantiene con vida.

Además, las negociaciones activas pueden ser útiles para los gobiernos: estas ayudan en la recopilación de inteligencia, lo que facilita la planificación de un rescate militar o el enjuiciamiento de los responsables.

Por otro lado, la nueva tecnología para difundir videos de propaganda ha cambiado radicalmente el cálculo sobre la negociación con terroristas. Desde la retorcida perspectiva de ISIS, los videos que ha hecho de rehenes decapitados o quemados en jaulas aumentaron considerablemente la visibilidad del grupo y ayudaron en su reclutamiento. Privar a los terroristas de las víctimas para realizar tales videos es en sí mismo una prioridad de seguridad nacional.

Una vez que se sabe que bajo ciertas circunstancias los gobiernos pagarán, se abre la puerta para que todos trabajen juntos para abordar el problema real, que se reduce a que pagan demasiado. Los gobiernos, familias, empleadores y compañías de seguros están involucrados en la recuperación de rehenes, compartiendo el interés común de reducir el monto del rescate.

Para mantener los pagos de rescate bajos, los gobiernos que decidan pagar deben ocultarles su participación a los secuestradores. Esto se puede lograr mejor mediante la privatización del proceso de negociación, permitiendo a los negociadores presentarse como representantes de la familia del rehén. Si los secuestradores hacen demandas políticas, el negociador puede afirmar de manera creíble que no habla a nombre del gobierno y tratar de encausar a los secuestradores hacia una resolución financiera.

Si se produce un secuestro y la familia no tiene seguro de secuestro y rescate, o no tiene acceso a un negociador profesional, entonces los gobiernos deberían encontrar la manera de proporcionar este apoyo. Esto podría hacerse en casos con claras implicaciones de seguridad nacional, a través de un programa gubernamental que compense a las empresas de seguridad. Los gobiernos tienen el interés claro y convincente de asegurarse que ninguna familia esté negociando directamente con un grupo terrorista sin el apoyo adecuado.

Eliminar la prohibición de pagar dinero a grupos terroristas significaría que los secuestros criminales y políticos se manejarían de la misma manera. Un negociador privado apoyaría a las familias y buscaría negociar un acuerdo monetario. (Esto ya es rutinario y perfectamente legal cuando los secuestradores son “criminales”.

Sin embargo, en Estados Unidos y Reino Unido es ilegal que las personas paguen un rescate a los grupos terroristas designados, aunque nadie ha sido procesado por hacerlo. Las familias o los empleadores serían responsables de recaudar los fondos. El gobierno vigilaría las negociaciones, garantizaría que las familias no fueran defraudadas y, en algunos casos, responsable de entregar el dinero.

Pero en los casos de seguridad nacional, habría una variable fundamental: las familias que buscan pagar un rescate podrían recibir repentinamente una donación de un individuo preocupado, una organización no gubernamental local o una empresa. Las familias no necesariamente sabrían de dónde provino el dinero. Un sistema de este tipo permitiría que los gobiernos que buscan pagar lo hagan en sigilo, sin llamar la atención sobre su participación o aumentar las demandas de los secuestradores.

El hecho es que el secuestro y la toma de rehenes sean armas de guerra, y la única manera real de terminar con el secuestro político es neutralizar a los grupos que lo llevan a cabo, ya sea a través de acuerdos políticos, la expansión de la seguridad o los medios militares.

Entre tanto, una política de no concesiones solo es creíble si los gobiernos están dispuestos a dejar morir a los rehenes para dejar en claro que nunca cederán. Un gobierno que espera que sus ciudadanos hagan ese tipo de sacrificio debería hacerlo solo con base en evidencias incontrovertibles de que se salvarán muchas otras vidas.

Lo cierto es que la política de no concesiones no cumple con ese estándar, y nadie debería tener que morir por una política que realmente no funciona.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo

Editado por Michelle del Campo           

Copyright © 2018 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved