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10 de jul. (Bloomberg) -- La presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene menos de un mes para escoger entre dos opciones desagradables: cumplir la promesa de nunca pagarles a los fondos de cobertura acreedores, o negociar con ellos para evitar la reiteración de la crisis de la deuda de 2001, que obligó a uno de sus predecesores a huir del palacio presidencial en helicóptero.
Con la contracción de la economía y sus reservas extranjeras cerca de un mínimo de ocho años, es probable que decida que la opción menos mala sería llegar a un acuerdo para pagarles 1,500 millones de dólares que están exigiendo, dijo Claudio Loser, jefe de la firma de investigación Centennial Group América Latina.
"Sería peor una situación catastrófica de la economía" para Fernández que retractarse de sus promesas, dijo Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional, por teléfono desde Washington. El gobierno "tiene mucho temor de poder ser expulsados o que el último año de su gobierno sea un desastre."
Fernández ya ha tomado medidas para recuperar el acceso a los mercados globales de crédito por primera vez desde el incumplimiento de 2001. A partir de octubre ha resuelto casos de arbitraje en el Banco Mundial, pagó a la petrolera española Repsol por la expropiación de YPF y negoció con el Club de París de sus naciones acreedoras. Ahora tiene que dar el último paso y negociar con los fondos de cobertura que ella denomina "buitres", dijo Loser.
Y no llegar a un acuerdo drenaría las reservas extranjeras que se han desplomado 21% en el último año, a 29 millones de dólares. El éxito le permitiría a Fernández reanudar el endeudamiento y el gasto mientras se amplía el déficit fiscal a 6% del producto interno bruto, o 21,000 millones de dólares, este año, dijo Dante Sica, director de la firma consultora Abeceb.com con sede en Buenos Aires.
Margen de libertad
Mientras que las consecuencias económicas de un incumplimiento no provocarían una crisis económica tan grave como la de 2001, ésta generaría aún más presión sobre el peso y las reservas extranjeras, dijo Mauro Roca, destacado economista para América Latina de Goldman Sachs Group.
"Le daría al gobierno menos margen de libertad en su agenda doméstica, lo cual es bastante complicado", dijo Roca en una entrevista telefónica desde Nueva York.
Jesica Rey, vocera del ministerio de economía, no respondió a un mensaje de voz y al correo electrónico con los que se buscaba obtener los comentarios sobre las posibles consecuencias de no llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos rebeldes, o que se negaron a renegociarlos.
El mes pasado, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos Thomas Griesa impidió que Argentina pagara intereses sobre sus bonos a menos que también les pague a los que se rehusaron a participar en dos reestructuraciones de sus bonos, encabezados por NML Capital propiedad del multimillonario Paul Singer. Eso implicó que Argentina no realizara un pago de intereses por 539 millones de dólares el 30 de junio, lo que dejó al país con 30 días para llegar a un acuerdo o caer en incumplimiento por segunda vez en 13 años.
Crisis del 2001
Los bonos argentinos entraron en una racha alcista después que el gobierno dijo que enviará una delegación el 7 de julio a Nueva York para reunirse con el mediador designado por la corte Daniel Pollack.
Elliott convocó a Argentina a comenzar las negociaciones la semana pasada. El administrador del fondo estaba dispuesto a reunirse con el ministro de Economía, Axel Kicillof, que viajó a Washington para hacer una presentación sobre el caso de la deuda en la Organización de los Estados Americanos, dijo Jay Newman, administrador de capitales del fondo de cobertura con sede en Nueva York, en un comunicado vía correo electrónico.
El litigio data de 2001 cuando el ex presidente Fernando De la Rúa restringió los retiros de efectivo de los bancos para evitar el colapso del sistema financiero, generando disturbios que dejaron decenas de muertos. De la Rúa renunció y fue sacado vía aérea del palacio presidencial para evitar a los manifestantes. Una semana más tarde, Argentina anunció que dejaría de pagar 95,000 millones de dólares en deuda.
El esposo y antecesor de Fernández, Néstor Kirchner, asumió la presidencia en 2003 y negoció una reestructuración dos años más tarde, en la que los inversionistas aceptaron una reducción del 70%, y al realizar una segunda reestructuración en 2010, Argentina pudo reestructurar 92% de su deuda.
Deberes de Argentina
Fernández describió el fallo judicial del mes pasado como "extorsión", y advirtió que éste abriría el país a reclamaciones por 15,000 millones de dólares por parte de otros acreedores rebeldes el 16 de junio. Cuatro días más tarde, dijo que negociaría, siempre y cuando fuera bajo condiciones que respetaran la constitución del país.
"Estamos listos para cumplir con nuestros deberes", dijo Fernández el 20 de junio.
El gobierno tiene las manos atadas, dijo Diego Giacomini, economista de Economía y Regiones con sede en Buenos Aires.
No acatar la decisión judicial obligaría a Argentina a caer en un incumplimiento que avivaría la inflación estimada en 40%, ahuyentando así la inversión y también provocaría que se contrajera más una economía que ya de por sí está en contratación, dijo.
El país necesita entre 13,000 y 17,000 mil millones de dólares en crédito "para llegar a finales de 2015, sin perder demasiadas reservas y sin tener que devaluar la moneda de una manera demasiado significativa", dijo Giacomini en una entrevista telefónica.
Traducido por Luis Felipe Cedillo
Editado por Eduardo García
©2014 Bloomberg News
Fecha de publicación: 10/07/2014