27 de ago (Sentido Común) -- La industria del calzado de México, que por años ha buscado combatir las importaciones subsidiadas de distintos país como China, recibió hoy un fuerte respaldo por parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

     El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció ocho medidas que buscan proteger a los productores de calzado del país de la competencia desleal, proveniente del exterior.

     Además de esas medidas, el gobierno también decidió poner en marcha un programa para facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas de la industria del cuero y el calzado, en particular para aquellas que deseen modernizarse y transformar sus operaciones para poder competir en mercados internacionales.

     Los anuncios que dio a conocer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, son un cambio relevante en la política industrial que hasta ahora había seguido México.

     Mientras que en el pasado existió la visión de que el país debía abrirse sin restricciones a las importaciones para beneficiar a sus consumidores con productos de menor precio, hoy esa política se desecha para adaptar otra que podría resumirse en: abrirse a la competencia sí, pero sólo a aquella que sea leal.

     Nosotros creemos "que la industria del calzado puede competir, puede ganar, puede prosperar, pero para ello necesita un mínimo de medidas de política pública claras, de política industrial, de financiamiento y, por supuesto, en materia de comercio exterior y aduaneras que le dé las condiciones a la industria para competir, que permita que el talento, la creatividad, la capacidad de innovación, la productividad de las y los mexicanos" prospere, dijo Videgaray al revelar en Guanajuato, cuna de la industria del calzado y cuero mexicana, las ocho medidas en materia de comercio que espera den alivio a los productores de zapatos y otros productos de cuero en México.

     Además, esas acciones estarán acompañadas de créditos del Estado por un monto de hasta 900 millones de pesos (69 millones de dólares) para impulsar la transformación del sector.

     Las ocho acciones que decidió tomar el gobierno de Peña Nieto contra las prácticas comerciales desleales son:

     1. la suspensión de la desgravación unilateral que había adoptado el gobierno de las importaciones de calzado. A partir de mañana que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las medidas, los importadores que busquen introducir zapatos, botas, tacones tendrán que pagar un arancel de entre 25 y 30% por su valor en las aduanas mexicanas. 

     2. La Secretaría de Hacienda decidió reestablecer los llamados precios estimados de garantía para el calzado importado a fin de que cualquier producto que ingrese al país a un precio por debajo de ese parámetro, pague el diferencial entre el precio reportado y el precio estimado por la autoridad. 

     3. Hacienda anunció también que creará un padrón sectorial de importadores de calzado a fin de llevar un mejor control de la entrada al país de estos productos. La dependencia dijo que ningún importador podrá ingresar calzado a México si no está inscrito en este patrón sectorial que regulará el Sistema de Administración Tributaria, o SAT. 

     4. A partir de ahora, los importadores deberán avisar con cinco días de anticipación cualquier operación referente a la introducción de calzado del extranjero. En el aviso deberán incluir las facturas de compra, los documentos de embarque, los pagos de flete y los seguros de la mercancía. "Con ello el SAT podrá evaluar si la operación se presume con precios subvaluados y definir los procesos de revisión anticipada", dijo Hacienda. 

     5. El gobierno redujo de 33 a nueve el número de aduanas por las que podrán introducirse al país zapatos importados. Esas aduanas serán: Lázaro Cárdenas, Manzanillo, México, Guadalajara, Veracruz, Tijuana, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ciudad Hidalgo y Nuevo Laredo. 

     6. El gobierno desdoblará las fracciones aranceralias, pasarán de ocho a 10 dígitos, con las cuales el SAT podrá identificar las características de cada producto y evaluar si el precio es acorde.

     7. Las importaciones estarán sujetas a revisiones al momento de que el importador introduzca la mercancía, así como a auditorías posteriores a la importación, y 

     8. La Cámara Nacional de la Industria del Calzado, o Canaical, podrá participar con observadores en las aduanas a fin de verificar que se cumpla con estas nuevas medidas.

     México cuenta con 8,225 fábricas de calzado, la mayoría de ellas --67%-- se encuentran en Guanajuato. El sector produce 240 millones de pares al año, de acuerdo con datos publicados en el portal de Canaical.

     Para los industriales del calzado, las medidas del gobierno son cruciales para defender a los productores de lo que ellos llaman competencia desleal.

     Un ejemplo para ellos claro de lo que está sucediendo en México es que las importaciones de calzado chino registraron un crecimiento de más de cinco veces entre 2011 y 2013, de acuerdo con estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, o Ciceg.

     "Tan sólo en los meses de enero y febrero han ingresado más de 20 millones de pares al país, de los cuales alrededor de 13 millones son de China, y del total de lo ingresado al país, 42% viene a precios que no paga ni el costo de la materia prima”, dijo Ysmael López, presidente de Ciceg, en marzo pasado durante un evento de la industria.

     Hacienda también anunció que en los próximos 14 meses el banco estatal, Nacional Financiera, o Nafin, canalizará a través de su programa para empresas pequeñas y medianas del sector cuero y calzado, un monto de financiamiento estimado en 900 millones de pesos (68.8 millones de dólares).

     Además, a través del Banco Nacional de Comercio Exterior, se promoverá la expansión de los segmentos más productivos de la industria mediante el acceso a mercados internacionales, dijo Hacienda.

    


Fecha de publicación: 27/08/2014

Etiquetas: México industria del calzado y cuero aranceles comercio desleal gobierno políticas públicas industrial