Peña Nieto traza ruta para mejorar seguridad, justicia, salario mínimo, el sur

27 de nov. (Sentido Común) -- El presidente Enrique Peña Nieto reveló, en un muy esperado discurso, la estrategia que seguirá su administración en lo que resta de su sexenio para atender el creciente descontento social que detonó el secuestro y aparente asesinato de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala a manos de la policía y una banda del crimen organizado.

     El hecho, que ha causado gran indignación en prácticamente toda la sociedad, ha servido de catalizador para que los ciudadanos le recuerden a sus gobernantes, en particular al presidente Peña Nieto, de lo mucho que falta por hacer en el país en materia de seguridad, justicia social, combate a la corrupción y lucha contra la desigualdad y el rezago económico-social.

     Frente a ello, el presidente dio hoy respuestas, al menos en papel, a las demandas que se han expresado en las calles, vía manifestaciones, protestas, bloqueos de carreteras y plantones, así como en editoriales y en otras formas de comunicación, sobre los múltiples problemas que enfrenta la nación en cuanto a la elemental justicia social, que aflige y lastima a México. 

     A la herida que han provocado los acontecimientos en Iguala se sumó la revelación de la adquisición de una lujosa casa por parte de la esposa del presidente Peña Nieto, a una empresa constructora que ganó diversos concursos de obra pública cuando él fue gobernador del Estado de México. 

     Esa adquisición ha servido a muchos de recordatorio del frecuente tráfico de influencias que ocurre en altas esferas del sector público, en vinculación con el sector privado, para beneficio de unos cuantos, por los precios inflados para la construcción de infraestructura, y en perjuicio del resto. 

     Así, ante estos hechos y ante las protestas masivas que se han suscitado en diversas ciudades en el país en los últimos dos meses, millones de mexicanos al parecer están ya dispuestos a exigir el fin de las conductas indebidas, que en buena medida alimentan también la impunidad, la inseguridad y la desigualdad económica. 

     El enojo de la sociedad parecería ser ya un primer llamado de atención serio de muchos en México para que el país pueda convertirse en una nación más justa, igualitaria y agradable en donde vivir.

    Ante ese nuevo escenario, que ha emergido a lo largo de los últimos dos meses, Peña Nieto, tras aparentemente minimizar la protesta social contra lo que ocurrió en Iguala y el descontento por la casa que iba a adquirir la primera dama --ella ya anunció que no terminará de comprarla--, decidió por fin confrontar las demandas y ofrecer 10 medidas legislativas, y otras más de tipo ejecutivo, para comenzar a dar respuestas a esas exigencias de la población.

     La efectividad, o profundidad de esos cambios, dependerá en buena medida de cómo se terminen diseñando las iniciativas y de la voluntad política por realmente aplicarlas. Para muchos, en México el problema no es necesariamente el marco jurídico, sino la falta de aplicación de él para hacer que los ciudadanos y los mismos gobernantes respeten esas leyes.

     Claro que esas mismas leyes son en ocasiones tan vagas, o tienen tantos huecos, que sí es importante, como primer paso, su re-diseño o re-planteamiento. 

     El presidente espera que con el anuncio de sus medidas la sociedad cuente con estructuras policiacas, jurídicas, de combate a la corrupción y de derechos humanos más sólidas que permitan ir erradicando las conductas indebidas y construyendo el andamiaje legal que tenga por fin último contar con un México moderno, equitativo y justo. 

     "Los convoco a. . . que continuemos impulsando los cambios de fondo que requiere el país, para cerrarle el paso a la criminalidad, la corrupción y la impunidad", dijo Peña Nieto en su mensaje a la nación de cerca de 45 minutos. "El camino hacia un mejor México no ha sido ni será fácil. Nos seguirá exigiendo esfuerzo y perseverancia. Seguirán existiendo obstáculos y resistencias, pero la fuerza y la voluntad de cambio de los mexicanos siempre podrán superarlos".

     Peña Nieto, al dar a conocer sus medidas, reconoció que tras los acontecimientos de Iguala el país no puede seguir como hasta ahora en materia de seguridad, justicia, transparencia y equidad económica y social.

     "Después de Igual, México debe cambiar", dijo el presidente. "Los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y gobierno, que aún hay mucho por hacer. . . Los lamentables hechos de Iguala han exhibido que México tiene rezagos y condiciones inaceptables por vencer. Estos hechos de violencia nos exigen redoblar los esfuerzos para lograr la vigencia plena del estado de derecho".

     Para alcanzar ese estado de derecho, Peña Nieto dijo que propondrá diversas iniciativas con las que espera se inicie la reconstrucción de las instituciones que hasta ahora han incumplido con sus tareas de brindar protección y seguridad a los ciudadanos, de combatir prácticas corruptas y de brindar una verdadera justicia.

     En materia de seguridad pública y procuración de justicia, el presidente dijo que propondrá el próximo lunes al Congreso de la Unión varias iniciativas de ley y reformas para: crear los mecanismos para la disolución de autoridades municipales cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada --como aparentemente ocurrió en Iguala; definir con mucha mayor claridad en quien recae las distintas responsabilidades penales y construir policías estatales únicas en cada una de las 32 entidades del país con las que se eliminarán cerca de 1,800 policías municipales. 

     "Estas policías [estatales], además, estarán homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación", dijo Peña Nieto. "Si queremos tener policías eficaces y honestos, el Estado debe ofrecerles un proyecto de vida y pagarles bien. Esta reforma implicará un enorme reto presupuestal, y por ello, requerirá un proceso de transición administrativa responsable, que dé prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención".

     En este sentido el nuevo modelo de policía estatal aplicará en una primera instancia en los estados de Guerrero, donde se encuentra Iguala, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Estos dos últimos con serios problemas sociales y de probables infliltraciones del crimen organizado en las autoridades locales y policiacas.

     A esta medida, la acompañará la decisión del presidente de crear un número telefónico de emergencia nacional y que podría ser el número 911, "por ser el más reconocido y el más empleado a nivel mundial".

     A la creación de ese número telefónico de emergencia, la acompañará el plan de Peña Nieto de crear una clave única de identidad, que permita acceder con mayor facilidad y agilidad a los trámites y servicios del gobierno, así como a los servicios financieros y bancarios. 

     Si bien estas propuestas fueron bien vistas en lo general, para muchos no atacan el verdadero problema en México: la falta de estructuras y voluntad política para una estricta aplicación de la ley.

     En el tema de seguridad "la propuesta de fortalecer el marco jurídico es relevante, pero el verdadero problema es la falta de capacidad de las propias instituciones y de una visión estratégica", dijo Francisco Franco, director de Consultores en Inteligencia y Seguridad (CIS). "Las leyes por sí mismas no van a evitar los problemas".

     Para mejorar el sistema de impartición de justicia, Peña Nieto se comprometió, como habían sugerido algunos analistas, a asegurarse que las entidades apliquen a tiempo los cambios constitucionales aprobados en 2008 y por los cuales todos los juicios penales del fuero federal deberán resolverse de forma oral y no por escrito como ha ocurrido hasta ahora. 

     "No habrá prórroga a la fecha límite establecida por el Constituyente mexicano", dijo Peña Nieto. 

     En este aspecto de la justicia, el presidente de México también indicó que impulsará reformas para hacer que las disputas más cotidianas entre miembros de la sociedad, como puede ser un divorcio, un conflicto obrero-patronal sobre un sueldo o despido, un robo de un titulo de propiedad, etcétera, sean resueltas de forma más expeditas y con menores costos.

      En materia de derechos humanos, el presidente Peña Nieto enviará al Congreso un conjunto propuestas de ley contra la tortura y la desaparición forzada. Las iniciativas también fortalecerán los protocolos para que las investigaciones en derechos humanos sean oportunas, exhaustivas e imparciales. Los cambios también creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.

     Al tocar el tema de la corrupción, un tema que ha estado muy presente en las discusiones que se han generado a raíz de la revelación del posible conflicto de interés entre la empresa contratista que edificó la casa que iba a comprar la primera dama y el gobierno de Peña Nieto, el presidente reveló diversas medidas que desde su perspectiva podrían frenar los sobornos, el conflicto de interés o las prácticas sencillamente corruptas que en ocasiones generan los contratos de obras públicas que asignan las autoridades.

    Una de esas medidas fue el respaldo presidencial a la iniciativa que busca crear un Sistema Nacional Anti-corrupción, así como a la aprobación de la ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia --dos disposiciones legales que están a discusión en el Congreso de la Unión. 

     Peña Nieto también dijo que respaldará diversas acciones para fortalecer el órgano auditor del gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, de tal suerte que no sólo pueda llevar a cabo mejor sus auditorías del gasto gubernamental ejercido en el pasado, sino que incluso tenga autorización para realizar auditorías de la forma como el gobierno va gastando el presupuesto del año en curso. 

     El presidente también propuso crear un tribunal que se especialice en emitir sanciones administrativas contra los servidores públicos que violen la ley, y la creación de un fiscal anti-corrupción, que nombre el Senado.

     "La ciudadanía también contará con mecanismos ágiles para denunciar los hechos de corrupción y lograr que sean sancionados", dijo Peña Nieto.

     Las reformas legales que propuso Peña Nieto eran hasta cierto punto esperadas, aunque el presidente fue incluso un poco más lejos de lo que algunos comentaristas habían señalado que tenía que hacer para intentar dar salida a la problemática del descontento social por el que atraviesa su administración.

     Claro que al mismo tiempo, para los escépticos, habría aún que ver si los cambios propuestos en el papel arrojan los resultados esperados y en un periodo de tiempo razonable. 

     La sorpresa más grande del mensaje a la nación de Peña Nieto se dio al final del discurso. De forma inesperada, el presidente vinculo los problemas de violencia e inseguridad que sufre el país con su pobre desarrollo económico y, en particular, con el que tienen las regiones más inseguras del país. 

     De ahí que el presidente anunciara el establecimiento de una estrategia paralela de desarrollo económico, que implementará principalmente en los estados con mayor pobreza y desigualdad en el país: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, una zona que definió como el sur de México.

     Dentro de esa estrategia el presidente anuncio que creará por primera vez en la historia del país, tres zonas económicas especiales a fin de que, las ventajas fiscales y laborales que el gobierno ofrecerá en esas zonas, puedan atraer inversiones y generar así más y mejores fuentes de empleo. 

     Las tres zonas económicas especiales que delineó Peña Nieto fueron: el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca y Tabasco; la región de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas; y los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, tanto la que existe en el estado de Guerrero, como la de Michoacán.

     El presidente también dijo que enviará una iniciativa para crear una nueva unidad de cuenta que muy probablemente esté vinculada a la inflación a fin de eliminar al salario mínimo como el indicador ancla para la valoración del pago de multas e infracciones, o para determinar ciertos precios y tarifas públicos.

     Por ser hoy ese salario mínimo la base determinante del nivel de multas y de muchas otros compromisos de pago en la economía, como ocurre incluso con algunos préstamos hipotecarios que cobran una tasa de interés vinculada a la evolución del salario mínimo, los aumentos anuales que se decretan a ese indicador laboral tiene una repercusión mucho más amplia sobre el índice general de precios de México que el que pudiera pensarse por la sola variable "salario mínimo".

     De ahí que con la eliminación del salario mínimo como unidad de cuenta, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos podrá decretar un mayor aumento salarial sin temor a trasladar esos aumentos a un mayor número de precios en la economía. 

     Eliminar ese indicador como unidad de cuenta podría ser el primer paso para que Peña Nieto adopte la propuesta que lanzó en mayo el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, de realizar aumentos importantes al salario mínimo en los próximos años ante su pérdida de poder de compra.

     "Con esta medida se busca que el país pueda tener un debate amplio y serio sobre las medidas que permitan elevar el ingreso de los mexicanos", dijo Peña Nieto, en torno a un aspecto --la desigualdad social-- que también ha comenzado a cobrar mayor relevancia ante las pobres condiciones de vida que tienen cientos de miles de mexicanos, no sólo en estados como Guerrero, sino también en otras regiones del país.

     Esas condiciones de vida lamentables son también para muchos tierra fértil para la violencia y la inseguridad, pues con facilidad los jóvenes que ven pocas oportunidades para su futuro optan por unirse a bandas del crimen organizado que les ofrecen mejores condiciones de vida hoy y para el futuro cercano, aun cuando esa oferta conlleva enormes riesgos.