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21 de ago. (Sentido Común) -- La Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia encargada de vigilar y sancionar a los servidores públicos en México cuando violan la ley, exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, de haber cometido un acto ilegal por conflicto de interés luego que ambos compraron residencias de empresas contratistas del gobierno.
Las compras de las dos viviendas por ambos funcionarios, una –la del presidente en Ixtapan de la Sal-- y la otra, del secretario de Hacienda, en Malinalco-- ambas poblaciones en el Estado de México, se hicieron sin violar las leyes que regulan el conflicto de interés en México, dijo Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública al dar a conocer los resultados de una investigación sobre esos dos casos que le tomó más de seis meses.
El funcionario tampoco encontró que se hubiese violado la ley por el derecho a comprar una residencia en la Ciudad de México que firmó la primera dama con la misma empresa contratista a la que le compró su residencia el secretario Videgaray y que ha ganado 22 contratos del gobierno, la mayoría de ellos del gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de la entidad.
“No existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden”, agregó Andrade y explicó que los dos funcionarios no incidieron en los contratos que obtuvieron las compañías contratistas que vendieron las residencias.
Los escándalos alrededor de las viviendas que compraron Angélica Rivera, Videgaray y Peña Nieto han, sin embargo, vapuleado a una administración que en sus primeros 18 meses parecía dirigirse a convertirse en un gobierno verdaderamente reformador.
En ese lapso, Peña Nieto logró reformas económicas y sociales prácticamente impensables hasta hace muy poco, como la que abrió el sector energético a los capitales privados o la que exige evaluaciones periódicas a los maestros en México.
Sin embargo, desde finales del año pasado, el gobierno de Peña Nieto ha aparentemente perdido el norte con diversos escándalos y malas decisiones que han generado una creciente apariencia de incapacidad por parte del gobierno para superar adversidades.
El enfriamiento de la economía tampoco ha ayudado a una administración que prometió que el país llegaría a crecer a tasas de entre 5 y 6% para 2018, algo que se ve muy difícil de lograr hoy cuando el país ha crecido a tasas de 1.4% en 2013, 2.3% en 2014 y crece a un ritmo de 2.5% actualmente.
Los problemas de Peña Nieto comenzaron con el el asesinato de 43 estudiantes normalistas en las afueras de Iguala --un crimen que horrorizó al país y que el presidente tardó en confrontar. La explicación de lo que sucedió y que llevó a la muerte de los jóvenes no ha convencido a buena parte de la población.
Posteriormente aparecieron diversos reportajes sobre las compras de las casas a compañías contratistas, con el de mayor daño el que realizó el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui sobre la adquisición del derecho de compra de una residencia por parte de la primera dama en una zona exclusiva de la Ciudad de México en 2009 a un contratista, al parecer favorito de Peña Nieto, y que además formaba parte del consorcio ganador para construir el tren-bala México-Querétaro.
Esa obra de infraestructura de transporte fue pospuesta a las pocas semanas de haberse dado el fallo del ganador de la licitación, que sólo contó con un postor, por la caída del precio del petróleo, pero se dio a tan sólo unos días de que apareciera el reportaje del equipo de Aristegui..
La cancelación logró disipar ligeramente las sospechas de favoritismo que aparentemente había recibido la empresa Grupo Higa en el consorcio ganador del tren de alta velocidad y que fue la compañía que vendió el derecho de compra de la residencia, hoy conocida como “Casa Blanca”, por el color de su fachada, así como la casa de campo en Malinalco al secretario de Hacienda.
No es claro si el resultado de la investigación que dio a conocer Andrade ayude en algo al presidente Peña Nieto, quien tiene actualmente las más bajas tasas de aprobación de al menos los últimos tres presidentes del país.
Las reacciones en las redes sociales al fallo de exoneración fueron de inmediato de asombro, porque no se encontró la más mínima falla en el actuar de Peña Nieto y Videgaray, al ser ambos funcionarios públicos con enorme influencia y poder --ahora desde la presidencia y antes desde el gobierno del Estado de México, donde Videgaray ocupó el cargo de secretario de Finanzas de la entidad durante sus primeros dos años y antes de convertirse en legislador federal.
“¡Extra, Extra! Virgilio Andrade sorprende al mundo al concluir que no hubo, no hay y no habrá conflicto de interés alguno en el caso Higa”, escribió el analista político y de seguridad Alejandro Hope en su cuenta de Twitter.
Quizás el único punto rescatable de la entrega de la investigación, en materia de la percepción de la ciudadanía hacia el gobierno de Peña Nieto, fue que llevó al presidente de México pedir disculpas a la población por la forma en que actuaron tanto él como su esposa.
“La investigación demuestra que las conductas, tanto de mi esposa y la mía, estuvieron plenamente apegadas a la ley; sin embargo, estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa”, dijo Peña Nieto, horas después de la conferencia de Andrade durante un evento sobre seguridad pública, al que asistieron legisladores, gobernadores y representantes de la sociedad civil.
El presidente agregó: "Debemos entender que nuestra responsabilidad pública se rige por la ley, pero que también estamos obligados a actuar de tal manera que nuestras acciones no provoquen ni sospechas, ni malinterpretaciones".
La reacción de Peña Nieto es radicalmente diferente a la que tuvo cuando Aristegui reveló el escándalo de la “Casa Blanca”, en la que él y su esposa nunca mostraron ni el más mínimo dejo de remordimiento por lo que aparentaba ser, aún hoy después de la investigación de Andrade, compras desaseadas de inmuebles de empresas contratistas gubernamentales.
"Vamos a demostrar que si es posible conducirnos, como servidores públicos, con plena transparencia y rendición de cuentas. Demostraremos que sí es posible combatir con eficacia la corrupción. Que si es posible tener un México con educación de calidad. Que si es posible tener una nación más productiva y generadora de riqueza. Que si es posible vencer a la delincuencia. Que si es posible, en suma, construir un México más libre con mayor igualdad y de mayores oportunidades, y un Mëxico más prospero".
La disculpa y comentarios de Peña Nieto incluso contrastan con la conferencia del secretario de la Función Pública, quien se limitó a contestar las dudas de los periodistas sobre su investigación con una óptica meramente jurídica y sin tomar en cuenta ningún otro aspecto sobre las sospechas que han generado esas compras en la opinión pública.
El funcionario, que levantó 15 expedientes e investigó a 111 servidores públicos vinculados al otorgamiento de los contratos que han ganado las empresas Higa y filiales, controlada por el empresario Juan Armando Hinojosa, y Constructora Urbanizadora Ixtapan y Club de Golf Ixtapan, ambas del empresario Ricardo Arturo San Román Dune, se limitó a hacer una investigación meticulosa en cuanto a lo que dice la ley sobre el comportamiento que deben seguir los funcionarios públicos en materia de conflictos de interés.
“De acuerdo con las leyes mexicanas, para que exista conflicto de interés es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado”, dijo Virgilio Andrade Martínez, titular de SFP, agregando que eso no ocurrió en los tres casos que revisó.
Sin embargo, el secretario al parecer decidió no ahondar en las múltiples sospechas que han generado esas adquisiciones.
Por ejemplo, informó que la primera dama, Angélica Rivera Hurtado, compró su residencia con sus propios recursos por un finiquito de más de 80 millones de pesos y una casa que recibió de parte de la compañía televisora, Grupo Televisa, por los trabajos de actuación y promoción que llevó a cabo durante su vida profesional en esa casa productora de contenidos para el entretenimiento.
Pero no profundizó sobre si era normal que Televisa hiciera ese tipo de pagos a una actriz que deja la compañía.
Tampoco, al parecer decidió ahondar en las condiciones del crédito que le ofreció Higa a Videgaray para la compra de su casa en Malinalco. Ese crédito, que el secretario de Hacienda pagó de forma anticipada al convertirse de nueva cuenta en servidor público, llevaba una tasa de interés, al parecer preferencial, de 5.3%, o cerca de entre tres o cuatro puntos porcentuales por debajo de las tasas hipotecarias del mercado al momento de la transacción, finales de 2012.
El secretario tampoco al parecer revisó el hecho de que Higa no hubiese obtenido ganancia con la venta de la casa de Malinalco a Videgaray, lo que para muchos deja sospechas de que hubo algo más que el sólo intercambio de dinero por un bien en esa transacción.
Como parte de los razonamientos que sirvieron a Andrade para exonerar a los dos funcionarios públicos, estuvo el hecho que ni Peña Nieto ni Videgaray se han involucrado además en la compra de otros inmuebles desde su llegada a sus cargos actuales.
También aclaró que Rivera dio por terminado ya el derecho de compra que tenía sobre la Casa Blanca en la capital de México en diciembre pasado.
“Pregunta del día: ¿Por qué A. Rivera regresó Casa Blanca a Grupo Higa si no había conflicto de interés? ¿Por qué informan 8 meses después?”, escribió Denise Dresser, una analistas política y catedrática del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en su cuenta de Twitter”.
Al terminar su presentación, Andrade dijo que todos los documentos de su investigación están para consulta de la población en la página en internet de la Secretaría de la Función Pública.
Derechos reservados © Cartera, S.A. de C.V. 2015
Fecha de publicación: 21/08/2015
Etiquetas: México economía política legal gobierno corrupción conflicto intereses