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7 de feb. (Sentido Común) -- El panorama crediticio de México luce débil por la combinación de un alto endeudamiento, un bajo desempeño económico y la tensión con respecto al futuro de la relación comercial con Estados Unidos, el principal socio comercial del país, dijo Jaime Reusche, vicepresidente y analista senior con Moody’s Investor Services, en un reporte.
El especialista de la calificadora, una de las tres más influyentes, junto con Standard & Poor’s y Fitch Ratings, dijo que a pesar del esfuerzo del gobierno por reducir su nivel de endeudamiento, éste subió a 2.9% como proporción del producto interno bruto en lugar de descender a 2.5%.
“Un desempeño fiscal peor que lo esperado es negativo para el crédito de México y pesa sobre su solvencia”, escribió Reusche, de Moody’s. “A pesar que los esfuerzos del gobierno para reducir el déficit fiscal siguieron por buen camino durante todo 2016, el deslizamiento fiscal ocurrió principalmente en diciembre, con un incremento de los gastos de 28.6% contra los niveles de diciembre de 2015”.
El especialista dijo que el aumento de los ingresos que percibe el gobierno, principalmente vía impuestos, no será suficiente si es que no se preservan los compromisos de gasto de la administración del país.
“Dadas las perspectivas de un crecimiento económico relativamente débil, el coeficiente de deuda de México seguirá aumentando si el gobierno no puede frenar suficientemente los gastos del gobierno para reducir el déficit de manera sostenida”, escribió Reusche.
Moody’s mantiene la nota soberana de México en el nivel más alto de las tres más importantes, con A3 o el séptimo más alto en la escala de inversión.
Sin embargo, esta nota se encuentra en revisión, con implicaciones negativas, lo que significa que si México no es capaz de revertir el alto endeudamiento del gobierno entonces recibirá un recorte de nota crediticia.
De ahí que para los especialistas, hay señales contrarias entre lo que el gobierno planea alcanzar con sus finanzas y lo que hace para conseguir esas metas.
Por ejemplo, recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acordó no aumentar el precio máximo de venta de las gasolinas en el país para el periodo entre el 4 y el 17 de febrero.
Cierto que la reciente recuperación del precio internacional del crudo encareció el valor al que se importan los cerca de seis de cada 10 litros que el país consume de gasolina, pero al mismo tiempo permitió a las autoridades tener mayores ingresos por la venta de petróleo.
Además, desde que Donald J. Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el pasado 20 de enero, la moneda mexicana recuperó 4.81% de su valor frente al dólar, algo que también resultó benéfico al abaratar el costo al que se importan las gasolinas.
Pero no todos están de acuerdo en que esta decisión sea la correcta, pues algunos consideran que al atrasar el siguiente ajuste nuevamente se está cargando parte del valor del combustible a las finanzas públicas.
“El gobierno argumenta que redujo ligeramente la tasa del impuesto IEPS (Impuesto Especial sobre Productos Especiales) a través de un estímulo fiscal, utilizando ingresos excedentes”, escribieron los analistas de la institución financiera CI Banco, en un reporte. “Sin embargo, la decisión no favorece en la comunicación sobre la estrategia a seguir en cuanto al proceso de liberalización del precio de la gasolina y el fortalecimiento de las finanzas públicas del país”.
México adelantó para este año, en lugar de hacerlo hasta 2018, la liberación de los precios de las gasolinas en el país para que el valor del combustible sea determinado por las condiciones del mercado.
La intención del gobierno era que el precio de las gasolinas se ajuste, hacia arriba o hacia abajo, sin necesidad que deba subsidiarse parte de su valor para que el usuario tenga precios más bajos, algo que los expertos y las propias calificadoras criticaban de manera importante.
El propio Miguel Messmacher, subsecretario de Hacienda, en entrevista radiofónica de hace una semana, reconoció que los precios debieron subir “alrededor de 7%”, pero el gobierno decidió no aprobar un nuevo incremento para suavizar el impacto que los ajustes de este combustible han tenido para varios otros productos y para la economía en su conjunto.
Pero el gobierno optó por retrasar ese ajuste.
De ahí que para los analistas de CI Banco la decisión de nuevamente absorber parte del ajuste quizá no sea la más consistente con el mensaje de consolidación de las finanzas.
“Las Finanzas Públicas no han mejorado a pesar de los recortes presupuestales implementados. Al cierre de 2016, la deuda total del sector público subió a 49.1% del PIB, cinco puntos porcentuales más alta que en 2015”, escribieron los analistas de esa institución en su reporte especial.
Además de Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s pusieron en revisión con implicaciones negativas la nota crediticia de México el año pasado.
Fecha de publicación: 07/02/2017
Etiquetas: México finanzas gasto gasto Moodys Fitch S&P