México, al mantener precio de gasolina sin cambio, ¿compromete calificación?

9 de feb. (Sentido Común) -- Cuando el gobierno anunció hace una semana que las condiciones del mercado petrolero y del tipo de cambio permitían mantener los precios máximos de las gasolinas en el país, muchos celebraron.

     Tras las alzas de 14 y 20% que dictó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para inicios de este año y que desataron movilizaciones en contra de esos aumentos y hasta saqueos, la decisión de no mover los precios fue recibida por la sociedad como un alivio.

     Sin embargo, hay quienes consideran que si bien el gobierno fue sensible a los reclamos sociales, esta medida no dejará de tener un costo para el país e incluso podría verse reflejada en un deterioro de las finanzas públicas y una eventual degradación crediticia del país.     

     Le “ayuda políticamente al gobierno a no empeorar sus niveles de aprobación con la ciudadanía, que recientemente mejoraron un poco con la cancelación del presidente a la reunión prevista con Trump en Washington. Sin embargo, la decisión no favorece en la comunicación sobre la estrategia a seguir en cuanto al proceso de liberalización del precio de la gasolina y el fortalecimiento de las finanzas públicas del país”, escribió el equipo de análisis de la institución financiera CI Banco, en un reporte.

     Para esos especialistas y otros, el problema de no subir el precio de los combustibles radica en que el gobierno tendrá que volver a usar parte de sus recursos para subsidiar el costo de esos combustibles, algo que algunos esperaban que ya no ocurriera para que el gobierno no deteriorará sus finanzas.

     Además de que con la decisión, Hacienda dio una especie de paso atrás en sus esfuerzos por liberar el mercado de las gasolinas para que en breve sean las empresas dedicadas al transporte, distribución y venta de combustibles las que determinen el costo de esos energéticos.

     Cuando eso ocurra a lo largo de este año, el gobierno ya no podrá subsidiar los precios de los combustibles.

     De ahí que hay quienes piensan que, al atender las demandas populares de no subir las gasolinas de nuevo, el gobierno puso en entredicho sus metas fiscales y añadió presión a una posible degradación crediticia luego de que las tres principales agencias calificadoras --Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service y Fitch Ratings-- pusieron en observación ‘negativa’ la calificación actual de grado de inversión del país.

     La nota soberana es una evaluación que hacen las agencias de las capacidades que tiene un país para enfrentar los pagos de la deuda que contraten. De ahí que una mejor calificación, al suponer una mayor confianza, permite que los países contraten deuda a una tasa menor que la que recibirían si su calificación fuera más baja.

     Inclusive, la junta de gobierno de Banco de México, en su último comunicado de política monetaria, recalcó la importancia de conservar finanzas sanas para evitar que los fundamentos de la economía se descompongan.

     “La liberalización en los precios de la gasolina debería significar un fortalecimiento de la macroeconomía del país por la reducción que representa de las vulnerabilidades de las finanzas públicas”, dijo el Instituto Central. “Una postura fiscal sólida es esencial para fortalecer el marco macroeconómico y coadyuva a reducir la percepción de riesgo en la economía”.

      Adicionalmente, CI Banco coincide en que  la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es contraria al mensaje que querían mandar las autoridades con respecto a que cuidarían las finanzas y darían, al mismo tiempo, certeza a los inversionistas que desean participar en el mercado de la venta de combustibles.

      “El gobierno debe enfocarse en reducir los niveles de deuda pública, el principal elemento que están considerando las agencias calificadoras para evaluar si ajustan o no la calificación” de México, escribió el banco en un reporte titulado Posponer aumentos en el precio de la gasolina no ayuda a las finanzas públicas.

     Otros, por el contrario, piensan que la decisión fue pertinente dado que el tipo de cambio se recuperó y los precios internacionales del petróleo no aumentaron a una velocidad similar a la que obligó al ajuste de inicios de este año.

     “Las condiciones no justificaban un incremento”, dijo Félix Boni, el director de análisis de la financiera HR Ratings, en una entrevista telefónica. “No lo consideramos necesariamente negativo para las finanzas públicas, además no podríamos decir que el efecto de no haber subido los precios con base en una sola quincena, en un solo aspecto de las finanzas públicas”. 

     Claro que para algunos las condiciones sí ameritan un incremento al precio de las gasolinas. El propio subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, reconoció, en una entrevista de radio con el periodista Ciro Gómez Leyva, que si el gobierno hubiera seguido el plan trazado originalmente para liberar los precios entonces el valor de la gasolina debió haber incrementado alrededor de 70 centavos, pero prefirió mantenerlos mediante una reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

      Aunque, como señalaron Boni y Alfonso Sales, el director de análisis y el subdirector de análisis económico de HR Ratings, el gobierno también cuenta con otros elementos, como el remanente que entregará Banco de México al gobierno por las ganancias financieras que obtuvo en 2016 y que por ley se utilizará para reducir el endeudamiento, para no sufrir un deterioro en sus finanzas por su decisión de no elevar el precio de las gasolinas.

     Otros coinciden con esta postura.

     “Si bien a nivel gobierno federal parece que ha habido ligero deterioro del déficit fiscal, a nivel sector público hay una mejora sustancial y marcada, y lo reconocemos”, dijo Jaime Reusche, vicepresidente y analista senior de Moody’s, en una entrevista telefónica. “Ha habido un leve deterioro por encima de lo que esperábamos en el nivel de deuda del gobierno federal, pero en el contexto de la calificación no es preocupante, no es alarmante y en realidad, viendo a largo plazo, estamos bastante tranquilos”.

     De acuerdo con los últimos datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda pública de México finalizó el 2016 alrededor de 50% como porcentaje del producto interno bruto del país.

     Al respecto, analistas del área de Global Research Markets del banco BBVA Bancomer consideran que, a pesar del riesgo existente por un menor desempeño de la economía, el gobierno está haciendo lo necesario.

     “El año pasado, el déficit público comenzó una consolidación que fue aún mayor que lo esperado y prácticamente se alcanzó un balance primario”, escribió Pedro Uriz, analista con esa institución bancaria, en un reporte. “La deuda pública amplia debería estabilizarse un poco más allá del 50% del PIB en los próximos dos años”.