15 de feb. (Dow Jones) -- Wal-Mart Stores intentó pero falló en solventar una investigación sobre sobornos en el extranjero que se ha extendido por cinco años y que le ha costado hasta la fecha más de 820 millones de dólares a la empresa, de acuerdo con personas familiarizadas con la investigación federal.

En las últimas semanas de la administración Obama, la mayor minorista del mundo y los funcionarios estadounidenses no pudieron llegar a un acuerdo antes de la toma de posesión de Donald Trump, dijeron personas familiarizadas con el asunto. “Wal-Mart y el gobierno están muy alejados en términos de un acuerdo”, dijo una de las personas el mes pasado.

El Departamento de Justicia y Securities and Exchange Commision (Comisión de Valores y la Bolsa) han estado investigando acusaciones de que Wal-Mart violó la Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) por pagar sobornos a funcionarios gubernamentales extranjeros mientras se expandía alrededor del mundo. Las conversaciones están destinadas a solventar cualquier cargo que pudiera surgir de la investigación. Wal-Mart ha reconocido las investigaciones del gobierno y dijo que está cooperando con ellas.

Las discusiones se estancaron en varias cuestiones que van más allá de la magnitud de las sanciones potenciales que Wal-Mart tendría que pagar.

Las personas familiarizadas con la investigación dijeron que uno de los puntos más importantes fue el derecho que actualmente tiene Wal-Mart para continuar aceptando los cupones de alimentos, un programa gubernamental, en sus cinco mil 300 tiendas Wal-Mart y Sam's Club de Estados Unidos después de que se llegue a un acuerdo.

Cualquier empresa que se declare culpable de un delito federal puede perder el derecho a obtener contratos gubernamentales, una sanción que podría excluir a Wal-Mart del programa de cupones de alimentos que tiene un valor de 71 mil millones de dólares.

La cadena minorista, uno de los mayores vendedores de abarrotes, es también uno de los mayores beneficiarios del gasto en cupones de alimentos.

Otra cuestión aún por determinar en las conversaciones es el requerimiento del gobierno para asignar un monitor independiente que observe el comportamiento de la cadena minorista, una condición típica de los grandes acuerdos para solventar violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Wal-Mart ha rechazado ese requerimiento: los ejecutivos de Wal-Mart “no aceptarán un monitor”, dijo una de las personas, porque la minorista cree que ya ha intensificado sus esfuerzos de adhesión a la ley.

Ambas partes podrían llegar a un compromiso en el que el comité de auditoría del consejo de administración de Wal-Mart informe sobre los posibles problemas para el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno, dijeron las personas.

Las investigaciones del Departamento de Justicia y de la SEC fueron motivadas en gran parte por una serie de artículos del 2012 publicados en el diario The New York Times en los que se describieron detalles acerca de posibles conductas indebidas de WalMart en México.

La investigación se amplió a otras regiones donde Wal-Mart hace negocios, incluyendo Brasil, India y China. Se espera que el acuerdo final abarque varios países, dijeron las personas.

Los esfuerzos de Wal-Mart por llegar a un acuerdo con los funcionarios estadounidenses se intensificaron después de las elecciones de noviembre. Sus abogados sostuvieron conversaciones con el gobierno “pero luego se interrumpieron”, dijo una de las personas, cuando los funcionarios de Obama se preparaban para partir.

Las dos partes también han discutido sobre cuántas tiendas se beneficiaron de la presunta mala conducta, qué período de tiempo es el relevante y cómo calcular los beneficios de tales tiendas, dijo tales personas.

La pérdida de los compradores con cupones de alimentos sería un serio revés para Wal-Mart, que cada año recibe alrededor de 18% del dinero gastado a través del Programa de Asistencia Nutricional Complementario (SNAP, por sus siglas en inglés). Eso representó alrededor de 13 mil millones en ventas el año pasado.

Ambas partes han considerado formas para elaborar un acuerdo que le permita a Wal-Mart seguir aceptando los cupones de alimentos, dijeron las personas. Una opción sería que la cadena minorista admitiera un cargo menor que no daría pie a esa sanción, dijeron.

No es probable que el cambio a la administración de Trump influya en los investigadores de menor rango involucrados en este caso, dijeron las personas familiarizadas con la investigación. Pero sí implicará un punto de vista diferente en los de alto rango.

El presidente Trump criticó los esfuerzos de Estados Unidos por procesar los casos de soborno en el extranjero en 2012 en respuesta a una pregunta sobre la investigación de Wal-Mart. “Permitamos que México, China, o estos otros países procesen esos casos judicialmente . . . Es una ley horrible y debe modificarse”, dijo Trump en una entrevista de 2012 en CNBC. “Quiero decir que nos estamos comportando como los policías del mundo y eso es ridículo”.

Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia tiene programado abordar un caso a finales de este año que afectaría la forma en que el gobierno calcula un aspecto de las sanciones de la FCPA. La SEC ha dicho que no hay límite de tiempo en el período en el cual puede calcular los beneficios derivados de una conducta ilegal.

La mayoría de los tribunales han concordado con la interpretación de la SEC, pero el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito dijo en 2016 que es aplicable un estatuto de limitación de cinco años, un precepto que podría limitar el tamaño de la sanción contra Wal-Mart.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo

Editado por Michelle del Campo

                                                                                    

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Fecha de publicación: 15/02/2017

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