10 de abr. (Dow Jones) -- Las autoridades federales de inmigración supieron durante años que Roberto Beristáin vivía ilegalmente en Estados Unidos, pero le permitieron quedarse. Él se había casado, estaba criando cuatro hijos y creando un negocio en Indiana. 

Cada año se le exigió que se registrara con los funcionarios de inmigración y que demostrara que no estaba involucrado en problemas. Lo hizo durante cinco años sin incidentes, hasta febrero pasado, cuando los funcionarios lo detuvieron durante su registro. Beristáin, de 43 años, estuvo en la cárcel y fue programado para ser deportado a su oriundo México el mes pasado.

“Quiero quedarme con mi esposa e hijos”, escribió Beristáin en una petición reciente, misma que fue denegada, para que se impidiera su deportación. “Por favor, no me alejen de mi familia”.

Su caso muestra los riesgos que enfrentan los inmigrantes indocumentados cuando navegan el complejo sistema de inmigración después del realineamiento de las prioridades de cumplimiento de la ley en la administración de Trump. El terreno es particularmente ambiguo para casi un millón de inmigrantes como Beristáin, que enfrentan órdenes de deportación pendientes, pero que aún permanecen en Estados Unidos.

Las administraciones anteriores se enfocaron a la deportación de inmigrantes ilegales que cometían crímenes violentos y evitaron en gran medida la deportación de inmigrantes no violentos, incluso si habían violado la ley de inmigración cuando entraron ilegalmente al país o que excedieron su estancia más allá de lo permitido por sus visas.

En el gobierno del presidente Donald Trump, funcionarios de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dicen que todavía se están enfocando a los criminales violentos para deportarlos, pero ya no ignoran a otros inmigrantes indocumentados que tienen órdenes de abandonar el país.

“Con excepciones muy limitadas, ICE ya no eximirá a las clases o categorías de extranjeros extraíbles de su posible aplicación”, dijo Jennifer D. Elzea, portavoz de ICE. “Cualquier extranjero que se encuentre durante el curso de las acciones de aplicación selectiva de la ley estará sujeto a la remoción”.

Los defensores de los inmigrantes dicen que la nueva posición de ICE siembra el temor entre los inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos sin problemas durante años, algunos mediante diversos arreglos con funcionarios federales que les permiten asistir a la escuela o trabajar, como Beristáin.

Otros dicen que estos desvíos degradan la ley de inmigración de Estados Unidos, y que una estricta aplicación es necesaria para mantener las fronteras.

Aquellos con órdenes de expulsión “han violado claramente las leyes de inmigración de Estados Unidos, como mínimo, y han tenido una oportunidad justa de esgrimir su caso para permanecer aquí”, dijo David Ray, portavoz de Federation for American Immigration Reform, la cual apoya las medidas migratorias. “La única manera en que las leyes de inmigración estadounidenses serán tomadas en serio por los potenciales extranjeros ilegales es si éstas se les aplica de manera justa y efectiva”.

Los funcionarios de inmigración deportaron a una madre de Arizona con dos niños nacidos en Estados Unidos a principios de este año, a quienes también se les permitió permanecer en Estados Unidos siempre y cuando ella se registrara con los funcionarios de inmigración, como Beristáin.

Ese arreglo, conocido como una orden de supervisión, permite a los funcionarios supervisar a los inmigrantes indocumentados en lugar de encarcelarlos mientras esperan su deportación, dijeron funcionarios de inmigración y abogados.

Funcionarios de inmigración dicen que más de 961 mil personas tienen órdenes definitivas de expulsión, pero no están detenidas. “Las condiciones apropiadas de liberación se determinan caso por caso después de la revisión de los hechos individuales del caso”, señalaron funcionarios de ICE en un comunicado.

Un portavoz de la ICE confirmó que Beristáin fue detenido “con base en su orden definitiva de expulsión” que entró en vigor en 2000, luego que un juez le dijera que tenía 60 días para abandonar el país voluntariamente.

La gente como Beristáin es presa fácil de las acciones de la aplicación de la legislación migratoria, dijeron abogados de inmigración. Heather Prendergast, una abogada de inmigración de Cleveland y directora del Comité de Enlace del ICE de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo que los abogados notaron “un marcado aumento” en los inmigrantes detenidos en sus registros durante la supervisión.



Traducido por  Luis Felipe Cedillo

Editado por Michelle del Campo

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Fecha de publicación: 10/04/2017

Etiquetas: EUA migración Trump asilo indocumentados deportaciones