15 de abril (Sentido Común) -- Javier Duarte, el exgobernador del estado de Veracruz y uno de los políticos sobre el que pesan las mayores sospechas de haber cometido diversos delitos --como fraude, corrupción y asociación delictuosa-- fue detenido en la ciudad turística de Panajachel, a un costado del lago Atitlán, en Guatemala.

La detención la llevó a cabo la Policía Nacional Civil de Guatemala, con la ayuda de la organización policiaca internacional, Interpol, tras la solicitud de detención con fines de extradición que presentó el gobierno de México hace varias semanas para que enfrente los cargos en su contra en el país, dijo la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.

Duarte, de hecho, era considerado en México como un fugitivo de la ley desde mediados de octubre cuando un juez liberó una orden de aprehensión en su contra en la Ciudad de México por considerar que existían suficientes pruebas para reclamar su presentación por su probable responsabilidad en los delitos de “delincuencia organizada” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Tras no encontrar a Duarte, de 43 años de edad, en los domicilios que tenía registrados en el país, el gobierno solicitó al poco tiempo su búsqueda a Interpol.

La fuga y desaparición de Duarte de México causó gran molestia en el país ya que sus conductas ilegales eran ampliamente conocidas y su fuga, para muchos, no pudo darse sin la complicidad de autoridades estatales o federales, o de ambas.

De hecho, el gobernador que reemplazó a Duarte en el cargo, Flavino Ríos, tras la renuncia del primero para supuestamente enfrentar los cargos en su contra, fue detenido hace poco más de un mes por haber supuestamente encubierto a su antecesor en su plan de escape y por haberle prestado una aeronave de la entidad para lograr su fuga.

Duarte, hasta hace muy poco miembro del partido del presidente Enrique Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha convertido así en la cara de los problemas de corrupción que aquejan al país, en general, y a los estados, en particular, en donde además muchos jefes de esas entidades actúan, en muchas ocasiones, con total impunidad y sin contrapesos, muy al estilo de los gobiernos federales que tuvo el país cuando el PRI gobernó México de manera ininterrumpida por casi ocho décadas.

Duarte es quizás el gobernador del que más sospechas se tienen de actos de corrupción, ya que no solo las autoridades estiman que provocó un desfalco a las arcas del estado estimado en cerca de 55 mil millones de pesos (tres mil millones de dólares), sino que además endeudó a la entidad y la dejó en un estado de gran inseguridad, con altos índices de violencia que incluso cobraron la vida de varios periodistas.

Todo, aparentemente, con el beneplácito del exgobernador Duarte.

Recientemente, por ejemplo, diversas madres de varias personas desaparecidas encontraron una fosa en la entidad con más de 250 cuerpos arrojados ahí por, al parecer, grupos criminales.

Otros gobernadores sobre los que también recaen diversas acusaciones y que también han sido o son miembros del PRI son: César Duarte, el exgobernador del estado de Chihuahua de 54 años, y Roberto Borge, exgobernador del estado de Quintana Roo, de 37 años

Actualmente, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, del PRI y de 69 años, enfrenta un proceso en su contra en la cárcel por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita; mientras que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, miembro del partido de oposición, el Partico Acción Nacional (PAN), de 47 años de edad, enfrenta también desde prisión los cargos de desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.

Además, la semana pasada el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington del PRI, fue detenido en Italia acusado de lavado de dinero y crimen organizado tras cinco años de su desaparición. A Yarrington, con 60 años de edad, no sólo lo buscan las autoridades mexicanas sino también las estadounidenses por sus supuestos vínculos con los cárteles de la droga.

Duarte, quien hasta antes de su fuga aseguraba no haber cometido ningún delito y quien describió las acusaciones en su contra como calumnias, estaba acompañado por su esposa al ser detenido, dijo el subdirector de la policía guatemalteca a una estación de televisión mexicana.

El gobierno de México, tras el anuncio de la detención, confirmó su intención de extraditar al exgobernador de Veracruz al país para que enfrente los cargos en su cargo, algo que muy probablemente tenga que hacer desde prisión por ser graves y no tener, por tanto, derecho a fianza.

Los plazos para que la extradición ocurra dependerán de que tan rápido el gobierno de México y Guatemala procesen la solicitud de extradición.

El gobierno de Peña Nieto cuenta con 60 días para presentar formalmente la solicitud de extradición tras la detención de Duarte. Una vez que lo haga, la Fiscalía General de la República de Guatemala presentará la petición al juez competente quien fallará sobre la petición en las siguientes semanas.

“En el momento en el que el juez considere procedente la extradición del reclamado, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas”, dijo la PGR.

 


Fecha de publicación: 12/04/2017

Etiquetas: México economía política gobierno legal corrupción Duarte Veracruz Guatemala