El nuevo problema de “El Chapo” Guzmán: encontrar abogado

17 de jul. (Dow Jones) -- Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sido acusado de acumular miles de millones de dólares como líder de la organización narcotraficante más grande del mundo.

Y ahora, paradójicamente, tiene problemas para pagar un abogado privado.

No es que no pueda pagarlo. Lo que sucede es que Guzmán, desde el centro de detención del bajo Manhattan donde está recluido, primero tiene que encontrar la manera de conseguir el dinero para pagarle sus honorarios legales.

El gobierno de Estados Unidos quiere incautarle 14 mil millones de dólares de los presuntos beneficios del narcotráfico que obtuvo Guzmán si es condenado, lo que podría hacer que sus pagos a los abogados sean objeto de decomiso.

Antes de acordar defender a Guzmán, cualquier abogado defensor probablemente exigirá un adelanto y buscará la seguridad de los fiscales de que el gobierno no bloqueará el pago o acusará al abogado más tarde por lavado de dinero.

Guzmán se declaró inocente de 17 cargos criminales, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. Su juicio está programado para comenzar en la corte federal de Brooklyn el 16 de abril de 2018.

Desde su extradición a Nueva York en enero pasado, Guzmán ha entrevistado a por lo menos 16 abogados defensores, de acuerdo con documentos presentados ante los tribunales.

Jeffrey Lichtman, un experimentado defensor criminalista de Nueva York, es el favorito para convertirse en el abogado de Guzmán, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. Lichtman, quien obtuvo fama por lograr la absolución por John A. Gotti, hijo de un notorio jefe de la mafia, ha estado involucrado en conversaciones con el gobierno sobre su posible representación de Guzmán, dijeron tales personas.

Un vocero de la oficina del procurador de justicia de Brooklyn, que lidera la acusación contra Guzmán, se negó a hacer comentarios al respecto. Lichtman dijo: “No estoy en posición de comentar en este momento”.

Mientras tanto, Guzmán ha sido representado por defensores federales de oficio nombrados por los tribunales, que son financiados con dólares de los contribuyentes y destinados a los acusados de bajos ingresos. El gobierno se ha opuesto a su uso de los defensores de oficio, calificándolo como un multimillonario que puede pagar a su propio abogado.

Sin embargo, los defensores de oficio de Guzmán dijeron que “él no tiene posibilidad de acceder a sus fondos” y necesita determinar si un pariente o amigo puede ayudarle a pagar los honorarios legales, de acuerdo con un documento de la corte de marzo. El proceso se ha prolongado debido a que el gobierno monitorea sus comunicaciones y ha restringido severamente su capacidad para ponerse en contacto con su familia, señalan documentos judiciales.

Los abogados deben tener bases para creer que el dinero que están recibiendo de sus clientes no es producto de actos criminales, dijo Stephen Gillers, un experto en ética legal de la facultad de derecho de Nueva York University. Si después se descubre que el dinero es “sucio”, el gobierno puede obligar al abogado a eximir al acusado de hacer el pago de sus honorarios.

La Sexta Enmienda garantiza el derecho a tener un abogado en los procesos federales, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que los acusados no tienen derecho a usar dinero sujeto a ser confiscado para pagar abogados. En una decisión de 1989, los jueces usaron una analogía en la que un sospechoso de robo no podía contratar a un abogado con el dinero que fue robado a un banco.

Una cuestión similar surgió en 2010 durante el caso contra cinco asociados de Bernard Madoff, cuando los fiscales federales trataron de confiscar los pagos a los abogados defensores, alegando que eran beneficios del esquema Ponzi de Madoff.

Después de varios meses de litigio, un tribunal federal de apelaciones falló a favor del gobierno. Algunos abogados en el caso optaron por permanecer en el juicio y ser retribuidos con dólares de los contribuyentes con base en Criminal Justice Act (Ley de Justicia Criminal), a una tasa de aproximadamente 100 dólares por hora.

Cualquier abogado que acepte recibir dinero de Guzmán debe solicitar un permiso especial del Departamento del Tesoro que le permita realizar transacciones financieras con Guzmán. Office of Foreign Assets Control, u OFAC (la Oficina de Control de Bienes Extranjeros) del Departamento de Justicia incluyó en 2001 a Guzmán en la lista negra, lo que generalmente impide a los ciudadanos de Estados Unidos realizar esas operaciones con él. OFAC también ha puesto en la lista negra a varios miembros de la familia y asociados de Guzmán.

El equipo defensor de Guzmán enfrenta obstáculos que van más allá de ser pagado.

Obtener un resultado o una sentencia favorable en el juicio será un gran desafío. Las pruebas contra Guzmán, a menudo llamado el narcotraficante más notorio del mundo, cubren casi 30 años de presunta actividad delictiva, y hay más de 40 testigos dispuestos a declarar en su contra, de acuerdo con los fiscales.

Si Guzmán es declarado culpable sólo en el primer juicio de “empresa criminal continua”, él enfrentará una cadena perpetua obligatoria. México acordó extraditar a Guzmán después de que Estados Unidos prometió no solicitar la pena de muerte contra él.

También está la cuestión logística de reunirse con Guzmán para preparar su defensoría. Guzmán está en un régimen de aislamiento 23 horas diarias y ha sido sometido a medidas de seguridad extraordinarias, dado que escapó dos veces de prisiones de alta seguridad en México.

Cuando los abogados lo visitan, Guzmán les habla a través de una pantalla de metal y está separado de ellos por un divisor de Plexiglas. Los defensores federales han pedido reunirse con él en la misma sala, diciendo que el arreglo actual hace que sea casi imposible para ellos revisar con él grandes volúmenes de pruebas.

El gobierno ha dicho que la sala de visitas normal de los abogados tiene cuerdas y cables que Guzmán podría usar para herirse y pedir su traslado al hospital, donde podría escapar más fácilmente. También podría usar objetos que hay en la sala para tomar a sus abogados como rehenes, dijeron los fiscales.

El juez de distrito Brian Cogan ha rechazado varias solicitudes de los defensores federales para relajar las condiciones de confinamiento de Guzmán, aunque el juez le permitió a Guzmán enviarle a su esposa, Emma Coronel Aispuro, cartas que deben ser autorizadas previamente para facilitarle la contratación de un abogado privado.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo