Newsletter
Recibe gratis un resumen diario de lo más importante en negocios.
Al suscribirte aceptas los términos y condiciones de nuestra política de privacidad.
17 de jul. (Sentido Común) -- América Móvil, la empresa de telecomunicaciones más grande de América Latina, ha visto involucrada a una de sus filiales en las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción encabezados por ex autoridades del gobierno de Guatemala durante la gestión del entonces presidente Otto Pérez Molina, preso desde 2015.
Telecomunicaciones de Guatemala, o Telgua, la filial guatemalteca de América Móvil, fue señalada por supuestamente entregar 15 millones de quetzales (36.2 millones de pesos) para financiar las campañas electorales de algunos políticos del Partido Patriota --el partido de Pérez Molina— en 2011, dio a conocer en una conferencia la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo auspiciado por la ONU.
El financiamiento se habría llevado a cabo mediante depósitos a cuentas de empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, ex candidato presidencial y ex titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), señalado de encabezar una red de corrupción que, además de financiamiento ilícito a campañas electorales, también incluye lavado de dinero y obstaculización a la justicia.
“De esta forma se evidencia cómo las relaciones de poder político estatal y empresarial se influyen y utilizan mutuamente para el desarrollo de prácticas de competencia malsana y para la perversión de los modelos democráticos de elección de funcionarios y de ejercicio del poder del gobierno”, escribió CICIG en un comunicado posterior a la conferencia, en la que también participaron los ministerio Público y de Gobernación del país centroamericano.
La investigación encabezada por CICIG, que entre otros logros en su lucha contra la corrupción guatemalteca llevó a Pérez Molina tras las rejas, involucra a Telgua en la trama por las declaraciones de Julio Carlos Porras Zadik, identificado como gerente de la compañía y quien señaló que la entrega de los recursos formó parte de una estrategia para solucionar un litigio que mantenía con su competidor local, Tigo, desde 1998.
Porras, ya preso, tiene una larga trayectoria dentro de América Móvil y en el pasado ocupó cargos como vicepresidente en Claro Brasil y director ejecutivo de Claro para Argentina, Uruguay y Paraguay.
Tras varios intentos para resolver el conflicto, Telgua contrató como asesor a Julio Ligorría Carballido, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, y habría sido él quien propuso el financiamiento de las campañas electorales para acercarse a los candidatos del Partido Patriota y a presidente Pérez Molina.
Ligorría incluso gestionó una reunión entre el entonces mandatario guatemalteco, Sinibaldi y Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala, con el empresario mexicano y propietario de América Móvil, Carlos Slim. La reunión se llevó a cabo en agosto de 2011 y las fotografías de la misma fueron publicadas en un medio de comunicación guatemalteco “para enviar a Tigo el mensaje de cercanía de Telgua con los futuros gobernantes”.
“El declarante manifestó que luego de publicadas las fotografías, personeros de la empresa Tigo tomaron contacto con Julio Ligorría para que organizara una reunión con Telgua para llegar a algún acuerdo”, agrega la investigación de la CICIG.
Infosel trató de contactar a América Móvil para conocer su postura, pero no estuvo disponible de forma inmediata.
Sin embargo, un portavoz de la empresa dijo a la agencia de noticias Reuters que se lleva a cabo una auditoría a Telgua.
“La ley guatemalteca permite estas contribuciones. . . lo que estamos tratando de averiguar es por qué estas contribuciones fueron hechas sin observar las normas y requisitos que establece la ley”, dijo el vocero de la empresa a Reuters.
Las autoridades guatemaltecas anunciaron la detención de 17 personas involucradas, pero Sinibaldi y Ligorría siguen prófugos.
Fecha de publicación: 17/07/2017
Etiquetas: Telecomunicaciones América Móvil Guatemala Telgua actos de corrupción investigación CICIG