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Chihuahua, México, 18 de jul. (Dow Jones) -- En la mañana del 23 de marzo, hombres armados dispararon ocho tiros contra un vehículo Renault Duster de color cereza, asesinando a la periodista Miroslava Breach mientras esperaba fuera de su casa para llevar a la escuela a su hijo de 14 años.
Un letrero pintado a mano en la escena del crimen señaló que la periodista, conocida por sus investigaciones sobre los vínculos entre las bandas de narcotraficantes y las organizaciones políticas locales, fue asesinada “por tener la lengua suelta”.
Después de algunos años de disminución de la violencia durante el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, la guerra contra el narcotráfico ha vuelto a retomar nuevo ímpetu.
Breach fue una de las 11 mil 155 personas que han sido asesinadas en México en los primeros cinco meses de 2017, de acuerdo con estadísticas gubernamentales. El ritmo de los asesinatos --alrededor de uno cada 20 minutos-- representa un aumento de 31% con respecto al año anterior, y al final del año podría competir con los 27 mil 213 homicidios de 2011, el peor total de asesinatos en la historia de México en tiempos de paz (sic).
“El periodo de reducción de la violencia de los últimos años se ha interrumpido claramente”, dijo Earl Anthony Wayne, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015. “A Estados Unidos no le interesa tener esta violencia cerca de nuestras fronteras, tanto por el efecto que podría tener en los ciudadanos estadounidenses en esas áreas como por el efecto que podría tener en el comercio”.
Muchas de las causas que han provocado dicho resurgimiento son de larga data, incluyendo el creciente mercado de opiáceos en Estados Unidos y la sangrienta competencia entre los grupos de narcotraficantes rivales provocada por la muerte o el arresto de sus altos dirigentes.
En esto también influyen una dinámica que va contra la intuición, dijeron estudiosos del narcotráfico: en los últimos meses, los votantes han destituido de sus funciones a líderes estatales y locales supuestamente corruptos que son miembros del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual también pertenece el presidente Peña Nieto.
Eso, a su vez, ha llevado a la ruptura de alianzas extra oficiales que siempre habían existido entre las bandas de narcotraficantes y los políticos --lo que algunos llaman pax mafiosa-- que había mantenido los asesinatos bajo control.
“Los gobiernos locales y estatales del PRI controlaron la violencia y el crimen basados en reglas informales”, dijo Jorge Chabat, profesor que se enfoca en temas de seguridad y relaciones internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de la Ciudad de México (CIDE). “A ellos les dirían: ‘puedes traficar drogas, siempre y cuando no mates a mucha gente’”.
En México, el clímax de la violencia anterior comenzó en 2006, cuando los cárteles rivales comenzaron las guerras territoriales que dieron como resultado más de 100 mil muertes, eventualmente. El entonces presidente Felipe Calderón, miembro del Partido Acción Nacional, o PAN, desplegó las fuerzas armadas contra los poderosos capos del narcotráfico que se habían vuelto lo suficientemente influyentes como para desafiar el poder del gobierno y controlar grandes franjas del país.
Las tropas lograron reducir el número de cárteles, pero los homicidios continuaron aumentando y los militares fueron objeto de denuncias de abusos contra los derechos humanos, entre ellos el asesinato de civiles inocentes y la ejecución sumaria de sospechosos.
Seis años más tarde, el PRI regresó al poder con Peña Nieto al promoverse así mismo como el partido de la eficiencia. En lugar de hacer hincapié en el narcotráfico --y arriesgar la serie de horrendos titulares que infestaron a su predecesor-- Peña Nieto en su lugar se enfocó a la reforma de la política educativa y las industrias de la energía y las telecomunicaciones.
En una cena con periodistas durante la campaña de 2012, Aurelio Nuño, que se convertiría en jefe de gabinete y posteriormente en secretario de educación de Peña Nieto, dijo que el nuevo gobierno “cambiaría la narrativa”.
Uno de los primeros actos presidenciales de Peña Nieto fue la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública de México, una agencia fundada en 2000 por otro presidente que surgió de las filas del PAN para crear una policía federal más profesional dedicada a combatir la delincuencia relacionada con el narcotráfico. Peña Nieto le delegó sus responsabilidades a la Secretaría de Gobernación.
El PRI ha estado plagado de escándalos de corrupción desde que Peña Nieto asumió el cargo. Casi una docena de ex gobernadores del PRI en México están siendo investigados, en la cárcel o siendo procesados por corrupción, y tres huyeron del país para evitar ser procesados. Dos han sido capturados en los últimos meses y uno ya fue regresado a México para su procesamiento. Todos niegan los cargos en su contra.
Alejandro Hope, destacado experto en seguridad de la Ciudad de México, predijo en una columna de abril que los asesinatos podrían acercarse a un récord de 30 mil a finales de 2017, con base en que las cifras iniciales tienden a ser revisadas al alza por los especialistas en estadística del gobierno mexicano.
Peña Nieto “pensó que México no tenía un problema estructural que necesitaba ser abordado”, dijo Hope. “El gobierno trató de cambiar la narrativa”, dijo. “Pero no trató de cambiar la realidad”.
Traducido por Luis Felipe Cedillo
Editado por Michelle del Campo
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Fecha de publicación: 18/07/2017
Etiquetas: México Violencia Asesinatos Recrudecimiento EPN Estrategia Narcotráfico Bandas Territorio