Sistema Anticorrupción inicia en México sin fiscal, magistrados

19 de jul. (Sentido Común) -- El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el marco jurídico creado a petición de la sociedad civil para intentar disminuir los índices de corrupción en México, inició legalmente el día de hoy, a un año de ser presentado, sin fiscal y sin los 18 magistrados necesarios para su operación.

     En particular, a partir de hoy entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obliga no sólo a los servidores públicos sino a empresas y personas de abstenerse de aceptar o exigir el pago de cualquier tipo de obsequios o dádivas de para realizar sus funciones.

     Además, las nuevas leyes anticorrupción prevén sanciones y establecen mecanismos de prevención para futuros actos de corrupción.  

     Si bien es cierto que la creación de este sistema es una gran noticia, el nuevo marco de lucha contra la corrupción arrancará incompleto por la incapacidad de los legisladores para nombrar a las personas que serán responsables de encabezar este sistema.

     El sistema “es un instrumento jurídico de la mayor relevancia”, dijo Arely Gómez González, la secretaria de la Función Pública, al referirse a la entrada del marco legal de combate a la corrupción en el país, en una conferencia de prensa. “Su relevancia radica no solo en que nos aplica como servidores públicos. . . sino que también les compete como entidad responsable”.

     Este sistema de vigilancia incluye una iniciativa ciudadana para obligar a los servidores públicos, y a todos aquellos que firmen contratos que incluyan recursos del país, para transparentar su patrimonio.

     La propuesta, conocida popularmente como iniciativa ‘3 de 3’ --porque obligaba a los servidores a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de potenciales conflictos de interés--, fue diseñada para que la sociedad civil participara más activamente de este sistema de vigilancia y disminuyera la percepción de alta impunidad.

     Gómez González, en esa misma conferencia de prensa, dijo que el principal objetivo de esta reforma es “consolidar un Estado en una relación de sólida confianza de la ciudadanía frente a su gobierno”. La funcionaria añadió que “la sociedad civil confió en las instituciones públicas al participar en el diseño del sistema. . . confió en ellas al establecer un diálogo abierto”.

     De ahí que, ante la falta de las piezas completas de este sistema, un grupo de organizaciones civiles, así como algunas instituciones que representan los intereses de los sectores empresariales, académicos y de negocios, anunciaron el pasado lunes un nuevo frente común llamado Vamos Por Más.

     El objetivo principal de dicho frente es pedir a las autoridades que realicen esfuerzos adicionales para combatir la corrupción en el país, dentro de los cuales se incluyen el nombramiento de un fiscal anticorrupción.

     Marco Fernández, investigador de México Evalúa, una de las organizaciones civiles que forman parte de Vamos Por Más, dijo en una entrevista con el diario El Financiero que “la implementación de este nuevo marco jurídico está siendo cuesta arriba” por las dificultades que enfrenta hasta ahora.

     Fernández agregó que “Veracruz y Chihuahua no tienen reforma constitucional para sus sistemas locales anticorrupción y faltan tres estados por aprobar los marcos jurídicos locales de los sistemas anticorrupción”.

     Varios especialistas han dicho que la corrupción es quizá uno de los mayores obstáculos que enfrenta la economía, por el gasto adicional que representa para las empresas a la hora de realizar negocios en el país.

     De ahí que incluso, en su primer borrador de objetivos de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, el gobierno de Estados Unidos pidió incluir una cláusula de reglas que ayuden a desalentar la corrupción en la región cuando se sienten las nuevas bases del comercio en Norteamérica.

     “Queremos que se cumpla las leyes y los plazos que los propios legisladores se han dado en distintos momentos, que se implemente el sistema a plenitud”, dijo Juan Alfonso Mejía, director general de la organización civil Mexicanos Primero, en una entrevista. “Se necesita una sociedad civil cada vez más fortalecida para un México con mayor capacidad de transformación”.

     Finalmente, aún falta que algunas entidades del país aprueben sus propias leyes locales para combatir la corrupción, lo que es un paso necesario en busca de echar a andar el sistema completo.

     “Finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos de los sistemas locales anticorrupción y las reformas a las leyes complementarias, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, debe ser prioridad para los congresos locales, a fin de dar un paso firme para la implementación de las normas necesarias para el combate a la corrupción”, dijo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o Inai, en un comunicado. “El Pleno de este Instituto garantizará a los ciudadanos el acceso a toda la información relacionada con actos de corrupción, como lo establece la Ley General de Transparencia”.