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Washington, 25 de jul. (Dow Jones) -- Un día después que la administración Trump revelara sus objetivos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), empresas de Estados Unidos y una importante coalición de trabajadores disputaron los méritos de un sistema de arbitraje internacional incluido en el acuerdo con Canadá y México.
La disposición sobre arbitraje, contenida en el Capítulo 11 de TLCAN, permite a un inversionista de un país --a menudo una gran corporación-- impugnar reglamentos o acciones de un gobierno de otro país a través de un tribunal de arbitraje internacional, pasando por alto potencialmente los tribunales nacionales. Su destino quedó poco claro en el documento publicado el lunes 18 de junio por la administración Trump.
En su borrador de negociación, la administración dijo que no sólo quería asegurar los derechos de los inversionistas estadounidenses en Canadá y México, sino que también quiere impedir que los inversionistas de estos países obtengan derechos en Estados Unidos que no tienen las empresas nacionales. El documento no especificó qué sucedería con el sistema actual, y una portavoz del representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, no hizo comentarios inmediatos al respecto.
En la audiencia del martes 19 escenificada en la subcomisión de la Cámara de Representantes, las empresas y la AFL-CIO, la mayor federación de trabajadores de Estados Unidos, señalaron la ambigüedad en el proyecto de la administración.
Los ejecutivos corporativos presionaron para mantener el actual proceso de resolución como una manera de defender sus inversiones en el extranjero, mientras que la AFL-CIO instó a eliminar tal disposición, que dicen favorece a las empresas sobre los trabajadores y que socava los sistemas judiciales nacionales.
Las empresas estadounidenses dicen que las investigaciones señalan que ellas a veces enfrentan un trato discriminatorio en el extranjero en comparación con las empresas locales y que por lo tanto requieren un sistema de arbitraje internacional.
“Esto no es académico, es real”, dijo Dennis Arriola, vicepresidente ejecutivo de desarrollo estratégico de Sempra Energy en la audiencia de la Cámara de Representantes el martes 19. “Tuvimos una experiencia en Argentina donde el gobierno cambió repentinamente, de la noche a la mañana, las reglas y regulaciones”. Sempra demandó a Argentina con base una disposición similar en un pacto bilateral con ese país.
Los ejecutivos del ferrocarril Kansas City Southern y del fabricante de motores Cummins también respaldaron el proceso de arbitraje en la audiencia como una forma de proteger sus inversiones en México.
Los líderes sindicales y algunos legisladores demócratas consideran el arbitraje como una luz verde que alienta a las empresas estadounidenses a invertir en la producción --y crear empleos en el extranjero-- porque están expuestos a menos riesgos legales.
“No veo ninguna evidencia de que no podamos confiar en las cortes canadienses”, dijo Celeste Drake, experta en comercio de AFL-CIO, a un panel de la Cámara de Representantes ese martes. The Sierra Club también dijo que se oponía a la disposición sobre el arbitraje.
Estados Unidos nunca han perdido un arbitraje con un inversionista extranjero con base en la disposición del Capítulo 11. TransCanada de Canadá recurrió a la disposición para demandar a Estados Unidos después que la administración Obama no le concedió el permiso para construir el oleoducto Keystone XL.
TransCanada revocó la demanda después que Trump eliminó las objeciones de Estados Unidos al proyecto. Las empresas pueden demandar a los gobiernos por daños y perjuicios, pero no pueden anular leyes o reglamentos a través dicho proceso.
Legisladores y asesores del Congreso dicen que la administración Trump todavía está deliberando su posición sobre algunos temas clave del TLCAN, incluido el sistema de arbitraje, ahora que está a punto de iniciar las negociaciones con Canadá y México el próximo mes. Si las tres partes llegan a un acuerdo, éste deberá ser ratificado por una mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado de EUA, así como por los parlamentos de México y Canadá.
“Creo que todavía están en el proceso de tratar de averiguar cuál es la mejor manera de proceder para proteger a las compañías estadounidenses en el extranjero”, dijo el representante Dave Reichert (republicano por Washington), quien preside el panel de comercio de la Cámara de Representantes.
El gobierno de Obama decepcionó a muchos legisladores demócratas al incluir una versión revisada de la disposición de arbitraje --con salvaguardas adicionales para prevenir demandas frívolas-- cuando negoció el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica de 12 naciones, o TPP. Trump rechazó el TPP, que no había sido ratificado por el Congreso, en su primer día de trabajo como presidente.
Un alto funcionario comercial estadounidense indicó en marzo su deseo de “mantener y tratar de mejorar los procedimientos para resolver las disputas entre los inversionistas estadounidenses y los países del TLCAN”, de acuerdo con un borrador de una carta dirigida al Congreso vista por el diario The Wall Street Journal.
En junio, Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, dijo estar “preocupado por la cuestión de la soberanía” con respecto a la disposición sobre arbitraje. Sin embargo, dijo que apoyaba el “interés legítimo” de las firmas estadounidenses de que sus derechos fueran protegidos en el extranjero y que respaldará más consultas del Congreso antes de tomar una decisión final sobre la disposición de arbitraje.
Traducido por Luis Felipe Cedillo
Editado por Michelle del Campo
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Fecha de publicación: 25/07/2017
Etiquetas: TLCAN Revisión Provisión Cláusula Arbitraje Empresas Inversiones Extranjeras