Antes de construir ducto de 400 mdd, asegúrate que tus vecinos lo quieran

10 de ene. (Bloomberg) -- Una parte del gasoducto de Sempra Energy yace en el terregal que está detrás del centro comunitario del pueblo Loma de Bacum al noroeste de México, y Guadalupe Flores piensa que funcionaría como un buen comal para asar carnes.  

“Cortas aquí, levantas la parte superior y listo”, dijo, señalando el tubo de acero de 76 centímetros de diámetro. “Sería perfecta para cocinar".

Esa sería una parrillada costosa. El gasoducto costó 400 millones de dólares, parte de una red que se supone que transportaría gas desde Arizona en más de 800 kilómetros hasta la costa del Pacífico mexicano. Pero no lo ha hecho desde agosto, cuando miembros de la tribu indígena Yaqui --enfurecidos por lo que consideraron una invasión no autorizada de su territorio-- utilizaron una retroexcavadora para perforar y extraer un segmento de siete metros de largo. Dejaron el pedazo principal a 1.6 kilómetros del centro comunitario, perpendicular al resto del oleoducto, como una t minúscula.

El impacto va mucho más allá de Loma de Bacum y sus cuatro mil 500 residentes. Las exportaciones de gas de Arizona a México se han desplomado 37% desde su cierre, al caer a un mínimo de ocho meses en diciembre. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la eléctrica estatal de México, tiene que quemar aceite combustible en su lugar para generar energía, lo que aumenta los costos.

No es un caso aislado. La apertura de México de su industria energética ha tenido éxito en atraer capital, pero por la falta de previsión también se ha visto acosada por disputas territoriales o ambientales, involucrando a menudo a los variados grupos indígenas del país.

Cuando la protesta se convierte en sabotaje, existe el riesgo de que los inversionistas se desanimen de participar en las fases futuras, como un desarrollo extenso de lutitas. Esto también es tema de campaña de Andrés Manuel López Obrador, el candidato mejor posicionado de la izquierda en las elecciones presidenciales de este año, que ha prometido revertir algunas de las reformas.

‘Consentimiento negado’

Los yaquis de Loma de Bacum dijeron que las autoridades comunitarias les preguntaron si querían que el tramo de 14.4 kilómetros de longitud pasara por sus tierras agrícolas --y ellos respondieron que no. De cualquier manera se realizó la construcción.

La Secretaría de Energía reconoció que eso es cierto, en una declaración que destaca las dificultades que enfrentan sus funcionarios. La consulta a las ocho comunidades yaqui que residen a lo largo del gasoducto se llevó a cabo, como lo exige la ley. Siete de ellas lo aprobaron, dijo Energía vía correo electrónico, “mientras que el pueblo de Loma de Bacum rechazó el consentimiento”.

El proyecto ahora está en un limbo legal. IEnova, la unidad de Sempra que opera el oleoducto, está esperando un fallo judicial que les permita entrar y repararlo, sino va a requerir realizar un enrutamiento más costoso. “Si quieren construir un gasoducto, está bien”, dijo Flores, el aspirante a diseñador de parrillas para barbacoa y que es un líder de la comunidad local. “Pero no pasará por aquí”.

En la sede de la Secretaría de Energía, en la Ciudad de México, eso se está convirtiendo en un estribillo familiar.

Hasta cuatro gasoductos se han estancado o suspendido temporalmente, y eso es solo la punta del iceberg, de acuerdo con Jesús Reyes Heroles, un exsecretario de energía. “No puedo citar el número, pero es más que eso”, dijo Reyes Heroles en una entrevista. Añadiendo que los proyectos estancados van más allá de los gasoductos; en algunos casos, la oposición proviene de los rancheros que “abusan de la situación para ganar algo de dinero”.

‘Nuestra tarea’

Sin embargo, los indígenas son los que han estado al frente de la resistencia. En junio, sus protestas en el estado de Chiapas hicieron que la dependencia cancelara una subasta de dos bloques terrenos para la exploración petrolera. En la vecina Oaxaca, las comunidades han parado el desarrollo de proyectos eólicos, aduciendo la falta de consulta con la población.

México reconoce unos 70 grupos indígenas, que suman más de 12 millones de personas. La tarea de consultar esas comunidades recae en el equipo de Evaluación de Impacto Social de la Secretaría, que sólo tiene seis miembros.

Su mandato, que incluye asegurar que no se provoquen daños al suministro de agua u otros recursos naturales, es un elemento clave de las reformas energéticas, dijo Aldo Flores, el subsecretario.

“¿Podría la Secretaría de Energía ser aún más eficiente en el procedimiento de consulta? Sí, podría”, dijo Flores en una entrevista el 8 de diciembre. “Mejorar es parte de nuestra tarea”. La dependencia dijo que está contemplando una expansión significativa del equipo a principios de este año.

‘Despojados’

Eso estaría en sincronía con la planeada ofensiva energética de México. Su promesa de rentar franjas de tierra para su desarrollo, en su mayor parte en los estados como San Luis Potosí y Veracruz donde residen numerosos grupos indígenas. La pizarra representa “más de la mitad del nuevo petróleo potencial de México”, y la Cuenca de Burgos puede contener 50% más reservas que el famoso Eagle Ford de Texas, dijo Flores. 

Esto también es un tema políticamente sensible. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador prometió revisar los contratos de energía y petróleo si es elegido en julio. Eso podría poner en riesgo los tratos suscritos por las grandes petroleras que van desde Exxon Mobil hasta BP.

AMLO, como se lo conoce, está adelante en las primeras encuestas, pero la mayoría de los analistas esperan una apretada contienda de tres bandos. Los votos indígenas podrían ser vitales.

No solo en México los proyectos de oleoductos han revivido antiguos resentimientos tribales. Está sucediendo también en América del Norte. En Canadá, el oleoducto Trans Mountain de Kinder Morgan ha enfrentado desafíos legales liderados por grupos indígenas. En Estados Unidos, el oleoducto Dakota Access de tres mil 800 millones de dólares enfrentó meses de protestas de miembros de la reserva Standing Rock Sioux.

Al igual que muchos de estos grupos, los yaquis tienen una historia de lucha para defender sus tierras de los intrusos, comenzando con los colonialistas españoles en el siglo XVI. En los últimos 200 años, la tribu ha tenido frecuentes enfrentamientos con el gobierno mexicano, sufriendo masacres y perdiendo tierras como resultado.

“Poco a poco, se les ha quitado su territorio”, dijo Rodrigo González-Enríquez, profesor del Instituto Técnico de Sonora y consultor de la comunidad Loma de Bacum.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo