EDF enfrenta obstáculos para concretar proyecto eólico en Oaxaca

21 de may. (Sentido Común) -- Électricité de France, o EDF, la principal empresa de generación eléctrica de Francia, enfrenta problemas para desarrollar uno de sus parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, como una de las empresas ganadoras de la segunda subasta eléctrica de largo plazo, organizada en 2016 por el gobierno de México, ante la oposición de pobladores locales.

Un juzgado federal de Oaxaca concedió la suspensión definitiva del proyecto, así como de una consulta indígena, a un grupo de habitantes de Unión Hidalgo, comunidad cercana al lugar donde la empresa francesa desarrolla el proyecto, dijo la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), en un comunicado.

El freno al proyecto, conocido como Gunaa Sicarú, y a la consulta indígena es “por no existir condiciones naturales ni condiciones” para continuarlo, dijo en el comunicado la organización que otorga acompañamiento jurídico a los pobladores de la región.

“La reconstrucción de la región del Itsmo de Tehuantepec, una de las más afectadas por el sismo ocurrido en septiembre; la cercanía de la jornada electoral del 1 de julio y la realización de una fiesta tradicional podrían influir de manera negativa en el resultado de la consulta indígena --que ya era organizada por las autoridades federales y estatales-- en perjuicio a la comunidad indígena”, concluyó el juzgado.

EDF no respondió de forma inmediata a la solicitud de Sentido Común para conocer su postura oficial sobre la resolución del juzgado.

Esta no es la primera vez que los habitantes de la región rechazan el proyecto de la transnacional francesa. En julio interpusieron un amparo tras el otorgamiento de los permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el órgano regulador de los proyectos energéticos en el país, para que EDF desarrolle el parque eólico.

Los habitantes de Unión Hidalgo, quienes pertenecen a la etnia zapoteca, acusaron no haber sido consultados sobre el proyecto, como lo establece la ley. También señalaron que la empresa habría firmado contratos de arrendamiento de tierras con supuestos propietarios.

El parque eólico Gunaa Sicarú tendría una extensión de cuatro mil 400 hectáreas de terreno y con él la empresa buscaba cumplir con los contratos obtenidos en la segunda subasta eléctrica de largo plazo que llevó a cabo el gobierno mexicano en 2016.

Si el cuarto parque eólico de EDF en Oaxaca es construido, tendrá una capacidad de 252 megawatts, que venderá posteriormente a la empresa eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En un principio este proyecto estaba previsto para entrar en operación en 2020, pero es muy poco probable que esté para esa fecha si EDF puede prevalecer en la disputa con las comunidades locales.

EDF se unió a otras compañías que han enfrentado la resistencia de las comunidades del Istmo de Tehuantepec, una región caracterizada por una alta concentración de empresas generadoras de energía eólica que aprovechan los fuertes vientos de la zona.

Quizá uno de los proyectos que más obstáculos ha enfrentado es el llamado Energía Eólica del Sur, un megaproyecto con capacidad instalada de 396 megawatts en el que participa el fondo de inversión Macquarie México.

Ese parque fue anunciado en 2013 y estaba previsto para operar tres años después, algo que no sucedió.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió en enero una demanda presentada en contra del proyecto --bautizado primeramente como Mareña Renovables-- por los pobladores de Juchitán, quienes buscan invalidar la consulta indígena hecha entre 2014 y 2015.

Gas Natural Fenosa, una empresa de gas y electricidad de origen español, también enfrentó problemas con su parque eólico Bií Hioxo, con capacidad de 234 megawatts que opera desde 2014 en el municipio de Juchitán y que desde febrero provee energía a 17 tiendas de La Comer.

En este último caso un grupo de propietarios de las tierras en las que están instalados los aerogeneradores realizaron un plantón en julio que impidió el acceso al parque. La protesta, que buscaba un incremento en la renta de tierras, terminó luego de dos semanas con la detención de al menos 15 personas.