Ambicioso plan de López Obrador dependería de un economista --Urzúa

18 de jun. (Sentido Común) -- El candidato presidencial que encabeza las encuestas en México tiene un reto inquietante que mantiene despierto por las noches a su futuro ministro de Hacienda en caso de ganar la contienda electoral: encontrar cerca de 20 mil millones de dólares anuales para aumentar el gasto social y la inversión pública sin elevar impuestos, o la ya de por sí amplia deuda gubernamental.

Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial nacionalista, dijo que le pediría a Carlos Urzúa que se haga cargo de la mencionada hercúlea tarea si gana las elecciones del 1 de julio, como indican que sucederá de acuerdo a las encuestas sobre preferencial electorales.

 “Mi objetivo será encontrar el dinero que necesitamos”, dijo Urzúa, un afable profesor de economía de 62 años, quien tiene un doctorado de University of Wisconsin-Madison.

Las preocupaciones por las limitaciones fiscales hacen que los inversionistas teman una victoria de López Obrador, quien tiene una ventaja de alrededor de 18 puntos porcentuales sobre su rival más cercano estando a menos de dos semanas de las elecciones.

El índice bursátil mexicano había caído 5.5% este año, a medida que López Obrador ha subido en las encuestas y que las pláticas sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han minado la confianza de los inversionistas.

El ambicioso plan del candidato para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura mediante la reducción de otros gastos del gobierno no es muy realista, de acuerdo con muchos economistas, lo que hace a muchos temer que las promesas de campaña de disciplina fiscal se relajen, si López Obrador se convierte en presidente.

 “Lograr esos ahorros sería una sorpresa positiva”, dijo Alonso Cervera, economista en jefe para Latinoamérica de Credit Suisse. “Si no lo hacen, creo que probablemente ampliarán el déficit presupuestal en lugar de faltar a las promesas de campaña”.

Los principales grupos empresariales de México también han expresado su preocupación por el regreso a las viejas políticas. El descontrolado gasto gubernamental en gobiernos de líderes populistas anteriores provocó en México grandes trastornos económicos y devaluaciones del peso en 1976 y 1982. Luego de la última crisis financiera interna del país en 1994, México obtuvo calificaciones de grado de inversión que mantuvo incluso durante la crisis mundial de 2008.

Dado que las encuestas muestran que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenecen López Obrador y sus aliados, también podría obtener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es probable que su administración también tenga suficiente apoyo para promulgar planes de gastos sin requerir el respaldo de la oposición.

“La tentación de endeudar al país va a ser latente”, dijo Héctor Villarreal, jefe del Centro de Investigación Económica y Presupuestal, un grupo de expertos con sede en Ciudad de México.

Urzúa, quien se describió a sí mismo como un socialdemócrata moderado, dijo que un gobierno de López Obrador nunca pondría en riesgo la estabilidad financiera del país.

“Lo que no podamos financiar [mediante ahorros] sencillamente no se hará”, dijo.

El éxito o fracaso de una administración de López Obrador bien podría depender de la capacidad de Urzúa para generar los ahorros necesarios que permitan financiar proyectos como un programa de cinco mil 100 millones de dólares anuales para poner a trabajar a los jóvenes desempleados, duplicar las pensiones de los mayores de edad y construir al menos una refinería petrolera.

Urzúa dijo que confía en que al recortar la burocracia, al hacer que el gobierno sea más eficiente y al luchar contra la corrupción, el siguiente gobierno, de ganar la elección, podrá liberar fondos suficientes.

El objetivo es hacer ahorros anuales de alrededor de 2% del producto interno bruto de México, o 20 mil millones de dólares.

Las compras de todos las dependencias gubernamentales, desde artículos de papel higiénico hasta computadoras, serán centralizadas y monitoreadas por la Secretaría de Hacienda, dijo Urzúa.

Parte del dinero para el gasto discrecional que se transfiere a los gobiernos estatales mexicanos y que el año pasado incluyó 10 mil millones de dólares más de lo esperado, se canalizará en cambio a obras públicas, agregó.

El plan de López Obrador también incluye reducir a la mitad los salarios de los funcionarios de alto rango que ganan más de 50 mil dólares al año y reducir en un 70% el número de puestos de gestión.

También dijo que ahorrará dinero luchando contra la corrupción en los procesos de licitación pública, aunque los detalles de estos planes siguen siendo vagos.

Los ex funcionarios del gobierno ven los recortes a los salarios planeados en la burocracia con cierto escepticismo. “No atraerás talento, y los incentivos para la corrupción aumentarán, no disminuirán”, dijo un ex funcionario de la secretaría de Hacienda.

La reasignación de fondos que actualmente se destinan a los gobiernos estatales también podría enfrentar una fuerte resistencia política por parte de los sectores afectados y grupos de intereses especiales, algo que complicará el plan de López Obrador y Urzúa.

Los analistas ven poco espacio para hacer los ahorros necesarios, ya que más de  80% del presupuesto de aproximadamente 270 mil millones de dólares de México se destina a pagar salarios y pensiones, así como al servicio de la deuda.

Las promesas de López Obrador de reducir los impuestos al consumidor a lo largo de la frontera norte y congelar los precios de la gasolina podrían dificultar o comprometer aún más el equilibrio anunciado de las finanzas públicas.

"Lo más probable es que logren solo una fracción de los ahorros planeados", dijo Villarreal.

Un gobierno de López Obrador buscaría un superávit presupuestario primario --o un superávit antes del pago de los intereses y capital de la deuda gubernamental--  en 2019 y reduciría progresivamente la deuda pública de México, dijo Urzúa.

“López Obrador es un conservador fiscal”, agregó.

La deuda pública de México aumentó constantemente con el actual presidente Enrique Peña Nieto, alcanzando un monto equivalente a 49% del PIB en 2016, pero ahora está en una tendencia descendente. Para este año, el gobierno proyecta un superávit presupuestario primario igual a 0.8% del PIB.

López Obrador ha prometido respetar la autonomía del Banco de México y la libre flotación del peso.

Urzúa fue el jefe de finanzas de Ciudad de México de 2000 a 2003, su única experiencia en el gobierno hasta la fecha, cuando López Obrador era alcalde.

Algunos inversores y analistas dudan de sus credenciales para un trabajo como el de secretario de Hacienda de México que típicamente requiere contactos internacionales y habilidades políticas.

“Si Urzúa es lo mejor que López Obrador tiene a su alrededor, está en problemas”, dijo un inversionista en Estados Unidos, quien se reunió recientemente con él.

Urzúa dijo que está preparado para el trabajo, que ha manejado el presupuesto de Ciudad de México, que es más grande que el de algunos países de América Latina, y agregó que tiene experiencia en tareas políticas difíciles, como cuando negoció el presupuesto de la ciudad con una asamblea local controlada por la oposición.

En lugar de asistir a reuniones y eventos internacionales, dijo que planea centrarse a rediseñar el presupuesto de México.

“No seré un ministro de traje y corbata, sino un ministro práctico”, concluyó.