Uber enfrenta riesgos para regresar a destinos turísticos Quintana Roo

21 de jun. (Sentido Común) -- Uber Technologies, la compañía de transporte privado vía aplicación móvil más grande del mundo, enfrenta de nueva cuenta dificultades que parecen alejarla de reanudar su servicio en Quintana Roo, la entidad que posee el principal destino turístico de playa de México luego de que suspendió actividades en la entidad en diciembre de 2017.

     El gobierno estatal, encabezado por Carlos Joaquín González, quien ganó la gubernatura hace año y medio tras renunciar al Partido Revolucionario Institucional y representar a la alianza que conformaron los partidos De la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), promueve más cambios a la Ley de Movilidad estatal, que fue recientemente aprobada el pasado 14 de junio.

     Para Uber, los cambios adicionales que promueve ahora el gobernador limitarán aún más la operación de la compañía en la entidad y favorecerán al Frente Único de Trabajadores del Volante, la organización que agrupa a la mayoría de los taxistas de la entidad.

     “La nueva Ley de Movilidad incluye ya ciertas limitantes a la economía colaborativa”, dijo Carlos Olivos, director de comunicación de Uber México, en un comunicado. “Incrementar aún más dichas limitaciones impediría directamente el funcionamiento de nuestra operación en el estado y afectaría a miles de ciudadanos”.

     Entre las restricciones que contempla añadir el gobernador están la prohibición de pagos en efectivo, así como hacer públicos los datos de los socios conductores --lo que los pone en riesgo-- y restringir la oferta al controlar el número de vehículos disponibles, agregó la compañía.

     Los cambios también contemplan que las empresas que operan en una plataforma digital, denominadas en esa entidad como Empresas de Redes de Transporte, sean consideras transporte público, lo que las obligaría a trabajar con una regulación aplicable a un modelo de concesiones y no de permisos.

     Para algunos expertos, las modificaciones adicionales a la ley van en contra del espíritu de competencia y, de cierta manera, rechazan en concreto la sugerencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, o  Cofece , de que las reglas de operación de compañías como Uber o Cabiy no sean catalogadas como transporte público a fin de incrementar la oferta de servicios de movilidad a los ciudadanos de las localidades. 

     Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en mayo del año pasado que este tipo de compañías requerían de una regulación diferente a la de los taxis.

     “La aprobación de una reforma que defina como transporte público concesionado al servicio que se brinda a través de las Empresas de Redes de Transporte haría inoperante nuestro servicio en el estado, pues alteraría el modelo y concepto de innovación que brinda nuestra plataforma que ha resultado ser una alternativa de movilidad sumamente atractiva para los ciudadanos de Quintana Roo”, agregó Uber en su comunicado.

     Los cambios que planea realizar el gobernador a la ley no son además muy populares ya que una encuesta de opinión arrojó resultados a favor de los servicios que prestan empresas como Uber o Caby. 

     De acuerdo a esa encuesta, 63% de la población en Quintana Roo dijo estar a favor de la presencia de ese tipo de compañías, mientras que 75% dijo que esperaba que el gobierno local apoyara su entrada a la entidad. La encuesta la realizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el año pasado.

     Claro que Uber no se enfrenta sola al gobierno estatal. 

     Las agrupaciones de taxistas, de distintos puntos turísticos de la península de Yucatán, tampoco están de acuerdo con los cambios ya aprobados a la Ley de Movilidad, aunque por motivos completamente distintos.

     “Como sindicato vemos el agravio de la ley de movilidad, y del Instituto de Movilidad. . . lo vemos como un agravio total a los concesionarios y en especial a los sindicatos de taxistas como hoy los conocemos”, dijo en diciembre Eric Castillo, presidente del Sindicato Andrés Quintana Roo, que agrupa a los taxistas de Cancún.

     De acuerdo con el líder sindical, la Ley de Movilidad --tal como está ahora-- pone en riesgo la operación de taxistas, ya que no respeta la antigüedad en la propiedad de las concesiones, al ponerles fecha de caducidad.

     También argumentan que ahora hay poca regulación en la solicitud de permisos para operar, sin necesidad de que quien lo solicite esté afiliado a un sindicato.

     Las diferencias que tienen las agrupaciones de taxis con compañías como Uber, con matriz en San Francisco, California, y a quien ven como competencia desleal por no enfrentar costos similares para operar a los de ellas, llegó a uno de los puntos más álgidos en diciembre pasado cuando diversas confrontaciones físicas entre taxistas y conductores de Uber, llevaron a la empresa a suspender la operación de su servicio en Cancún a fin de no poner en riesgo la integridad física de los conductores asociados a su plataforma. 

     Uber argumenta además que su servicio es benéfico para los destinos turísticos de Quintana Roo, a fin de ofrecer otra alternativa de movilidad a los millones de turistas que visitan esas zonas de entretenimiento, descanso y diversión del país.

     La empresa, que esperaba retomar el servicio en septiembre de este año, dijo que en la temporada vacacional de Semana Santa pasada, en abril de este año, 19 mil personas intentaron solicitar el servicio en Cancún.

     En esa ciudad se ubica además el Aeropuerto Internacional que da servicio a toda la región y que es operado por el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). La terminal aérea es la joya de la corona para los operadores de transporte terrestre, ya que tan solo en mayo reportó el arribo de un millón 951 mil turistas. 

     En la actualidad la concesión para trabajar dentro de la terminal aérea pertenece al Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, mientras que servicios como Uber no pueden recoger pasaje en esa terminal, lo que ha generado también disputas entre taxistas y conductores de la empresa de tecnología.

     Los cambios a la legislación local también podrían afectar la potencial operación de Uber en otro de los principales destinos de la entidad, Playa del Carmen, algo que estaba previsto que ocurriese para septiembre.

     La llegada de la empresa a esa ciudad es vista con buenos ojos por los ciudadanos, ya que representará una competencia seria para el servicio de taxis y podría a obligar a reducir las tarifas en la ciudad.

     “Estoy a favor de que entre Uber a Playa del Carmen porque los taxistas aquí son muy abusivos y el servicio no es bueno”, dijo Saraí González, residente del destino que atrae en su mayoría a turistas internacionales, en una entrevista telefónica. “Cuando se aprobó la ley los taxistas se pusieron muy agresivos, pero esperamos que Uber ya llegue en septiembre porque ya está aprobado”.

   “Por ahora estamos concentrados en los resultados que se obtengan sobre Cancún”, dijo por su parte Uber a Sentido Común vía correo electrónico.

     Otras de las disposiciones de la Ley de Movilidad, que el Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad el 29 de mayo, establece la creación del Instituto de Movilidad del Estado, que estará encargado de expedir y regular la operación de este tipo de transporte, por lo que los vehículos para operar en la entidad deberán tener cuando máximo cuatro años de antigüedad.

     Sentido Común buscó tanto al gobierno de Quintana Roo como al Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo para conocer sus comentarios, pero no respondieron a la solicitud.