López Obrador dice país en bancarrota; ¿realidad o manejo expectativas?

17 de sep. (Sentido Común) -- Las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador durante su tercera campaña presidencial han creado fuertes expectativas sobre el cambio de régimen y, para algunos, se antojan complejas de cumplir.

     Quizá por ello el futuro presidente de México, al iniciar una gira por el país para agradecer a los votantes que le dieron la victoria el 1 de julio, ha comenzado a matizar ese optimismo desbordado que generó su victoria, más cuando las condiciones financieras del gobierno no le ofrecen un amplio margen de maniobra.

     En una presentación en la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit, López Obrador, de 64 años de edad, dijo será difícil cumplir con todas las demandas que tiene la sociedad, aunque sí reiteró que serán honrados todos sus compromisos de campaña.

     Claro que para justificar las dificultades que enfrentará al frente del gobierno, el presidente electo utilizó un calificativo para describir el estado actual del país que sorprendió a muchos por parecer exagerado y fuera de proporción.

     Es posible que “por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando”, dijo López Obrador ante sus simpatizantes.

     La descripción de un país en quiebra sorprendió a mucho por el crecimiento que ha venido registrando México a lo largo de los últimos seis años y contrastó con la misma visión que el mismo López Obrador había hecho del país a inicios de mes, cuando dijo que México enfrentaba problemas, pero que tenía estabilidad económica y no había crisis política.

     Así, para algunos las palabras de López Obrador resultaron desconcertantes y dijeron que podrían incluso generar nerviosismo o dudas sobre el futuro económico del país; aunque también en ellas otros encontraron una estrategia pragmática por quien será el presidente del país de 2018 a 2024 al aparentemente diluir con ellas las altas expectativas que ha generado entre millones de simpatizantes.

     Quienes así interpretaron las palabras del futuro mandatario incluso dijeron que López Obrador dio otra vez muestra de ser un político pragmático y capaz de ir modificando su conducta y la de sus seguidores, sobre todo por las dificultades que enfrentará ya como jefe del Estado mexicano para resolver los múltiples problemas que aquejan al país, sobre todo la desigualdad, la inseguridad y la violencia.

     Incluso, algunos dijeron que el hecho de que el próximo presidente esté ya intentando modificar las altas expectativas que generó su elección, es una señal de que él está comprometido a hacer lo más que pueda por ayudar a quienes menos tienen pero sin endeudar más al gobierno ni subir impuestos.

      Si eso es lo que quizás está intentando hacer López Obrador al señalar que la economía mexicana enfrenta dificultades es algo que algunos empresarios vieron bien y que consideraron prudente hacer desde ahora.

     “Si se lee todo lo que se dijo alrededor de ese comentario tan dramático, ya se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo”, dijo el empresario Claudio X. González, presidente del consejo de administración de Kimberly-Clark de México, en un panel organizado como parte del foro anual que realiza la revista Forbes México. “Yo no comparto el uso de ese adjetivo [bancarrota]. Sí comparto el hecho de que hay que ser realistas en que no se va a poder hacer todo, ni por falta de recursos ni por falta de tiempo”.

     Con su comentario, López Obrador está quizá preparando el terreno para los momentos complejos que podría enfrentar, como podría ser una desaceleración económica estadounidense, una disputa comercial más intensa de Estados Unidos con China o un proceso de alzas de tasas de interés internacionales y locales que frenen el crecimiento del país.

     El futuro presidente de México no requiere ir a los libros de historia para saber que en el pasado las circunstancias adversas internacionales generaron severas repercusiones internas. Con sólo observar lo que ocurrió en el gobierno del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, podrá saber que la conducción económica de México es compleja y llena de obstáculos --locales y externos.

     Peña Nieto, por ejemplo, tuvo que aplicar recortes al gasto en los últimos tres años para contrarrestar la caída de ingresos públicos por el desplome de los precios del petróleo en 2015 y 2016.

     Esos recortes los tuvo que ejecutar el gobierno de México para mantener finanzas públicas sanas, aun cuando la administración de Peña Nieto sí subió impuestos y logró aplicar otros cambios a través de la reforma fiscal aprobada en 2013. López Obrador ha dicho que él ni endeudará más a México ni subirá impuestos.     

    Durante el sexenio actual, que concluye en dos meses y medio, el endeudamiento gubernamental alcanzó su mayor nivel en 2016, cuando el tamaño de las obligaciones alcanzaron un valor equivalente a 48.1% del total de la economía.

     Si bien el nivel en sí no era muy alto si se compara con el de otras naciones que gozan de una calificación similar a la del país de grado de inversión, lo que encendió las alarmas en las agencias calificadoras fue el ritmo al que creció ese endeudamiento como porcentaje del producto interno bruto.

     Eso llevó a las principales agencias calificadoras a cambiar de ‘estable’ a ‘negativa’ la perspectiva crediticia de México, lo que forzó que Peña Nieto metiera el freno de mano al gasto gubernamental posteriormente para poder frenar el crecimiento de la deuda.

    Gracias a ello, la deuda inició el año pasado una trayectoria descendente y ahora ronda 45% del PIB, lo que permitió que las agencias calificadoras regresaran la perspectiva de las finanzas públicas a ‘estable’, eliminando con ello la posibilidad de una degradación crediticia, algo que cualquier presidente quiere evitar por el impacto negativo en el costo de pedir prestado.

     Actualmente, cerca de 22.7% de la deuda total del país corresponde a deuda externa, que es la que estaría más expuesta a cambios en las tasas de interés de otros bancos centrales, o a una mayor volatilidad cambiaria.

     También cerca de 90% de la deuda interna y la totalidad de la deuda externa está contratada a tasa fija, lo que hace menos vulnerables las finanzas del gobierno a vaivenes en las tasas de interés internacionales, aunque posible alzas elevarían el costo del servicio de la deuda a medida que el país renueva sus créditos con el exterior.

     Esa situación de hecho está reflejada en el llamado riesgo país de México, que ha venido a la baja de manera consistente desde junio de este año, cuando subió en vísperas de la elección presidencial.

      De acuerdo con el Emerging Markets Bond Index (EMBI), un índice que mide las probabilidades de que un país emergente incumpla con sus obligaciones de pago, creado por el banco JP Morgan Chase, el riesgo país de México bajó 16% en los últimos tres meses, al pasar de 231 puntos el 14 de junio a 194 unidades el 12 de septiembre.

     Claro que esa estabilidad puede verse comprometida si el gobierno eleva el déficit fiscal con la intención de cumplir con la promesa que hizo el gobierno de reactivar la inversión pública o aumentar el gasto en programas sociales.

     Por eso es que algunos creen que, más que denunciar una mala situación financiera, el próximo gobierno podría estar tratando de matizar las elevadas expectativas tras obtener una holgada victoria en la elección presidencial y una mayoría en ambas cámaras del Congreso.

     “Nota: cuando un futuro gobernante dice que recibe el país ‘en bancarrota’ o ‘en ruinas’, está administrando tiempos y expectativas”, escribió Alejandro Hope, analista político en temas de seguridad nacional, en su cuenta personal de la red social Twitter. “Busca preparar a sus partidarios para la inevitable decepción”.

     Por otro lado, López Obrador dijo que su gobierno actuará con responsabilidad en el gasto, reiteró que no habrá mayor endeudamiento público y prometió respetar la autonomía del Banco de México.

      Claro que, al hacerlo, el presidente electo dijo que una posible crisis económica en México solo podría venir del exterior o de un mal manejo de la política monetaria por parte del Instituto Central.

     “Vamos a respetar la autonomía del Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya devaluación, que no haya inflación”, dijo el futuro presidente en el evento del domingo 16 de septiembre. “Que si se dan esos fenómenos no va a ser por culpa del presidente de la República sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República”.

     Banco de México declinó ofrecer alguna postura sobre los comentarios del presidente electo.

     El pasado jueves López Obrador recibió en sus oficinas de transición la visita de Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México, para hablar de la agenda de temas del país y para reiterar el compromiso del Instituto Central de velar por una inflación baja y estable.

     El manejo de las finanzas públicas de México, sin embargo,  no es dictado por el banco central sino por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es parte del poder ejecutivo y será dirigida por Carlos Urzúa, quien fue designado por López Obrador para ocupar ese cargo.