Suprema Corte niega ministros reciban sueldo de 600 mil pesos mensuales

10 de dic. (Sentido Común) -- La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó que los ministros que integran ese tribunal reciban 600 mil pesos (29 mil 500 dólares) mensuales como retribución, con lo que rechazaron la afirmación que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de las remuneraciones que perciben esos funcionarios. 

     El presidente dijo en su conferencia de prensa matutina que los principales afectados con el recorte salarial que pretende imponer su gobierno a altos funcionarios dentro el sector público nacional, serían los ministros del Máximo Tribunal por los elevados sueldos que reciben, de alrededor de 600 mil pesos.

     Sin embargo, la intención del mandatario de bajar los sueldos de los altos servidores gubernamentales recibió un severo golpe cuando el viernes el ministro Alberto Pérez Dayán aceptó el trámite de acción por inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición contra una nueva ley que entró en vigor recientemente para reducir las remuneraciones de los servidores públicos.

     Con la aceptación del ministro Pérez Dayán, el gobierno de López Obrador no podrá recortar los sueldos de los servidores públicos hasta que el Máximo Tribunal determine si la nueva ley viola o no la Constitución. Si la viola podría ser derogada, pero si la ratifica los recortes procederán.

     Claro que la decisión de la Corte no fue bien vista por los legisladores que la aprobaron o por el propio López Obrador, quien, sin embargo, dijo que respeta la decisión de la Suprema Corte y respetará a que resuelva la acción de inconstitucional

     Los salarios de los altos funcionarios del país “son exagerados, son ofensivos. . . de manera particular en el Poder Judicial, [porque] llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales. Eso es ofensivo, eso no tiene que ver con el cambio que está demandando la gente ni con la justicia”, dijo el presidente durante su conferencia matutina. Así los integrantes del Poder Judicial, entre los que se encuentran los ministros de la Suprema Corte, “son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo”.

Pero ante esa aseveración, el Máximo Tribunal reaccionó y aclaró que la cifra del presidente era incorrecta, al menos para el Poder Judicial de la Federación (PDJ). 

“Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales”, escribió el Máximo Tribunal en su cuenta oficial de la red social Twitter.

La Suprema Corte, además, invitó a los ciudadanos a consultar la “información real que cada año, de manera transparente”, es publicada en el Diario Oficial de la Federación, y en la que revela la forma en la que se integra el salario de los miembros del Poder Judicial.

De acuerdo al tabulador de las remuneraciones que aplicó ese poder a lo largo de este año, los ministros de la Suprema Corte han sido los que mejores sueldos mensuales han ganado este año, al ascender estos a 269 mil 215 pesos (13 mil 260 dólares) mensuales.

Además, por concepto de aguinaldo, prima vacacional y pago por riesgo, los ministros recibirán este año un total de 998 mil 975 pesos al año, que repartido en 12 meses representaría una suma adicional de 83 mil 248 pesos (cuatro mil 100 dólares) mensuales.  

El sueldo mensual que recibe entonces un ministro, bajo el supuesto de que las prestaciones anuales fueran pagadas al mes, sería de 352 mil 462 pesos (17 mil 360), cifra lejana a la mencionada por el presidente López Obrador.

Algunos coinciden con el presidente en el sentido que la compensación de los ministros de la Suprema Corte está integrada por conceptos injustificados que requerirían ser ajustados, como lo es el bono de seguridad o prima de riesgo.

Un ajuste es “quitar una serie de conceptos y de pre vendas en el ingreso de muy altos funcionarios”, dijo Miguel Carbonell, quien es un abogado experto en derecho constitucional, en entrevista con el analista Leo Zuckermann, en el programa Es Hora de Opinar. Por ejemplo, “este año estaba previsto en el presupuesto que el den un bono de seguridad a los ministros. . . [pero también] tienen guaruras, tienen camionetas” blindadas, no tiene caso.

Por lo que se refiere al resto de los integrantes del Máximo Tribunal, los sueldos no son despreciables e incluso superan el que a partir de este año está recibiendo el presidente López Obrador de 108 mil pesos. Así, por ejemplo, el sueldo de un secretario general, o de un oficial mayor, que es el cargo que se encuentra por debajo del de ministro en el tabulador de 2018, es de 213 mil 708 pesos al mes netos, bajo el supuesto de que las prestaciones anuales fueran pagadas también de forma mensual. 

Claro que para algunos analistas, los altos salarios de los funcionarios del PJF están hasta cierto punto justificados ya que con esos sueldos se garantizar la independencia e imparcialidad judicial al evitar una captura regulatoria de quienes imparten justicia en el país y tienen que afectar, en ocasiones, poderosos intereses.

Esta consideración, si embargo, no la reconoce López Obrador, quien durante su conferencia de prensa matutina agregó que los altos salarios en el poder judicial son injustificables pues no tampoco garantizan con ellos una correcta administración de la justicia.

Claro que no sólo han sido la CNDH o los senadores de oposición los que han presentado recursos contra la intención de López Obrador de reducir los sueldos de los servidores públicos sin un análisis más cuidadoso de las labores, responsabilidades y riesgos que toman funcionarios gubernamentales.

De ahí que diversos magistrados y jueces federales han también buscado protección constitucional al presentar amparos contra la ley de remuneraciones que desea implementar López Obrador. Ellos argumentan que la ley afecta sus condiciones laborales, a pesar de encontrarse protegidas por la Constitución.

La constitución determina, en su artículo 94, que no se puede realizar una reducción a los ingresos de los funcionarios del PJF durante el tiempo de su encargo, ya que con ellos se busca evitar que las decisiones de los jueces y magistrados puedan ser sujetas a chantajes de reducciones salariales por parte del poder ejecutivo o de otros intereses políticos y económicos.

Por ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito dijo en un comunicado que la afirmación de López Obrador sobre el salario que perciben es una intromisión contra las actividades de ese poder, porque con la reducción lo quiere debilitar y así eliminar el contrapeso que existe entre los Poderes de la Unión.

El presidente ofrece “un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público señalando cantidades excesivas”, dijo Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación, en un mensaje que leyó frente a medios de comunicación. Porque la cantidad de 600 mil pesos mensuales señalada por López Obrador “no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios”.

La reducción de los salarios de los integrantes del PJF y del resto de los servidores públicos no es lo único que quieren modificar los miembros del gobierno de López Obrador. Los legisladores del partido del presidente, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes aprobaron la Ley de Remuneraciones, también aprobaron un cambio al Código Penal Federal bajo el cual aquellos servidores que reciban un ingreso mayor al que percibe el presidente y no lo reporte en un plazo de 30 días, serán acreedores a una pena privativa de la libertad.

De ahí que los amparos que han presentado magistrados y jueces federales tengan como argumento que ante los cambios de la ley y del Código Penal, ellos podrían ser sujeto de una acusación por una acción ajena a los mismos funcionarios.

Claro que los amparos que se han presentado ante los tribunales federales no deber resultar en sorpresa para la actual administración federal, pues incluso la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fuera ministra de la Suprema Corte, indicó hace algunos meses que frente a la intención de López Obrador de recortar salarios, esto podría generar una oleada de amparos que podrían ser incluso procedentes, lo que impediría la aplicación de la ley de remuneraciones.

Ahora bien, con la admisión a trámite de la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte podría derogar la ley que prevé el recorte salarial en su totalidad y no sólo para los funcionarios del PJF, si los ministros consideran que con ella se viola la Constitución mexicana.

Si la Suprema Corte resuelve por mayoría de ocho votos que esa ley es inconstitucional, entonces se derogará. Si eso ocurre, entonces los legisladores de Morena podrán intentar de nuevo redactar una nueva ley para reducir los salarios de los funcionarios gubernamentales pero siguiendo los lineamientos que muy probablemente dicte el Máximo Tribunal en su resolución a favor de la inconstitucionalidad de la ley actual.