México mejora oferta por bonos NAIM tras aumento bonistas opositores

11 de dic. (Sentido Común) -- El gobierno de México adelantó que mejorará la primera oferta para recomprar los bonos verdes emitidos para financiar la construcción del exánime Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y cambiará las modificaciones propuestas a las cláusulas de los contratos de los títulos, como respuesta al rechazo expresado por la mayoría de los tenedores.

     La oferta que muy probablemente oficializará en las próximas horas el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MexCAT, por sus siglas en inglés), el vehículo mediante el cual fueron vendidos los bonos, incluye mejorar la oferta de entre 900 y mil dólares por cada mil del principal a mil dólares, además de mejorar de 7.5 a 10 dólares el premio por consentir las modificaciones a los contratos, dijo en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

     El fideicomiso “planea enmendar sus ofertas de licitación y solicitudes de consentimiento previamente anunciadas después de considerar las respuestas de los tenedores de notas y otras partes interesadas”, señaló la autoridad presupuestaria del país en el comunicado.

     México decidió endulzar su oferta un día después de que un grupo de tenedores de bonos de largo plazo por mil millones de dólares que contrató para asesoría al despacho internacional, Hogan Lovells, reiterara su rechazo a la propuesta y anunciara que ya sumó un respaldo que rebasó el 50% de tenencia de los bonos, más del doble de los acreedores que lo conformaban inicialmente.

     Con la negativa de más de la mitad de los bonistas a aceptar tanto la oferta económica como la nueva propuesta en los contratos estipulados, era imposible que el Fideicomiso pudiera acometer el plan que implica redirigir sin consecuencias devastadoras los recursos para cancelar la construcción de la mega terminal de Texcoco y en su lugar construir una terminal en la base militar de Santa Lucía y reacondicionar los aeropuertos internacionales de Ciudad de México y la de Toluca.

     Además de mejorar el precio de la oferta y el premio por aceptar las nuevas condiciones, este último será adicional a los mil dólares ofertados, a diferencia de la oferta anterior, en la que el premio estaba incluido dentro del precio que fuera convenido.

     Otro de los cambios que podría darse en el nuevo contrato es la desaparición de un segundo premio por aceptar de manera temprana la oferta de recompra, que fue establecido previamente en 50 dólares por cada mil dólares del principal, ya que en el comunicado emitido por Hacienda no está referenciado.

     El Fideicomiso también propondrá cambios a su solicitud de modificaciones, relacionadas con las inquietudes de los bonistas en cuanto a los términos de pago de sus instrumentos tras cerrar la oferta.

     El gobierno solo detalló que los cambios están relacionados con los fondos de la actual terminal capitalina y con el reembolso de los bonos a su vencimiento, y probablemente mantenga sus objetivos originales de deslindar los certificados del NAIM para evitar que constituya una causa de incumplimiento, así como asegurar el pago de los instrumentos con los flujos generados por el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

     “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cree que estos cambios son en el mejor interés de los tenedores, y que abordan las preocupaciones planteadas por los tenedores en la medida de lo posible, en consonancia con las orientaciones de política del gobierno mexicano”, señaló la autoridad sin mencionar directamente la cancelación del NAIM a la vez que instó a los acreedores a actuar de manera expedita para aceptar su propuesta.

     El fideicomiso de los bonos busca recomprar mil 800 millones de dólares de los instrumentos que emitió en cuatro series en 2016 y 2017, con los cuales recabó seis mil millones de dólares. No está claro cuánto dinero ya había sido ejercido, pero probablemente no fue lanzada una oferta mayor ante el avance de aproximadamente un tercio que ya lleva la obra en Texcoco.

     El grupo de bonistas, identificado como ad hoc, y asesorado por el bufete legal Hogan Lovells, se expresó desde un principió preocupado por la eliminación de garantías e incumplimiento relacionadas con el NAIM; por la capacidad de ofrecer garantías del actual aeropuerto capitalino; por el posible trato inequitativo de dos series; y porque los premios por aceptación no eran adicionales al precio mínimo de compra.

     Los acreedores, no obstante, mostraron disposición para la negociación. Probablemente la nueva oferta no incluye pláticas con este grupo de tenedores, dado que apenas unas horas antes estos reiteraron su desacuerdo y comunicaron que adquirieron fuerza, pero las autoridades dijeron que contemplaron sus inquietudes.

     Desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del proyecto --tras una polémica consulta ciudadana-- a finales de octubre, muchos anticiparon dificultades para concretarlo, principalmente por la reticencia que se esperaba ver por parte de las compañías constructoras de las principales obras.

     El grupo encargado del financiamiento --que incluye a inversionistas institucionales de renombre-- es el primer gran obstáculo del nuevo gobierno y sus exigencias se centran en no permitir una reducción en las garantías de pago ni en los términos de sus inversiones.

     El Grupo. . . “no puede apoyar la versión actual de la propuesta y solicitud de consentimiento”, reiteraron los tenedores de bonos en el comunicado antes de conocer la nueva oferta del gobierno mexicano. Sentido Común buscó sin éxito una opinión de los tenedores tras el último comunicado del gobierno.

     La postura adquirió un nuevo significado ahora que el grupo cuenta con el respaldo necesario para bloquear la oferta.

     Ante este panorama, algunos creen que la salida más adecuada para el gobierno de López Obrador es recular y mantener la construcción de la nueva terminal aérea en Texcoco, ya que representaría un menor costo económico y político.

     “El pago de los bonos es una decisión más controversial que la cancelación del proyecto. Carece de sentido dentro de la narrativa del propio gobierno de buscar recursos financieros y eliminar el dispendio”, escribió Antonio Ocaranza, experto en asuntos públicos, en un artículo de opinión publicado en el diario El Financiero. “Más aún, representa un peligro político para López Obrador porque la oposición y sus detractores pueden encontrar en esta decisión un torpedo que impacte la credibilidad del gobierno por debajo de su línea de flotación”.

     El gobierno y los tenedores de los bonos cuentan con alrededor de tres semanas para alcanzar un posible acuerdo que permita destrabar la recompra, ya que la oferta finaliza el 4 de enero, dos días después de su vencimiento original.