Banco de México, como otros, presenta controversia contra recorte salarial

4 de ene. (Sentido Común) -- El plan del presidente Andrés Manuel López Obrador por bajar los salarios de todos los funcionario gubernamentales y acabar con los privilegios de una supuesta “burocracia dorada”,que desde su perspectiva tienen sueldos excesivos, encontró un nuevo obstáculo ayer cuando Banco de México decidió presentar, como otros entes autónomos y miles de servidores públicos, una controversia, en este caso constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra de ley bajo la cual los sueldos de funcionarios gubernamentales quedan topados al salario del mandatario en turno. 

     De acuerdo con el banco central mexicano, la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que determina que ningún servidor público podrá ganar un salario superior a los 108 mil pesos (cinco mil 510 dólares) al mes que recibe, desde diciembre y en términos netos el presidente, no es clara sobre las contraprestaciones que pueden obtener los trabajadores de ese órgano autónomo del gobierno.

     Por ello, el Instituto Central determinó acudir ante el Máximo Tribunal del país,  para que éste determine si los cambios legales que limitan el salario de sus colaboradores no contradicen la Constitución.

     “El objeto de la promoción de dicho medio de control constitucional es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca y delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, en relación con la autonomía que la propia Constitución Política reconoce y confiere, de manera expresa, al Banco de México”, dijo el Instituto Central, en un comunicado, aclarando que mientras ya ajustó los salarios de sus servidores conforme a la citada ley y a lo contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

     Banco de México además dijo que acatará las resoluciones que adopte en torno a esta controversia el Máximo Tribunal del país y que el presupuesto que ejercerá esté año, en sintonía con los esfuerzos del gobierno de López Obrador de instaurar un estilo de operación austero, crecerá a una tasa menor al crecimiento autorizado por los legisladores para el gasto del gobierno en su conjunto

    Nuestro presupuesto “guarda congruencia, en su evolución, con la del presupuesto” del gobierno federal, agregó el banco central mexicano en su comunicado.

     La dependencia agregó que algunos de sus funcionarios, junto con el Sindicato Único de Trabajadores de Banco de México, han promovido también diversos amparos en contra de la nueva ley de remuneraciones y también contra algunos aspectos del presupuesto económico de 2019, por lo que respetará las resoluciones que adopte el Máximo Tribunal con relación a estos amparos individuales o de su sindicato.

     “Banco de México acatará, en todo momento, las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales competentes”, agregó Banco de México. 

     La ley de remuneraciones reglamenta de hecho el artículo 27 de la Constitución, en el que los legisladores constituyentes decidieron determinar que ningún funcionario gubernamental pudiese obtener un salario mensual neto superior al del presidente de la república. 

     López Obrador decidió al asumir el poder reducir su salario en más de 40%, lo que sumado a la nueva ley que reglamenta el artículo 27 constitucional ha generado descontento en diversos funcionarios gubernamentales que han visto un fuerte recorte a su prestación mensual. 

     Claro que la ley de las remuneraciones cuenta con una excepción, la cual aplica sólo a aquellos servidores públicos con una especialidad técnica, como los directores de hospitales públicos, quienes podrán percibir un salario hasta 50% superior al del presidente. 

     Por otro lado, los organismos autónomos quieren saber si esa categoría de autónomos no les proporciona un blindaje en términos de una decisión que tomó el presidente de reducir fuertemente su salario y que afecta su desempeño. De ahí, que Banco de México no sea ni el primer ni el único organismo autónomo que presente una controversia constitucional por los ajustes salariales que trajo el recorte salarial de López Obrador y la aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

     Hace dos días, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el organismo regulador que combate las prácticas monopólicas y las concentraciones ilegales en México, también presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra de los ajustes salariales que implicaron para algunos de sus servidores el recorte al salario del presidente y la entrada en vigor de la ley de remuneraciones. 

     Para ese organismo autónomo, al igual que para Banco de México, la atracción y retención de talento es fundamental para proteger su autonomía operacional, por lo que requiere de certeza jurídica relacionada con las contraprestaciones de sus trabajadores.

     Antes que Cofece, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de partidos de oposición interpusieron también sus respectivas controversias constitucionales ante la Suprema Corte, Además, varios integrantes del poder judicial, como magistrados, jueces de distritos y secretarios, también plantearon amparos porque consideran que la nueva Ley de Remuneraciones viola el artículo 94 de la Constitución que los protege de recortes a sus salarios. 

     Con ese artículo, los legisladores constituyentes buscaron proteger a los magistrados de una influencia negativa por parte del Poder Ejecutivo, a quien le quedó prohibido reducir sueldos de los miembros del Poder Judicial en activo para evitar que pudieran ser objeto de un chantaje en torno a ciertas resoluciones que podrían ir en contra de funcionarios gubernamentales.

     Así, deberá ser el poder judicial el que resuelva las controversias y amparos impulsados contra el recorte salarial del presidente y la esfera de influencia de la Ley de Remuneraciones. 

     “Esto ya no es un asunto que dependa de nosotros, no es conmigo es con la ley. . . nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome” el poder judicial, dijo López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, ante una pregunta acerca de la controversia impulsada por Banco de México. “Si se amparan, que además es un derecho que tienen. . . son las autoridades competentes las que van a resolver”.