Mexicanos, agobiados por la violencia, enfrentan larga, fútil espera de justicia

Acapulco, 7 de ene. (Dow Jones) -- Leslie Cahori Jiménez y Erika Chávez se conocieron en su primer año de universidad en esta ciudad portuaria e hicieron buena migas. Erika, popular y guapa, ayudaba a Leslie con su tarea, la invitaba a dormir y le prestaba ropa.

Cuando Erika fue secuestrada a fines de 2010, Leslie visitaba su casa todos los días, dijo la madre de Erika, Gabriela Victoria. Leslie ofrecía incluso cuidar al hermano menor de Erika para que la madre pudiera buscar a su hija desaparecida.

Cuando el cuerpo maltratado de Erika apareció 11 días después de su desaparición, Leslie se arrojó al ataúd en el funeral y gritó entre lágrimas: “No merecías esto”, dijo Victoria.

Sin embargo, Leslie ayudó a organizar el secuestro, de acuerdo a un reporte policial, que incluía su confesión. Ella alimentó a Erika mientras estuvo atada en la casa de otro amigo durante 11 días, agrega el informe.

Luego Erika fue violada, estrangulada y tirada en un campo, su cuerpo atado metido en una caja de pañales y su cabeza envuelta en una bolsa de plástico. Su familia había pagado alrededor de mil quinientos dólares para el rescate con la esperanza de recuperar a Erika.

Leslie y otras 10 personas fueron arrestadas en 2013, y todas confesaron, en algunos casos, hasta 10 asesinatos. La policía encontró videos en algunos de sus teléfonos celulares de las víctimas, amigos, compañeros de clase y amantes de los presuntos perpetradores, siendo torturados. Los acusados informaron a la policía las fechas y los lugares donde ocurrieron los secuestros, y la ubicación de una casa de seguridad donde se escondían a sus víctimas.

Allí, la policía encontró pruebas físicas, como un hacha manchada de sangre y un machete, de acuerdo con las copias de los archivos del caso revisados ​​por The Wall Street Jounal.

Después de casi seis años, no se ha dado ningún veredicto.

En el caso del secuestro y asesinato de Erika ni siquiera ha habido una audiencia. Muchos familiares de las víctimas temen que los presuntos asesinos salgan pronto de la cárcel. Algunos dijeron que habían sido amenazados por familiares de los acusados. Casi todos han huido de Acapulco a diferentes partes del país, donde viven escondidos.

En México, los que han perdido a un ser querido por el crimen a menudo sufren dos veces: primero, por el crimen mismo y luego por las implacables fallas del sistema legal.

El 93% de los delitos en México nunca se denuncian debido a la desconfianza de la policía y los tribunales, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Las Américas de Puebla. De los reportados, solo 3.6% termina en un veredicto.

El estudio de la universidad encontró además que México ocupa antepenúltimo lugar de 69 países estudiados, en cuanto a niveles de impunidad, o la frecuencia con la que alguien puede salirse con la suya tras violar la ley.

Otros países de América Latina ocuparon los cinco peores lugares de los 10 niveles más pobres en materia de castigo a los criminales.

La debilidad de los sistemas judiciales, así como una muy débil o casi inexistente aplicación de la ley, son algunas de las principales razones por las cuales la violencia parece incontrolable en América Latina, que tiene la tasa más alta de homicidios de todas las regiones del mundo.

“El acceso a la justicia en México es para aquellos con dinero o poder político”, dijo Victoria.

Incluso en Acapulco, que acumula más asesinatos al año que Italia, España, Portugal, Suiza y los Países Bajos juntos, los detalles bajo los cuales se realizan los asesinatos impactan a sus residentes.

De los 11 arrestados en el caso de Erika --la policía los llama pandilla Cahori--, después del segundo nombre de Leslie, todos excepto uno eran adolescentes cuando comenzaron a realizar secuestros. Todos menos uno terminaron la escuela secundaria, cuatro fueron a la misma universidad que ella y uno tenía un título de abogado.

De acuerdo con los archivos de la policía, varios de los acusados ​​se turnaron para elegir a un conocido a fin de secuestrarlo. La víctima sería retenida durante unos días hasta que recogieran el dinero del rescate, luego la matarían y tirarían. (Una víctima, supuestamente el primer secuestro, fue liberada con vida).

En algunas ocasiones, los presuntos pandilleros se presentaron en los funerales de sus víctimas y lloraron con los padres.

El rescate varió de unos pocos miles a más de cien mil 100,000 dólares, en un caso. De acuerdo con un resumen policial del caso, Leslie obtuvo dos mil pesos (poco más de 100 dólares) del dinero del rescate, por haber secuestrado a su amiga Erika.

“Lo usaría para pagar las cuotas escolares, el pasaje del autobús y para comprar comestibles para mi familia”, dijo en su confesión sobre el pago de los rescates.

Los múltiples intentos de contactar a un abogado que representaba a Leslie no tuvieron éxito. En documentos judiciales, ella se declaró inocente.

Diez de los pandilleros siguen en la cárcel, en espera de un juicio. Dos de ellos han sido ya excluidos de uno de los asesinatos por errores de procedimiento por parte de la policía, y las familias temen que el precedente se use también para eximir al resto de los asesinos.

Otro presunto miembro, representado por un destacado abogado, fue puesto en libertad en mayo de 2016.

El 1 de junio de ese año, el padre de una de las víctimas, quien había participado activamente en declarar contra la pandilla, fue asesinado. Su cabeza cortada se colocó sobre su cuerpo y se dejó cerca de un gran supermercado cerca de su casa, en la víspera del aniversario del asesinato de su hijo.

La familia, que no sabe si los asesinatos están relacionados, salió de Acapulco esa noche, no ha regresado a su casa y no presentó una denuncia policial por temor a represalias.

“Incluso los casos más excepcionales y notables en este país no se resuelven”, dijo el padre Jesús Mendoza, un sacerdote local, quien ofrece apoyo a las víctimas de la violencia. “Las víctimas llegan al sistema judicial y vuelven a ser víctimas, esta vez por negligencia, corrupción e incompetencia”.

 

Violencia normalizada

En muchos países, instituciones como la policía y los sistemas judiciales actúan al unísono contra la violencia. En una sociedad donde la impunidad es la norma, la violencia se torna lo más normal.

Un video que se volvió viral en Acapulco recientemente mostró a un grupo de niños pequeños, de entre cinco y ocho años de edad, jugando a fingir un secuestro. Dos pequeños, uno con una pistola de juguete, toman a sus prisioneros --dos niñas que pretenden estar atadas y amordazadas--, y actúan como si estuvieran cortando la cabeza de las niñas. En el fondo, los adultos se ríen.

“Nadie crece normal aquí”, dijo Néstor Rubiano, psicólogo de Doctors Without Borders, una organización benéfica con sede en Francia que ayuda a administrar dos programas de terapia psicológica en Acapulco, uno para víctimas de violencia y otro para víctimas de abuso sexual.

Cuatro supuestos miembros de la pandilla de secuestradores se inscribieron en el Instituto Tecnológico de Acapulco, una universidad local pública en la que estudiaba de todo, desde ingeniería eléctrica hasta arquitectura. Muchos de los estudiantes en el Tec, como se conoce localmente a la escuela, fueron abusados ​​cuando eran niños, dijo un profesor allí.

Alder Uriel, un joven de 19 años que estudia para convertirse en maestro, tuvo un romance con una de los acusados. Desapareció cuatro días antes de la Navidad de 2011, después de que los presuntos secuestradores lo recogieron en un centro comercial local para ir de fiesta.

Horas después de que la familia de Alder pagara unos 15 mil dólares de rescate en Nochebuena, Alder fue estrangulado. El día de Navidad, los presuntos pandilleros cortaron el cuerpo, pusieron las partes en diferentes maletas y bolsas y las tiraron en la acera de una calle cercana, de acuerdo con su testimonio.

Mientras tanto, la familia de Alder estaba frenética porque no habían visto a su hijo, a pesar de haber pagado el rescate. Su hermana menor, que entonces tenía 13 años, pasó parte de la mañana de Navidad buscando en internet señales de su hermano.

Más tarde, ese mismo día, se encontró con un sitio web del crimen local que tenía una imagen de su cuerpo desmembrado, dijeron miembros de la familia en una entrevista.

La acusación más espantosa es el doble asesinato de Martín Ríos, un joven adolescente y su mejor amiga, Karla Iveth Antúñez.

Leslie y otro miembro de la pandilla habían conocido a Martín desde la escuela secundaria. De acuerdo con la confesión de Leslie, ella llamó a Martín y le dijo que necesitaba mudarse de casa y que quería que él le ayudara a empacar. Cuando ella y otro miembro de la pandilla llegaron a recoger a Martín el 30 de mayo de 2012, Karla también estaba allí.

La pandilla los tomó a ambos. Días después, Karla fue estrangulada hasta morir y luego Martín fue apuñalado en el corazón con un punzón de hielo repetidamente, de acuerdo con el testimonio de varios de los acusados.

 

Víctimas por segunda vez

Victoria, la madre de Erika, no sabe por qué su hija fue secuestrada. Erika obtuvo buenas calificaciones, le encantaba el patinaje sobre hielo y era una ávida lectora en una ciudad con pocas librerías. El último libro que leyeron juntos la madre y la hija fue “Crónica de una muerte anunciada” del escritor colombiano, Gabriel García Márquez.

Cuando su hija desapareció en 2011, Victoria dijo que fue directamente a la policía.

Jaime Ramírez, comandante de la policía de investigación, fue puesto a cargo. Frenética, Victoria fue a la estación de policía todos los días para recibir actualizaciones. Ella tuvo la impresión de que nadie estaba trabajando en el caso. Después del cuarto día, decidió acampar en la estación.

El comandante Ramírez la instó a irse a su casa, dijo, diciendo que se ocuparía del caso. Victoria se negó. Así que hizo una llamada en su teléfono celular y le pasó el teléfono. En el otro lado de la línea estaba una bruja de la ciudad natal del detective --Xaltianguis.

La bruja le dijo a Victoria que había visto la foto de su hija y concluyó que había sido secuestrada por un chico que estaba enojado porque no era su novia, pero que regresaría a casa a salvo.

“¡Esta bruja fue su investigación!”, dijo Victoria.

La policía de Acapulco dijo, tras recibir diversas preguntas, que no podía comentar sobre el caso.

Victoria fue a los cuarteles locales de la Marina para pedir ayuda. Los oficiales ahí le dijeron que no podían intervenir. Ella fue entonces a la base militar del ejército. Allí, un simpático oficial le dijo que podían venderle un arma y practicar su tiro para que ella pudiera defenderse.

Llamó a la oficina del procurador general de la república y le dieron el número del jefe del comandante Ramírez en la capital del estado. Él le aseguró que enviaría a alguien más para ayudar en el caso.

Al día siguiente, cuando regresó a la estación, se le pidió que diera una segunda declaración completa sobre el secuestro.

La semana siguiente, un día después de que la familia pagara aproximadamente mil quinientos dólares de rescate, las autoridades encontraron el cuerpo de su hija.

Han pasado meses y, a veces, años desde los arrestos sin noticias de los diversos tribunales que manejan los casos. A la policía forense le tomó un año y medio analizar el contenido de los teléfonos móviles de los pandilleros, que contenía videos de rehenes golpeados. (Los videos se habían enviado a los padres para alentar los pagos de rescate).

Tomó cinco años para que se analizara una computadora portátil encontrada en la casa de seguridad.

Los archivos de casos, revisados ​​por The Wall Street Journal, son una ventana al sistema legal. Los nombres y apellidos de los sospechosos y los testigos se escriben mal en varias ocasiones, al igual que los nombres de lugares, marcas y tiendas locales.

Las fechas y los números de archivo se contradicen entre sí. Las declaraciones cambian bruscamente de primera a tercera persona. Hay cinco versiones diferentes sobre cuánto dinero ganaron los supuestos miembros de la pandilla con cada secuestro.

 

La policía da un paso en falso

La tortura o las palizas para obtener confesiones es una práctica común entre la policía mexicana, que a menudo carece de capacitación para el trabajo de detectives. Un abogado defensor de uno de los presuntos pandilleros, José Abaunza, dijo que su cliente fue torturado por la policía para obtener una confesión y es inocente. Un psicólogo designado por el Estado dijo que Abaunza tenía las cicatrices psicológicas del maltrato.

Marco Antonio Ordorica, uno de los pocos jueces locales que supervisan el caso, dijo que no podía comentar sobre las acusaciones, pero agregó: “si dejo a todos los que dicen que fueron maltratados por la policía, las cárceles estarían vacías”.

Los familiares de las víctimas a menudo hacen su propio trabajo de detective. La madre de Ríos encontró a dos testigos que comían pizza con su hijo el día que fue secuestrado. Le dijeron que Leslie le llamaba repetidamente pidiéndole ayuda para mover muebles. Los testigos dijeron que Leslie finalmente lo convenció para que la ayudara.

La madre les pidió que declararan. Uno se negó, diciendo que estaba demasiado asustado, dijo la madre. El otro estuvo de acuerdo, pero cuando el abogado de los miembros de la familia le dijo que tendría que enfrentar a los presuntos pandilleros en la corte, dijo que no. Ambos testigos ya han huido de Acapulco.

Las familias de las víctimas confían en abogados designados por el gobierno para ayudarles a navegar el sistema judicial.

Milixa Sorroza, quien está ayudando a Victoria y algunas de las otras familias, es abogada de un comité del gobierno federal para ayudar a las víctimas de la violencia.

Victoria dijo que Sorroza se ha negado a contarle sobre desarrollos cruciales, incluidas las audiencias programadas. En otra ocasión, en 2013, Sorroza invitó a todos los miembros de la familia a Acapulco para lo que se suponía que era una sentencia en el caso. Resultó que los tribunales estaban cerrados por ser un día feriado.

En 2014, varios padres enviaron una queja formal a la Comisión Nacional de Víctimas sobre Sorroza. Recibieron una respuesta formal del Comité Nacional de Derechos Humanos tres años después, diciendo que la agencia no encontró ningún delito.

Sorroza rechazó repetidas solicitudes para una entrevista.

Algunos de los presuntos pandilleros han podido pagar por abogados privados. La policía no ha confiscado ningún bien o ganancia de los supuestos secuestros.

José de Jesús Gálvez, quien fue absuelto de cargos y liberado en 2016, estuvo representado por uno de los mejores abogados de Acapulco, Francisco Espinoza Grado, desde inicios de 2013.

A mediados de 2014, Espinoza abandonó el caso luego de ser nombrado ministro del máximo órgano de supervisión judicial del estado, pero nombró a su sobrino para continuar con el caso. El sobrino ganó la absolución mientras el tío estaba en un cuerpo de supervisión judicial.

La comisión federal de víctimas está apelando la decisión de liberar a Gálvez. Gálvez ha dicho que es inocente. Espinoza y su sobrino declinaron las solicitudes de entrevistas.

 

Sobrecargado

Victoria visitó recientemente al fiscal que se ocupa del caso de su hija, Eduardo Zamora. Zamora le dijo a Victoria que no tenía ninguna noticia sobre el caso, pero esperaba que pudiera haber una audiencia en los próximos seis meses.

Él se negó a discutir los detalles del caso con un reportero visitante, citando la ley mexicana. Él habló de un sistema judicial sobrecargado y con fondos insuficientes. Mientras caminaba por sus oficinas, esquivó pilas de archivos de casos, algunos de casi 30 centímetros de alto.

“Algunos de estos casos tienen 15 años”, dijo, sacudiendo la cabeza. “Nunca nos ponemos al día”.

México tiene solo cuatro jueces por cada 100,000 habitantes, cinco veces por debajo del promedio global, de acuerdo con el estudio de la universidad de Puebla. Solo hay 3.5 fiscales por cada 100,000 residentes, también muy por debajo del promedio global.

Antes de irse de Acapulco, Victoria dijo que fue amenazada por el padre de un presunto pandillero. Durante semanas a la vez, el padre aparecía fuera de la escuela donde estudia el hijo de Victoria y le mostraba el arma en su cinturón, dijo.

“Sé dónde vives”, dijo ella que le dijo.

“¡También sé dónde vives, imbécil!”, respondió ella.

Otras veces, cuando ella llegó a la corte para las audiencias de los otros casos de secuestro, el padre estaba en una esquina cercana, mirándola, agregó ella.

En varias audiencias, los presuntos miembros de la pandilla hicieron gestos a las familias de las víctimas indicando una simulación de acto de degollación, de acuerdo con dos padres de víctimas. El juez que presidía y los fiscales fueron testigos de esto, pero no hicieron nada, dijeron los miembros de las familias.

José Miguel Campechano, cuya hija Itzel fue secuestrada y fue la única víctima de la supuesta pandilla liberada con vida, dijo que recibió una visita amenazadora a su oficina en un hospital privado poco después de que la pandilla fuera capturada.

Los padres y los hermanos de la persona acusada de haber elegido a Itzel como víctima de secuestro estaban sentados en la sala de espera.

Un hermano mayor le pidió que abandonara el caso, recordó Campechano. “Me dijo: tu hija está viva, tú estás viva, otros murieron”.

Campechano lo tomó como una amenaza, dijo en una entrevista. Mientras hablaba, abrió un cajón de su escritorio y le mostró a un reportero visitante su arma. “Vienen por mí, estoy listo”.

Campechano dice que el sistema legal no ha hecho nada para ayudar a las familias a seguir adelante. Dijo que su hija nunca se ha recuperado psicológicamente de la prueba.

“Me gustaría pasar la página sobre esto. Para cerrar el libro. Pero nunca se va”, dijo.