México acusa, sin pruebas, a 9 exfuncionarios por supuesto conflicto interés energía

11 de feb. (Sentido Común) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó duras críticas y acusaciones, aunque sin sustento, contra nueve exfuncionarios de gobiernos anteriores por haber decidido participar en empresas de energía del sector privado tras terminar sus encargos como servidores públicos, algo que desde su perspectiva es inmoral y representa un supuesto conflicto de interés.

     Sustentado en una valoración hasta cierto punto subjetiva de lo que deben y no deben hacer exservidores públicos, López Obrador y el director general de la empresa eléctrica estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ofrecieron los nombres de los nueve servidores públicos que desde su perspectiva, al aceptar cargos en empresas privadas, aprovecharon información privilegiada en favor de esas compañías para que desarrollaran sus negocios en México.

     “Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un expresidente, a un funcionario, en este caso del sector energético, en donde opera la empresa. Eso es totalmente inmoral, eso no puede hacerse en otros países”, dijo el mandatario, quien tiene 65 años de edad, en su conferencia de prensa matutina. “¿Dónde se hace? Donde se les permite, pero México no es ya tierra de conquista, eso se termina”.

     Los señalamientos de López Obrador y de Bartlett estuvieron, sin embargo, carentes de pruebas de posibles conductas ilegales de los nueve servidores públicos por uso de información privilegiada, al tiempo que, a diferencia de lo que dijo el presidente, ésta es una práctica bastante común en otros países en donde servidores públicos pasan a trabajar a empresas privadas tras terminar sus obligaciones públicas y tras cumplir con el plazo que la ley marca de no poder participar en ciertos sectores para evitar precisamente el posible conflicto de interés.

     De ahí que algunos analistas, e incluso los mismos servidores públicos señalados, tras escuchar a López Obrador y Bartlett denostarlos, equipararan las acusaciones a un linchamiento público.

     “El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una receta para avanzar sin resistencia: cuando quiere impulsar algo, empuja simultáneamente su idea y una sospecha”, escribió Salvador Camarena, un editorialista con el periódico El Financiero, en su columna, en referencia a que no debe sorprender las críticas del presidente a los exfuncionarios públicos para dar marcha atrás a la apertura del sector energético mexicano a los capitales privados --nacionales y extranjeros.  

     Incluso, para otros, las críticas sin sustento legal del presidente y el director de CFE a los exservidores públicos, más a tres empresas privadas que tienen contratos con la empresas estatal por supiestamente conrar sin terminar obras, ponen en riesgo futuras inversiones de compañías privadas en el país, que han apostado por mejorar la capacidad de generación, transmisión y distribución eléctrica nacional. Algo que, dijeron, de no cuidarse podría ir en perjuicio del crecimiento y el desarrollo económico que el mismo mandatario quiere impulsar para México.

     “Quién en su sano juicio, con ese tipo de acusación en la plaza pública, va a invertir en este país”, dijo un especialista en la industria energética en México, quien prefirió no ser identificado, en una entrevista telefónica. 

     Los exfuncionarios señalados por Bartlett y López Obrador por un posible conflicto de interés fueron: el expresidente Felipe Calderón, quien también fue secreetario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, por haberse desempeñado como consejero independiente en la firma estadounidense Avangrid, una filial de la compañía española Iberdrola, cargo al que renunció el año pasado y que no implicó tener participación en los negocios de la empresa controladora en México; José Córdoba Montoya, exjefe de asesores del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y quien ocupó un cargo en la empresa Proveedora de Servicios de Energía; y Jesús Reyes Heroles González Garza, quien fue secretario de Energía al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo y quien ocupó la dirección general de la empresa estatal Petróleos Mexicanos en los primeros tres años de la administración de Calderón, por su participación como asesor en al menos cinco empresas, algunas de las cuales se crearon tras los cambios a las leyes y la Constitución mexicana para abrir a los capitales privados, nacionales y extranjeros, el sector energético nacional, principalmente el de hidrocarburos y eléctrico, en 2013 y 2014.

     Al momento en que se realizaba la conferencia matutina de López Obrador, el expresidente Calderón salió en defensa no sólo de su participación en una empresas privada del sector energético, sino también de los otros funcionarios criticados en la conferencia matutina.

     “En todo el mundo los consejeros independientes son valorados por su experiencia, incluyendo la gubernamental”, escribió el exmandatario, en su cuenta de Twitter. “El conflicto de interés se evita estableciendo una brecha de tiempo entre el desempeño del cargo y el desempeño profesional. En el caso de México la ley establece un año”.

     López Obrador dijo que espera cambiar ese lapso de espera entre el desempeño de un servidor público y su participación en una empresa privada para que sea ahora de 10 años, plazo que para algunos analistas parece demasiado largo dado que el funcionario tiene que tener la capacidad de poder obtener un empleo tras trabajar en el gobierno.

     “Les pido piensen (sin fobias) en el RIESGO de corrupción que se está construyendo en el servicio público: 1. Eliminan pensiones, prestaciones, protección y seguros 2. Les bajan sueldo 3. Se sataniza que trabajen después en su especialidad, legalmente, en el sector privado”, escribió Max Kaiser, especialista en derecho administrativo, exdirector del área de anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en su cuenta de Twitter, en referencia a las acciones que ha tomado el presidente con las remuneraciones actuales de los servidores públicos y que para muchls han debilitado el interés en convertirse en funcionario gubernamental.

     También Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, fue señalado por el presidente López Obrador y Bartlett ante el cargo que ocupa actualmente como director general y presidente del consejo de administración de la compañía Infraestructura Energética Nova, o IEnova, una empresa especializada en el transporte y almacenamiento de combustible, que cotiza en bolsa y que es filial de la empresa estadounidense Sempra Energy.

     Sacristán, vía un comunicado que emitió IEnova, salió en su defensa al decir que sus vínculos con el sector energético como servidor público se remiten a 28 días como director general de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos en diciembre de 1994, o dos años antes de que se constituyera la empresa y a la cual llegó en 2012, o 18 años después de su breve participación en Pemex.

     “Su último cargo en el sector público concluyó en diciembre de 2000. . . En su ejercicio profesional, en el sector público y privado, se ha conducido de forma ética, honesta y transparente”, dijo la empresa, con sede en Ciudad de México, en su comunicado.

     Otros funcionarios señalados por Bartlett fueron: Luis Téllez, exsecretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes; Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE; Georgina Kessel Martínez, exsecretaria de Energía; Jordi Herrera Flores, exsecretario de Energía; y Alejandro Fleming Kauffman, exjefe de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Energía.

     Todos estos exservidores públicos han ocupado cargos en diversas empresas vinculadas, directa o indirectamente, en compañías de energía, pero sin aparentemente violar la ley.

     “Esa es una lista de las personas más destacadas. . . para dar el resultado en esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas que han venido ganando terreno precisamente por esta vinculación con intereses de alto nivel mexicanos que, haciendo uso de su experiencia, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado”, dijo Bartlett, sin ofrecer detalles de cómo la participación de estos servidores supuestamente ayudaron a las compañías privadas a ganar terreno en la industria.

     Otros, sin embargo, no ven el conflicto de interés si se cumple con lo que marca la ley, que es separarse del cargo con un año de anticipación antes de ocupar un puesto en una compañía privada.

     “Trabajar en el sector público y después en el sector privado es lo que hacen los funcionarios honestos en cualquier parte del mundo. ¿O de qué viviría quien sale del gobierno?”, escribió Mónica Aspe Bernal, exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, quien ahora ocupa una posición en la compañía de origen estadounidense AT&T, en su cuenta de la red social Twitter. “¿Vergüenza? Trabajar en el gobierno y después ya no necesitar trabajo”.

     Para algunos analistas las críticas de Bartlett y López Obrador a los exservidores públicos se deben más que a un verdadero diagnóstico de los problemas por los que atraviesan las empresas de energía estatales, a una ideología contra la participación de capitales privados en las diversas industrias de energía del país.

     Ni López Obrador ni Bartlett han ocultado a lo largo de los últimos años su oposición a la apertura del sector a empresas nacionales y extranjeras que tuvo lugar en 2013 y 2014.

     Claro que pocos pensaron que, al llegar al poder, desconocieran las ventajas que los cambios pueden tener para las dos compañías energéticas del gobierno por la posibilidad, que no tenían antes, de asociarse con empresas privadas que podrían ayudarlas a mejorar sus potenciales de extracción, transporte y distribución de crudo y electricidad.

     Por el contrario, tanto el presidente como el director de CFE han optado, al parecer, por culpar, sin fundamentos, a exfuncionarios gubernamentales y a los capitales privados de las dificultades financieras por las que atraviesan las empresas estatales.

     “Desde que se inició esta política privatizadora, porque esa es la verdad, el que se le entregó una parte importante del mercado a empresas particulares en vez de mejorar, hemos empeorado en esta materia”, dijo el presidente, usando como medición para hablar del deterioro de CFE el hecho que hoy presuntamente compre la mitad de la energía que se consume en México, cuando hace más de tres décadas producía toda la electricidad que consume el país.

     Claro que el presidente no aclaró si la energía que compra la CFE es hoy más barata de la que ella produce y se hoy, a pesar de supuestamente producir la mitad de la electricidad que consume México, ese porcentaje de producción es mayor al de hace más de 30 años.

     De ahí que los especialistas no compartan el diagnóstico del presidente y Bartlett, el cual incluso calificaron como no sólo equivocado, sino incluso riesgoso para el gobierno actual y el desarrollo económico futuro del país.

     “Lo que más me agobia es cómo está matando la posibilidad de que le vaya a ir bien en su gestión”, dijo el especialista en materia de energía. “Si su verdadero objetivo fuera que los mexicanos estén mejor no haría lo que está haciendo, pero tiene tantas telarañas en la cabeza”.