México buscará renegociar contratos con 3 firmas por supuesto daño CFE

11 de feb. (Sentido Común) -- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras sugerir que empresas privadas utilizaron contactos gubernamentales de forma indebida para obtener ganancias “leoninas”, dijo que buscará renegociar siete contratos que firmó la empresa eléctrica estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE) con tres compañías para abastecerse de gas natural.

     Las compañías con las que el gobierno intentará sentarse para revisar los términos de esos contratos son: Transcanada, una empresa canadiense especializada en la edificación y operación de poliductos y gasoductos en Norteamérica; Grupo Carso, el conglomerado minorista e industrial del empresario mexicano Carlos Slim; e Infraestructura Energética Nova (IEnova), un compañía mexicana dedicada al transporte y almacenamiento de combustibles, filial de la compañía estadounidense Sempra Energy.

     “Es básicamente llegar a un acuerdo con la participación de las empresas”, dijo el presidente durante su conferencia de prensa matutina, no sin antes haber lanzado críticas a las empresas por supuestamente haber utilizado tácticas indebidas, o sospechosa, para obtener ventajas desmedidas que resultaron perjudiciales a CFE. “Yo espero que abriendo este diálogo con las empresas se logre una renegociación en beneficio de los mexicanos”.

     Para el presidente y el director general de CFE, Manuel Bartlett, la preocupación más grande es que la empresa está teniendo que pagar, conforme a los contratos que firmó con las tres empresas privadas, sumas millonarias por un servicio que esas compañías no están realizando: el transporte y comercialización de gas natural para la producción de electricidad en varias de sus plantas.

     El combustible no está llegando a las instalaciones de la empresa estatal porque los siete gasoductos que administran esas tres compañías no se han concluido o están bloqueados por la oposición de diversas comunidades, por las que pasa esa infraestructura de transporte, a su tendido.

     Sin embargo, las cláusulas de los contratos, que reflejan estándares internacionales para ese tipo de obras, obligan a CFE a pagar el gas aun cuando éste no esté llegando, ya que de lo contrario serían las compañías privadas constructoras de los gasoductos y que ganaron las licitaciones internacionales para llevar a cabo esas obras las que registrarían las pérdidas --algo que no ocurre en ninguna parte del mundo.

     Sin embargo, López Obrador descalificó a las empresas y los contratos a pesar de tratarse de una cláusula y práctica internacional que incluso se conoce como Take or Pay (Toma o Paga). El mandatario incluso dijo, sin ofrecer sustento, que los problemas financieros de la empresa eléctrica estatal se debían a esos contratos.

     “Hay siete gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21 mil millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad”, dijo López Obrador. “Todo esto ha afectado las finanzas de la” empresas estatal.

     Un ejemplo de los siete gasoductos que están sin operar es el que conecta el puerto de Guaymas, en el estado de Sonora, con El Oro, en el estado de Nayarit.

     Ese tramo de ese gasoducto, de 328 kilómetros de longitud y que ganó la empresa IEnova en licitación pública que realizó CFE en mayo de 2016, no ha podido entrar en operación por las protestas de las comunidades indígenas yaquis de la región, que se oponen a la obra por la supuesta afectación que representaría para el medio ambiente.

     El gasoducto fue incluso saboteado en junio de 2018 por lo que la empresa no lo pudo poner en marcha como esperaba para la segunda mitad del año pasado.

     Ante estos hechos y frente a las críticas que recibió IEnova, como Transcanada y Carso, la empresa mexicana sólo comentó en un comunicado que el contrato para el gasoducto Guaymas-El Oro lo ganó en licitación internacional bajo los términos que fijo CFE.

     “Todos los contratos de ductos de transporte de gas natural de la empresa con CFE fueron adjudicados bajo procesos de licitación pública internacionales abiertos y transparentes bajo estándares internacionales de la industria”, dijo la compañía con sede en Ciudad de México.

     Las críticas de López Obrador a las tres empresas que tienen la propiedad de los siete gasoductos con problemas las respaldó Manuel Bartlett Díaz, director general de CFE y para quien esas empresas están generando un boquete en la empresa que él dirige.

     Bartlett, de 82 años de edad, no aclaró, sin embargo, si CFE está realizando algún esfuerzo para lograr convencer a las comunidades que se oponen a los siete gasoductos a dejar de bloquear esos proyectos de infraestructura, como sí está haciendo con las protestas que se han desatado en el estado de Morelos por la puesta en marcha de una termoeléctrica propiedad de la empresa eléctrica estatal.

     El director de la empresa estatal sólo dijo que el problema se debía a los términos de los contratos firmados con las compañías privadas que, desde su perspectiva, estaban desangrando a CFE, sin, obviamente, aclarar que los contratos reflejan prácticas internacionales o sin ofrecer esfuerzos de su parte por buscar resolver los problemas para concluir la edificación de los gasoductos.

     “Se firman contratos realmente leoninos. . . Se establece en esos contratos que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción, le obliga a la CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo”, dijo Bartlett durante la conferencia de prensa matutina de López Obrador.

     El directivo advirtió que si CFE no re-negocia los contratos podría entrar en una situación de insolvencia ya que estimó que podría tener que llegar a pagar hasta 70 mil millones de dólares.

     “De continuarse esos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes, sino que lleguemos a una reconstrucción de esos contratos que permitan, en efecto, que se logre esa transmisión de gas a nuestro país, pero sin estos precios y sin estas sanciones que son absolutamente absurdas para la CFE”, concluyó Bartlett.

     López Obrador dijo que él esperaba que su llamado a renegociar los contratos fuera bien recibido por las tres empresas que construyen esos gasoductos y que deben entregar el gas.

    “Es básicamente llegar a un acuerdo con la participación de las empresas”, dijo el mandatario. “Yo espero que abriendo este diálogo con las empresas se logre una renegociación en beneficio de los mexicanos. . . queremos que nos ayude también el sector privado, nacional y extranjero, sin imponer nada, sino mediante el convencimiento. Porque realmente no es ético que se tenga un contrato que por causas que no tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad, se le esté pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad que pague estas sanciones onerosas”.

     Ante la posible negativa de Transcanada, Carso y IEnova de aceptar una rescritura de los contratos, López Obrador incluso adoptó una estrategia tranquila al decir que se respetarán los acuerdos y que su gobierno buscará otras formas para sanar las finanzas de CFE.

     “Al final de cuentas va a ser decisión de las empresas, si ellos dicen: No, no quiero, no hay ningún problema. Nosotros vamos a buscar la forma de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad”, dijo el presidente de México. “Pero yo espero que sean empresas responsables y que tengan dimensión social, cívica y que se entienda la situación por la que se está atravesando en el país, que nos ayuden a sacar adelante a México”.

     Claro que en este sentido, Bartlett fue mucho más duro ya que al salir de Palacio Nacional, donde se realizan las conferencias matutinas de López Obrador, dijo a reporteros que en caso de que las tres empresas no renegocien los contratos, las demandará.

     “Lo que dijo el presidente es muy claro, él va a invitar a esas empresas que son harto conocidas para que inicien una revisión de contratos firmados en el periodo anterior y si no están de acuerdo serán demandados”, dijo Bartlett, quien ha sido un férreo opositor de la participación de los capitales privados en el sector energético de México, en declaraciones recogidas por el periódico El Financiero.

     Sin embargo, esa postura es contraria a la del presidente, quien tiene como máxima para su gobierno actuar bajo el refrán del presidente Benito Juárez: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.