Oro Negro gana fallo en disputa Pemex por cancelación contratos

22 de mar. (Sentido Común) -- Servicios Petroleros Oro Negro, una compañía mexicana creada para aprovechar los beneficios de la reforma al sector energético del país, obtuvo un fallo favorable en la disputa que mantiene con la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) por la terminación de ciertos contratos de arrendamiento de varias plataformas petroleras. 

     La decisión de la petrolera de cancelar de manera anticipada los contratos que sus subsidiarias, Pemex Exploración y Producción y Pemex Perforación y Servicios, celebraron con Oro Negro para rentar cuatro plataformas petroleras, es injustificada, determinó el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil, con sede en Ciudad de México, en una sentencia emitida en febrero.

     “Se declara que los oficios de terminación. . . son nulos y carecen de efectos jurídicos pues no se basaron en una razón debidamente justificada para dar por terminados los contratos de arrendamiento”, dijo el juez en la versión pública de la sentencia disponible en la página del Consejo de la Judicatura Federal.

     Pemex --de acuerdo con la sentencia-- canceló los contratos bajo el argumento de que obtuvo una mejor tarifa de arrendamiento con otros prestadores de servicios, pero el juez federal consideró que esa no era causa justificada para hacer efectiva la cancelación.

      “El hecho de que un contratante decida simplemente terminar una relación jurídica de manera unilateral porque otra persona le ofreció un objeto igual o similar en condiciones que le benefician más que las pactadas en el acto jurídico primigenio, no puede justificar que simplemente se dejen de cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato original”, dijo la sentencia.

     Otro de los argumentos de Pemex fue la supuesta negativa que Oro Negro mostró al planteamiento de modificar a la baja los plazos y precios de los arrendamientos ante el desplome que registró en ese momento el precio del crudo en los mercados internacionales. Sin embargo, la empresa demostró haber aceptado los cambios propuestos en agosto de 2017, lo que abrió una negociación entre ambas partes que culminaría con la firma de los convenios modificatorios a los contratos en septiembre, aunque ya no entraron en vigor.

     Oro Negro --creada en 2012 por el fondo de inversión mexicano Axis Asset Management y Temasek, el fondo soberano de Singapur-- alquiló sus cinco plataformas, conocidas como Primus, Fortius, Laurus, Decus e Impetus, a las subsidiarias de Pemex en 2013.

     Pero dos años después la petrolera --aquejada por la caída y lenta recuperación de los precios del crudo a nivel mundial y el recorte de 162 mil millones de pesos (ocho mil 473 millones de  dólares al tipo de cambio de hoy) a su presupuesto de los años 2015 y 2016-- inició la renegociación a la baja de los contratos con las empresas que le prestaban servicios, entre ellas Oro Negro, encabezada por los empresarios Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y José Antonio Cañedo White, un ex directivo de la empresa televisora Grupo Televisa.

     Lla sentencia, que ordena a Pemex dejar sin efectos los oficios de terminación de los contratos, para forzar a la empresa a cumplirlos y a cubrir los daños y perjuicios causados, entre otras medidas, no es definitiva, incluso la empresa estatal presentó ya una apelación ante un tribunal unitario.

     Además de su disputa con Pemex, Oro Negro, que entró a concurso mercantil en septiembre de 2018, enfrenta también en tribunales a sus acreedores por la propiedad de las plataformas localizadas en el Golfo de México, lo que incluso derivó en un intento fallido de los bonistas para tomarlas y que ameritó la intervención de las fuerzas del orden.

     La empresa obtuvo un amparo definitivo para evitar que sus acreedores tomaran posesión de las plataformas, como lo ordenó el juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, Enrique Cedillo, en octubre.

     Mientras esa disputa continua en tribunales, las plataformas, localizadas a 25 kilómetros de Playa del Carmen, en el estado Campeche, continúan sin operar y en riesgo de deteriorarse, lo que ocasionaría la pérdida de parte de su valor.