Ante alzas precio gasolinas, ¿abusos, colusión, mala infraestructura?

14 de abr. (Sentido Común) -- A inicios de la semana pasada, Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicó, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, los factores que toman en cuenta las empresas dueñas de estaciones de servicio para determinar el precio al que venden la gasolina.

     Dado que el gobierno dejó de fijar el precio de ese combustible a nivel nacional desde finales de 2017, por la apertura a los capitales privados --nacionales y extranjeros-- del mercado de la venta de gasolina, hoy existen en el país una gran variedad de precios de ese y otros combustibles.

     Así, frente a esta nueva realidad, Herrera hizo su explicación de cómo se construyen los precios al consumidor de las gasolinas en México (costo internacional de los combustibles, costos de transporte, pago de impuestos y márgenes de ganancia), con el doble propósito de, por un lado, dejar en claro la complejidad que enfrenta el gobierno actual para intentar asegurarse que los precios de los combustibles no suban más de lo que suba la inflación, como prometió López Obrador en campaña; y, por otro, demostrar que existe desde su parecer un elemento clave que está hoy encareciendo los combustibles y que complica la labor gubernamental de mantener sus precios en una trayectoria ascendente e idéntica a la de la inflación.

     “La evolución del margen [de ganancia de las gasolineras] es muy interesante”, dijo Herrera. Ya que los márgenes “han venido aumentando. . . con relación al primer trimestre de hace un año”.

     Con esas palabras, Herrera implicó que desde la perspectiva gubernamental las alzas recientes que han registrado las gasolinas en el país, si bien pueden deberse a los aumentos que el precio de ese combustible registra en los mercados internacionales, son atribuibles más que nada a lo que podría describirse como abuso por parte de las gasolineras.

     A esta conclusión llega Herrera, porque si bien el gobierno ha optado por sacrificar más de 30% del impuesto que cobra por la producción, venta o exportación de gasolina regular o de bajo octanaje en México, el precio de ese combustible, en particular, no sólo no ha bajado, sino incluso ha subido.

     En febrero, la gasolina regular subió 1.8%, mientras que en marzo aumentó 2.7% en promedio en el país, de acuerdo a cifras recabadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la entidad encargada de recopilar las cifras económicas y sociales de México.

     En pocas palabras, el estímulo o el subsidio fiscal que el gobierno está dando hoy a la venta de gasolina, no se está reflejando, como esperarían las autoridades, en un menor precio. Esto hace pensar a Herrera y a otros, que quienes se están aprovechando de la ventaja fiscal que está otorgando el gobierno, son las empresas dueñas de las gasolineras y no los consumidores.

     “Lo que estamos viendo con el margen es que el margen [de las estaciones de servicio] aumenta cuando el estímulo está aumentando, lo cual quiere decir que el estímulo que tenía como objeto final, que se tradujera en una disminución del precio de los combustibles para los ciudadanos, está siendo absorbido por las estaciones de servicio y sumado a su ganancia”, dijo Herrera. “Como resultado de esto, en marzo del 2019 los márgenes capturaron el 63% del estímulo; es decir, de cada peso de estímulo que está dando el gobierno, 63 centavos se lo quedan las estaciones de servicio y solamente 37 centavos son pasados al consumidor”.

     Si bien habría aún que validar la conclusión de Herrera por los aumentos que han registrado los precios de la gasolina en el extranjero en los últimos meses, incluso superiores a los de México (12.6% en marzo en el sur de Texas) y que podrían invalidar sus deliberaciones, otros han también sugerido recientemente que la estructura actual del mercado de venta de gasolina no es perfecta y podría enfrentar distorsiones que permiten sacar ventaja a los propietarios de las estaciones de servicio, a costa de los consumidores.

     Una de las agencias gubernamentales que más ha estudiado el mercado de la venta de combustibles en México tras su apertura a los capitales privados, es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la entidad encargada de combatir las prácticas monopólicas y las concentraciones ilegales en México.

     Por sus labores de estudio e investigación, Cofece ha concluido también, aunque de manera preliminar, que las empresas gasolineras podrían estar llevando a cabo prácticas ilegales en ciertas regiones del país que, de alguna manera, les permiten acrecentar sus márgenes de ganancia.

     Si esas hipótesis pueden ser comprobadas, entonces respaldarían las conclusiones a las que llegó recientemente Herrera, en el sentido de que los precios de la gasolina han subido más de lo que ocurriría si existiese un mayor nivel de competencia en el mercado de la venta de combustibles.

       Las sospechas de Cofece incluso la llevaron en marzo del año pasado a anunciar de forma oficial una investigación por posible concentración ilegal en el mercado de la comercialización, distribución y venta al público de diésel y gasolina en el país.

     El anuncio lo hizo la dependencia luego que su Autoridad Investigadora encontró indicios suficientes de concentraciones ilícitas entre empresas gasolineras. Esa autoridad comenzó incluso a revisar el funcionamiento de la venta de gasolina desde septiembre de 2017.

     Más recientemente, a finales de febrero, Cofece abrió también un proceso en forma de juicio contra diversos agentes económicos por una probable colusión en el mercado de la comercialización de gasolinas y diésel en las ciudades de Mexicali y Tijuana, Baja California.

     Estas dos sospechas hacen pensar a muchos que las conclusiones del subsecretario de Hacienda podrían ser correctas, aunque Cofece ha también indicado que los problemas de los precios altos de las gasolinas podrían deberse a ciertas prácticas discriminatorias de la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos, sobre todo por la forma como vende los combustibles al mayoreo y que inhiben la edificación de mayor infraestructura para su transporte y almacenamiento.

     Si México no logra hacer que más empresas inviertan en poliductos y terminales de almacenamiento y reparto (TAR), las posibilidades de que existan mayores niveles de competencia en el mercado de mayoreo de combustibles decaen y con ellas las de que bajen los precios a los consumidores finales.

     “En términos de la formación de precios de mayoreo es crítico que se reconozca la incidencia que ha tenido la política de comercialización y fijación de los precios de mayoreo de Pemex. . . en desincentivar la participación de otros jugadores en el mercado mayorista”, escribió Cofece como una de las conclusiones que sacó tras llevar a cabo un estudio del mercado de la gasolina y el diésel y que tituló Transición hacia Mercados Competitivos de Energía: Gasolinas y Diésel.

     Así, si bien Cofece sospecha de que puede habar prácticas monopólicas entre empresas operadoras de gasolineras, no descarta que mucho también pueda hacerse si las autoridades competentes cambian las reglas del juego para que más empresas, además de Pemex, se dediquen a construir la infraestructura necesaria para poder transportar y almacenar los combustibles desde los centros de producción o importación, hasta los de consumo.

     En ese sentido, las autoridades a favor de la competencia exhortaron al gobierno a asegurarse de que la apertura de los mercados de la energía en México prosiga y se consolide.

     “Es fundamental que se promueva y facilite la entrada de más participantes, se incentive la inversión en todos los eslabones de la cadena de valor y se eliminen todas las barreras que actualmente limitan la competencia y libre concurrencia en estos mercados”, escribió Cofece en su estudio.

     De cierta manera, las observaciones de Cofece dan también la razón a las empresas gasolineras, las cuáles, tras los señalamientos de Herrera en la conferencia matutina sobre el incremento de sus márgenes, salieron a defenderse empleando argumentos similares a los de la Comisión de Competencia.

     Por ejemplo, Onexpo Nacional, un organismo que aglutina a empresas gasolineras y representa, junto con otras asociaciones, los intereses de ese sector, dijo que los precios de las gasolinas en el país más que reflejar mayores ganancias, reflejan la falta de infraestructura para el almacenamiento, transporte y distribución de combustibles, además de los problemas de desabasto que en ocasiones enfrentan.

     “Es sabida la carencia de una infraestructura suficiente de almacenamiento, situación que ha generado distorsiones logísticas de tipo regional y estacional, incluso afectaciones en el abasto, que inciden directamente en los precios”, dijo la asociación en un comunicado.

     De hecho, muchas gasolineras en el país padecieron serios problemas con el abasto de combustible a inicios de año por la decisión del gobierno de López Obrador de cerrar algunos poliductos para combatir el robo de combustible.

     Si bien muchos en México aplaudieron la decisión presidencial de eliminar esa extracción ilegal de combustibles de los poliductos de Pemex, muchas ciudades en el país, incluida la capital y Guadalajara, la segunda ciudad más poblada de México, padecieron falta de gasolinas por varios días o semanas, una situación que desbalanceó los ingresos y los gastos de las gasolineras al no tener éstas ventas por varios días para compensar sus costos fijos.

     De ahí que Onexpo haya solicitado una reunión con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace algunos días, para poder exponer las razones que desde su punto de vista han propiciado un aumento de los precios de los combustibles a pesar del mayor subsidio gubernamental a los mismos y que no necesariamente se deben a mayores márgenes de ganancias.

     No es claro si Hacienda ha aceptado hasta ahora reunirse con las empresas dueñas de estaciones de servicio para tratar de encontrar una solución a los problemas de falta de competencia efectiva que enfrenta el mercado de la venta al menudeo de combustibles a lo largo de su cadena de valor en el país.