España indaga posible corrupción en sede de OHL, implicaría filial en México

Obrascón Huarte Lain, una constructora y administradora de infraestructura española con presencia internacional, podría estar inmiscuida en el caso de corrupción que sacude las entrañas del partido en el gobierno de España, el Partido Popular.

     Esto es así porque existen sospechas de que la compañía pudo haber realizado un pago ilegal de 1.4 millones de euros a través de una filial mexicana.

     Un juez de la Audiencia Nacional, el órgano judicial español que tiene alcance federal, sospecha que la compañía, que es mejor conocida por sus siglas OHL, financió, junto con otras empresas, al Partido Popular en las elecciones autonómicas de Madrid en 2011.

     Las otras empresas que también están bajo escrutinio en el marco de la llamada “operación Lezo” son la compañía de tecnológica Indra, la constructora Licuas, la naval Sareco y la consultora PricewaterhouseCoopers.

     Distintos medios españoles, como El País o El Mundo, reportaron, citando fuentes anónimas, que la sede de OHL fue registrada por la Guardia Civil, aunque las mismas personas consultadas negaron que la empresa no haya realizado ese pago ilegal.

     “OHL niega que haya pagado comisión a ningún partido político. Nunca”, dijo una fuente al periódico El País.

     El pago de un 1.4 millones de euros que presuntamente hizo OHL al PP, como popularmente se conoce el partido político, y a Ignacio González, quien fue presidente de la Comunidad de Madrid de 2012 a 2015 --similar a una gubernatura en México pero en la capital española--, habría quedado registrado en una libreta que es propiedad de Francisco Granados, otro político español que lleva tres años en la cárcel.

     Fuentes de la parte investigadora citadas por el diario El Mundo dijeron que la pista a seguir es un pago que habría realizado una filial que tiene OHL en México al PP a través de una cuenta en Suiza.

     Las principales concesionarias que tiene la compañía española en México son OHL México, que administra una buena cantidad de vialidades de cuota en el centro del país, así como Mayakoba, un complejo turístico en la zona conocida como Riviera Maya.

     Las investigaciones se dan en el marco de la detención de Ignacio González, quien además es muy cercano a Esperanza Aguirre, una de las políticas españolas de alto perfil. De hecho el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tuvo que comparecer por el caso.