Un grupo de organizaciones civiles anunció que daban por concluida la colaboración que desde hace más de cinco años tenían con el gobierno federal, específicamente a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de la Alianza por el Gobierno Abierto porque consideran que no existen condiciones de confianza.

     Las organizaciones que tomaron esa decisión son: Artículo 19; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac); Cultura Ecológica; Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas; SocialTIC; el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); GESOC, Agencia para el Desarrollo, así como el Observatorio Nacional Ciudadano y Transparencia Mexicana.

      Esas 10 organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobierno ha hecho actividades de vigilancia digital ilegal en contra de investigadores y defensores de diversos derechos, lo que genera un clima de inseguridad para la libertad expresión.

     Por tal motivo, decidieron retirarse de la participación que tenían en el Secretariado Técnico Tripartita (STT), que coordinaba los esfuerzos de México por acercarse a la sociedad civil en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

     La ruptura con el gobierno se debe a “la pérdida de confianza hacia éste y la falta de condiciones de co-creación y diálogo con el Gobierno Federal”, dijeron las organizaciones en su comunicado.

     El caso al que hacen referencia es un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, en donde hizo referencia a actividades gubernamentales de espionaje en contra de algunos activistas, quienes cabildearon para crear una regulación que inhibiera el consumo de refrescos y bebidas azucaradas en México.

     En ese reportaje, el diario reportó que la firma NSO Group, de origen israelí, había espiado a Simón Barquera, directivo del Instituto Nacional de Salud Pública; a Luis Manuel Encarnación, entonces director de Fundación Mídete, y a Alejandro Calvillo, activista y fundador de la organización El Poder del Consumidor en el tiempo en que éstos trabajaron en favor de una reglamento que limitara el consumo de refrescos.

     NSO Group es una empresa que únicamente desarrolla este tipo de software para vigilancia de gobiernos e incluso reconoció tener contratos con México, de ahí las sospechas del espionaje ordenado desde el gobierno.

     Así, las organizaciones solicitaron al gobierno, a través de diversas dependencias federales, su apoyo para investigar y detener las actividades en contra de esas personas, pero “no hubo respuesta concreta en más de tres meses”, por lo que consideraron que no hay condiciones para continuar con los trabajos conjuntos.

      La iniciativa global de Alianza Digital por el Gobierno Abierto es conformada por 75 países y México fue de los principales impulsores. El gobierno había incluso creado ya tres planes de acción para promover sinergias entre la sociedad civil y el aparato del Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha de publicación: 23/05/2017

Etiquetas: México sociedad civil gobierno denuncia