27 de jun. (Sentido Común) -- Hace un mes, Andrés Manuel López Obrador, el candidato que encabeza las encuestas para la elección presidencial de este domingo, cuestionó durante en un mitin la eficacia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 “¿Saben ustedes de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio del pueblo de México?”, preguntó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a sus seguidores, para recibir de inmediato una clara respuesta: ¡Noooo!

“¿Se han enterado de algo que hayan resuelto en favor del pueblo?”, prosiguió López Obrador al arengar a sus simpatizantes, para recibir otro: ¡Noooo!

“¡Nada! Están ahí de alcahuetes de la mafia del poder”, concluyó.

Si bien la crítica del candidato de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) al máximo tribunal del país no era nueva --por años ha sido escéptico de la autonomía del poder judicial mexicano--, no dejó de causar sorpresa.

Esto porque con ella, López Obrador se alejó del tono conciliador que había adoptado en las semanas anteriores y que le había permitido consolidar su ventaja en la carrera presidencial.

Claro que las palabras del candidato contra la Suprema Corte bien pudieron deberse a la contienda electoral misma y al calor del mitin, pero con ellas no dejó de reactivar las dudas sobre lo que podrá pasarle a las instituciones mexicanas --como el máximo tribunal del país-- en caso de materializarse su triunfo electoral en menos de cinco días.

Desde que López Obrador decidió tomar Paseo de la Reforma por cerca de dos meses hace casi 12 años, luego que perdió por 0.6 puntos porcentuales la elección presidencial de aquel entonces contra Felipe Calderón, y desde que “mandó a volar” las instituciones durante una toma de posesión alterna en la que fue declarado “presidente legítimo de México”, muchos ven en él a un político que desprecia y podría poner en riesgo mucho de lo que el país ha construido a lo largo de las últimas décadas para contar con un sistema de pesos y contrapesos.

En ese sentido, las críticas a los magistrados de la Suprema Corte no abonaron para modificar la percepción de muchos que, de ganar la presidencia y quizás mayorías en las cámaras de Senadores y de Diputados, López Obrador podría poner en riesgo no sólo el sistema democrático, sino incluso impactar negativamente el crecimiento económico de México al desoír a quienes podrían evitar un descarrilamiento del funcionamiento económico del país, que si bien no ha sido espectacular si ha evitado las crisis recurrentes que padeció el país a finales del siglo pasado.

El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley, dijo, por ejemplo, en un reporte elaborado a inicios de abril de este año, que desde su perspectiva no podía descartarse un deterioro del marco institucional mexicano ante el resultado electoral de este domingo.

“Nosotros pensamos que la continuidad de las políticas no está garantizada: el marco institucional no ha sido puesto a prueba y da al ejecutivo suficiente latitud como para poder implementar un cambio significativo en áreas relevantes a la narrativa de inversión” actual de México, escribió la institución financiera estadounidense en ese reporte.

Si bien Morgan Stanley fue muy cauteloso en no atribuir ese posible deterioro institucional a algún candidato en particular, las dudas que expresó se deben, muy probablemente, a que de los tres principales candidatos presidenciales el menos ortodoxo, o el que más dudas generas sobre cómo gobernará, es López Obrador.

Tanto el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, como el de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, generan menos nerviosismo por sus propuestas que algunos consideran más predecibles, sobre todo en defensa del libre mercado. 

El tres veces candidato presidencial, en cambio, genera más dudas por su retórica anti-institucional y por sus comentarios contra las políticas a favor del mercado y que describe como neoliberales y que han impulsado los últimos gobiernos a lo largo de las tres décadas recientes.

Claro que no todos creen que López Obrador vaya a ser, en caso de ganar, un disruptor de la vida institucional mexicana.

Si bien él ha cultivado por años la imagen de ser una persona que va contra el status quo, principalmente por la desigualdad económica que prevalece en México y las injusticias sociales que se observan a lo largo del país, las personas que lo conocen de cerca hablan de que en el fondo, él es una persona institucional.

Sus defensores explican su actitud no sólo por su convencimiento de que en México debe mejorar la justicia y la distribución de la riqueza, sino porque con su postura ha sabido ganarse el apoyo de millones de mexicanos, descontentos con lo que ocurre en materia de violencia, inseguridad y corrupción.

“En privado, las veces que hemos platicado. . . [he visto que] es un hombre que respeta a las instituciones muy claramente”, dijo, por ejemplo, la ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, durante una entrevista radiofónica con el conductor Enrique Hernández Alcázar, en la estación W Radio, hace algunas semanas.

Incluso, quien es la propuesta de López Obrador para convertirse en la primera mujer en dirigir la Secretaría de Gobernación en la historia moderna de México, en caso de una victoria, dijo que no compartía la forma como él se expresó de los trabajos y de los miembros de la Suprema Corte.

Hay mucha aportación de la Corte “a la estabilidad del Estado mexicano y a la construcción del Estado mexicano”, dijo Sánchez Cordero, agregando que planeaba comentar con López Obrador las críticas que hizo, aunque las atribuyó más al calor de la campaña que a una visión de fondo del Estado mexicano de su parte.

Hasta ahora los temores de la llegada al poder de un candidato anti sistema no han causado estragos en los mercados financieros mexicanos, un síntoma de que hay confianza en que, si gana, el candidato puntero no alterará en demasía los cambios estructurales de la economía mexicana, como la reforma que abrió el sector energético a los capitales privados, nacionales y extranjeros.

Cierto que el peso ha perdido 2.6% de su valor frente al dólar y la bolsa ha bajado 5% este 2018, mientras las tasas de interés están en niveles no vistos en cerca de nueve años, pero los analistas atribuyen esos movimientos negativos más a factores externos, como la normalización de la política monetaria estadounidense, o las posturas proteccionistas del presidente de esa nación, Donald J. Trump, que ha temores por la posible llegada de López Obrador a la presidencia de México para el periodo 2018-2014.

Un elemento que será clave para también determinar el poder de transformación que tendrá el próximo presidente mexicano es la composición que tendrá el Congreso de la Unión tras la elección del 1 de julio.

Las encuestas parecen indicar que los partidos que han postulado a López Obrador a la presidencia lograrán también tener mayoría en las dos cámaras legislativas.

No es claro, sin embargo, si esa mayoría será simple o absoluta, una diferencia importante ya que de obtener una mayoría simple de curules en ambos recintos, el siguiente presidente de México no tendrá, muy probablemente, problemas para aprobar iniciativas o sus presupuestos.

Si obtiene una mayoría absoluta, o más de dos terceras partes del Congreso, entonces gozará de la capacidad para intentar hacer cambios constitucionales, aunque para estos requerirá también de contar con mayoría en la mitad más uno de los congresos estatales, algo que es muy difícil de pronosticar actualmente y que sólo se conocerá hasta que termine el recuento electoral del domingo.

De cualquier manera, los economistas consideran que si el próximo presidente desafía a las instituciones, u opta por dar un fuerte viraje institucional, la economía mexicana será la que resienta esas medidas y con ella los habitantes de México.

Morgan Stanley estima, por ejemplo, que si hay una reversión a las políticas económicas libremercadistas de los últimos 30 año, la economía mexicana en lugar de crecer 2.6% en 2019 lo hará sólo 1.8%, al tiempo que la tasa de crecimiento para el periodo 2020-2022 pasaría de 3.2 a un magro 0.8%.

De igual forma, el tipo de cambio, en lugar de fortalecerse el próximo año para cerrar en 16 pesos por dólar, se debilitaría a 22 unidades; mientras que para el periodo 2020-2022 en lugar de ubicarse en 17 pesos por dólar, pasaría a 25 unidades en promedio, de acuerdo con la estimación del banco de inversión estadounidense.

Por ello es que López Obrador y su equipo económico han repetido en un sinnúmero de ocasiones que no planean desafiar a las instituciones, como Banco de México, ni incurrirán en políticas económicas expansionistas.

Para ellos, la clave está en redirigir el gasto público para que con él se pueda ayudar a quienes menos tienen, pero sin endeudar al país o sin generar inflación.

De cualquier manera, Morgan Stanley dijo que ante las dudas que aún perduran sobre las políticas que adoptará el próximo gobierno de México, conviene ser precavidos.

“Ante este escenario. . . nosotros pensamos que una postura precavida es indispensable”, escribieron los analistas del banco con sede en Nueva York.

 




Fecha de publicación: 27/06/2018

Etiquetas: México economía gobierno elecciones López Obrador política Morena PES PT