Cofece avala consolidar compras del gobierno; ve gran reto, alza mano

17 de jul. (Sentido Común) -- Cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto concluya el último día de noviembre de este año, dejará tras de sí una estela de críticas por los altos niveles de corrupción que vivió el país en todas sus esferas durante este sexenio.

     Para muchos especialistas, esa actuación fue, parte, la causante que la sociedad optara en la última elección por dar la espalda al partido del presidente, el Partido Revolucionario Institutional (PRI) y su candidato, José Antonio Meade, y optara por respaldar a Andrés Manuel López Obrador, el representante de la coalición Juntos Haremos Historia y quien logró la victoria en su tercer intento usando como mantra una premisa sencilla: acabar con la corrupción.

     No es casualidad entonces que el futuro presidente de México y quien será su secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, hayan puesto la mira de manera especial en los esquemas de contrataciones de obra pública y de compras gubernamentales para combatir, desde esa trinchera, las prácticas indebidas que algunos servidores públicos aparentemente han realizado a lo largo de los años para su enriquecimiento personal.

     En ese sentido, el futuro presidente de México y su equipo de transición han propuesto crear un sistema consolidado de compras gubernamentales en torno a la Secretaría de Hacienda para no sólo lograr mejores términos en esas adquisiciones, sino también para combatir las conductas ilegales que al parecer hoy pueden llevar a cabo múltiples funcionarios públicos encargados de llevar a cabo adquisiciones gubernamentales en múltiples oficinas de gobierno..

     “Gente que conoce muy bien de esto, que ya se ha hecho en muchas partes del mundo, dice que [se pueden lograr ahorros por consolidar las compras que pueden] representar entre 1 y 2% del” producto interno bruto, dijo Urzúa Macías, hace unos días, en una entrevista de televisión con la cadena Televisa. “Al consolidar de inmediato se va a bajar el precio, por economías de escala, pero lo más importante es que en lugar de haber más de mil 300 unidades de gasto va a haber una”.

     Si bien esa idea en el papel promete acabar con muchos de los huecos donde hoy en día funcionarios de todos los niveles pueden cometer actos de corrupción, expertos en materia de competencia dijeron que la propuesta por sí misma no resolverá el problema, aunque sí podría ayudar, sobre todo si el gobierno genera mayores y verdaderos niveles de competencia entre los proveedores del gobierno a fin de que ofrezcan mejores términos a las entidades gubernamentales que adquieren sus bienes o servicios. 

    La relevancia de esto no es menor ya que tan sólo en 2017 el gobierno mexicano gastó 585 mil millones de pesos (31 mil millones de dólares) en contrataciones gubernamentales, una cifra que podría bajarse de forma importante si se mejoran los proceso de compras gubernamentales.

     En ese sentido, una unidad experta en materia de competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), o la agencia gubernamental encargada de combatir las prácticas monopólicas en México, dijo en torno a la propuesta del futuro gobierno lopezobradorista de concentras las compras en una entidad que sí hay espacio en México para mejorar los procesos de compras y contratación gubernamental, pero sobre todo si se brinda vigilancia a esos procesos y se usan las herramientas para evitar que exista colusión entre los proveedores gubernamentales

     Con ello, agregó Cofece, se podría evitar el incremento artificial en los precios de los bienes que adquiere el gobierno y se podría evitar la corrupción que hoy existe en algunos de esos procedimientos. 

     La dependencia incluso agregó que el futuro presidente de México podría dar un impulso a los objetivos del combate a la corrupción con el castigo a las colusiones y sin necesidad, incluso, de realizar reformas a las leyes actuales. Claro que Cofece sugirió la creación de una Ley de Contrataciones Gubernamentales (adquisiciones y obras públicas) con estándares internacionales para regular mejor las licitaciones del gobierno, tanto para las compras gubernamentales como para la realización de obra pública.

     Hoy en día, además, las contrataciones gubernamentales no siempre se hacen a través de subastas, sino utilizando la figura de la asignación directa, un mecanismo menos eficiente para que las dependencias gubernamentales reciban los mejores términos posibles.

     El abuso al método de asignación directa quedó demostrado en un estudio que elaboró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una asociación de análisis especializada en políticas públicas. En esa investigación, IMCO descubrió que siete de cada 10 de los contratos firmados durante el actual gobierno de Peña Nieto por la empresa eléctrica estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por los dos organismos de salud gubernamentales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fueron asignados de forma directa y no por concurso.

     Claro que para Cofece la decisión del próximo presidente de concentrar todas las compras gubernamentales en Hacienda podría no ser la mejor forma en sí para realizar ahorros y combatir la corrupción. Para Cofece, el futuro gobierno podría hacer más en ambos sentidos si optar por mejorar los procesos existentes de adquisiciones gubernamentales y busca asegurarse que se hagan esa contrataciones vía licitaciones vigiladas para evitar prácticas monopólicas absolutas o colusiones.

     El organismo que combate las prácticas monopólicas incluso sugirió cambios a los procesos de contratación para incrementar sus estándares y hacer más públicos todos esos cambios a fin de evitar favorecer a unos sobre otros; además de que sugirió también imponer, además de multas, las sanciones que ya prevé la ley para quienes lleven a cabo prácticas indebidas, como la inhabilitación a las empresas cuando se coludan para sacar ventaja de esos concursos.

     Además, para Cofece el próximo presidente podría incluso dar un paso adicional si opta por hacer obligatoria su participación en algunas contrataciones públicas relevantes para vigilar de cerca los procesos y evitar con ellos prácticas monopólicas, que incluso podrían venir de la forma como las dependencias diseñan las subastas.

     Por ejemplo, para Cofece imponer demasiados requisitos o pedir requisitos innecesarios, inhiben la participación de un mayor número de proveedores en esas licitaciones, al mismo tiempo que en ocasiones también las autoridades dirigen los concursos para beneficiar una determinada postura en desventaja de las arcas gubernamentales.

     Un elemento adicional que el nuevo gobierno podría imponer para mejorar sus procesos de compra sería el obligar a los participantes en concursos a revelar sus intenciones de subcontratación previo a las subastas mismas, así como prohibir que los perdedores de esos concursos puedan ser subcontratados.

     “Un nuevo gobierno da la oportunidad de coordinarnos”, dijo Alejandra Palacios, la comisionada presidenta de Cofece, en una conferencia de prensa ofrecida para discutir la necesidad de coordinar el trabajo de diversas dependencias para evitarla corrupción en materia de contrataciones. “México se encuentra con una oportunidad única para abatir la corrupción en las compras públicas”.

     Cofece considera, por ejemplo, que un mercado virtual, como una plataforma de intermediación electrónica, podría ayudar a evitar la colusión en las compras públicas, aunque dicha plataforma muy probablemente solo serviría para adquisiciones pequeñas de bienes homogéneos y sería difícil centralizar ahí todas las licitaciones.

     Otros, por su parte, ven riesgos adicionales a la implementación de la idea del gobierno de López Obrador de centralizar las compras en una sola dependencia, ya que si ese proceso sufre de alguna falla entonces las compras podrían retrasarse y con ello impactar negativamente a las empresas, en particular, y a la economía, en general.

     “Una mala ejecución del proyecto puede paralizar las compras del gobierno y pagarle a la economía”, escribió Enrique Quintana, editorialista del periódico El Financiero, en su columna de opinión. Creo que “les resultaría mejor un proceso gradual de consolidación de áreas, con especialización del personal de compras y la realización de subastas”.

     Además, Cofece considera que la nueva administración deberá poner énfasis en las investigaciones de mercado que se usan antes de las licitaciones, o en las subcontrataciones después de los fallos de esos concursos públicos.

     “La subcontratación se utiliza como mecanismo de colusión y de corrupción”, agregó Palacios, durante la conferencia. Debemos “restringirla y darle seguimiento puntual”.

     Palacios espera reunirse con el equipo de transición de López Obrador antes de que el nuevo presidente tome posesión el próximo 1 de julio para platicar de estos y otros temas, aunque aún no tiene una fecha exacta en la que estima se llevará a cabo esa reunión en la que espera este presente Urzúa.