Multa del INE a Morena genera primera disputa institucional de López Obrador

21 de jul. (Sentido Común) -- Una multa del Instituto Nacional Electoral (INE), la entidad encargada de organizar las elecciones en México, al partido que fundó el ganador de la pasada elección presidencial --Andrés Manuel López Obrador-- por un supuesto esquema indebido para financiar su campaña, se está convirtiendo en la primera escaramuza institucional de quien gobernará el país durante los próximos seis años.

Con 10 votos a favor y uno en contra, los consejeros del INE votaron hace tres días a favor de sancionar con 197 millones de pesos (10.4 millones de dólares) al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por supuestamente haber usado un fideicomiso de ayuda a los damnificados del sismo del 19 de septiembre del año pasado, llamado “Por los demás”, con aparentes fines electorales.

“No se trata de una conducta irregular aislada, sino de una trama de financiamiento paralelo”, dijo Ciro Murayama, consejero del INE para justificar su voto a favor de multar a Morena. El partido “incumple la obligación de informar a la autoridad [sobre la creación del fideicomiso], además de que el fin de dar dinero a la población es ilegal para un partido”.

Claro que la sanción generó, como era de esperarse, una reacción opuesta de Morena, de los dirigentes privados del fideicomiso y del mismo futuro presidente de México, quien calificó la resolución de los consejeros del INE como una “vil venganza”, ya que desde su perspectiva no hubo ningún acto inmoral ni un uso indebido de los recursos de ese fideicomiso con fines electorales.

“Nosotros no somos corruptos, ni cometimos ilegalidad. Por el contrario buscan enlodar una acción humanitaria”, escribió López Obrador, el ganador de la pasada elección presidencial con 53% de los votos, en su cuenta de la red social Twitter.

Si bien la reacción de López Obrador, de muchos otros miembros de Morena y de sus seguidores era de esperarse y fue hasta cierto punto natural, para algunos observadores la disputa que ha surgido desde entonces se está convirtiendo en la primera discrepancia entre quien será el futuro presidente de México y una instancia gubernamental autónoma --el INE.

Si bien hasta ahora López Obrador, a pesar de su enfado por la sanción y por el probable golpe a la reputación de honorabilidad de la que goza, se ha mantenido dentro de los cauces institucionales, más cuando dijo que la protesta contra la multa la realizará, como indican las leyes, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la discrepancia es para muchos un primer ejemplo de la forma cómo probablemente el futuro presidente del país se comporte frente a decisiones adversas que tomen otras entidades y otros poderes durante su gobierno.

Frente a las posturas adversas que López Obrador ha tenido a lo largo de su carrera política contra muchas instituciones, algunos expertos creen que existe un riesgo de que él --ahora en el poder-- pueda intentar vulnerar la vida institucional de México.

Claro que López Obrador, de 64 años de edad, ha negado desde su campaña esa posibilidad y ha dicho, en repetidas ocasiones, que él será respetuoso de la ley y que no impondrá su voluntad sobre nada ni nadie.

Es más, el futuro presidente del país ha también dicho que se conducirá con apego a las leyes para, a través de ellas y su posible modificación, llevar a cabo una transformación de la vida pública nacional.

En este sentido, López Obrador sugirió que quizás busque cambiar la forma como hoy se seleccionan a los consejeros electorales del INE a fin de que ellos no tengan vínculos partidistas y sean más que nada ciudadanos libres e independientes, comprometidos con la democracia de México.

Claro que el cambio lo buscará hacer el futuro presidente de México dentro de los procesos institucionales y sin alterar el orden, ya que una de las frases que más repitió él a lo largo del pasado proceso electoral y que ha repetido desde que ganó la presidencia es que durante su gobierno. . . “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

La decisión de López Obrador de defender y aplicar la ley podría ser así un dique a posibles abusos, aunque para algunos habrá que ver cómo actúa el futuro presidente de México y cómo reaccionan las instituciones frente a sus decisiones para determinar si bajo un gobierno lopezobradorista la vida institucional del país evolucionará dentro de los cauces normales o sufrirá un deterioro.

“Si @lopezobrador_ doblega al TEPJF se derrumba el sistema de fiscalización electoral”, escribió Fernando Belaunzarán, un político opositor a López Obrador en su cuenta de la red social Twitter, en referencia a que desde su punto de vista las autoridades judiciales electorales deben ratificar la multa del INE a Morena, y no ceder a la protesta del virtual presidente electo. “Cualquier partido podría crear fideicomisos privados con alguna causa filantrópica para recibir dinero y usarlo sin controles durante una campaña. Vamos a ver de qué está hecho el Tribunal”.

En el centro de la disputa, que se parece a la que tuvieron las autoridades electorales con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el uso de recursos de la empresa estatal, Petróleos Mexicanos, para el financiamiento de campañas hace casi dos décadas, o la que provocó el fideicomiso llamado Amigos de Fox que se creó en 2000 para ayudar la elección del presidente Vicente Fox ese año, están tres aspectos centrales que para el INE resultaron violatorios a las leyes electorales:

Uno, la recepción de fondos de procedencia no identificada en un fideicomiso; dos, los vínculos entre el fideicomiso y Morena; y, tres, el retiro de los recursos por parte de miembros de Morena para usos no claros y que pudieron usarse para buscar el condicionamiento, o la compra de votos, a favor de Morena.

“Estamos ante un esquema de creación, operación y manejo de un fideicomiso de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado”, dijo la consejera Pamela San Martín, durante la sesión del INE en el sus consejeros acordaron imponer la sanción.

En México, los recursos privados para el financiamiento de campañas están limitados y regulados. La mayoría de los fondos que usan los partidos para promover sus actividades y sus candidatos los otorga el INE con recursos asignados del presupuesto de egresos de la federación. Esto para evitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico o del crimen organizado a las campañas electorales en el país.

Claro que frente a las tres violaciones que argumento el INE, López Obrador, miembros de Morena y los representantes del fideicomiso explicaron que, primero, existen las fichas de depósito de los recursos que recibió el fideicomiso, lo que aclara la procedencia de los recursos.

Segundo, que el vehículo era privado y no del partido político por lo que no debía ser sujeto al escrutinio electoral, aunque en esto existe gran duda por parte de algunos observadores sobre la veracidad de la defensa, ya que la dirección del fideicomiso es la misma que la del partido político, mientras que los miembros del comité técnico del vehículo financieros son simpatizantes o cercano a Morena.

Finalmente, que desde la perspectiva de López Obrador y de Morena los consejeros del INE optaron por ignorar la información proporcionada en cuanto a los registros de las 27 mil personas que recibieron fondos por su calidad de damnificados tras el sismo que golpeó el centro del país, principalmente la Ciudad de México y poblaciones aledañas en el estado de Morelos, el 19 de septiembre de 2017.

El mismo López Obrador presentó en una conferencia de prensa el sábado los comprobantes de los depósitos que hizo su esposa al fideicomiso a nombre propio y a nombre de él para ayudar a los damnificados, así como cientos de hojas donde quedaron registrados los nombres de las personas que recibieron los cerca de dos mil 400 pesos (125 dólares) que les donó el fideicomiso.

De ahí que para él, los 10 consejeros del INE que votaron a favor de la multa optaron por ignorar la información proporcionada, que no sólo estaba en sus manos, sino también en las de las autoridades financieras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la entidad que regula el desempeño de los bancos en México y que son las entidades donde por lo general se crean fideicomisos con diversos propósitos.

El TEPJF tendrá así ahora que dirimir entre los argumentos que emplean ambas partes para determinar si es sostenible la multa que impuso el INE a Morena, o si pide al Instituto revisar de nuevo el caso para modificar la sanción, o también si exonera al partido de López Obrador de haber violado la ley.

Claro que para el mismo López Obrador, el uso de fideicomisos bancarios por parte de instituciones públicas, ya sea dependencias gubernamentales u organismos públicos, es algo que él no ve con buenos ojos, más si en esos instrumentos se depositan recursos públicos --que aparentemente no fue el caso del fideicomiso Por los demás.

Incluso, recientemente el futuro presidente de México anunció que, como una de las medidas que adoptará cuando inicie su mandato para combatir la corrupción y hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos, ordenará cancelar  todos los “fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.