Ante avances democráticos de México, ¿cabe regreso doctrina Estrada?

23 de jul. (Sentido Común) -- La claridad con que Andrés Manuel López Obrador obtuvo la victoria en las urnas el pasado 1 de julio fue, para algunos, un mensaje rotundo de los ciudadanos del país por un cambio democrático y dio al próximo gobierno una fortaleza y legitimidad que no habían tenido, al menos, los dos mandatarios previos.

     El propio virtual presidente electo lo dijo así en las primeras palabras que pronunció luego que sus adversarios reconocieron su triunfo electoral.

     “El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta”, dijo López Obrador, en referencia a que con su triunfo respetaría las instituciones democráticas que los mexicanos han construido a lo largo de las últimas décadas y que dieron pie a su victoria. “Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido”.

     Hay quienes creen que el capital político del que hoy goza López Obrador podría utilizarse para elevar el estatus de México en la comunidad internacional como un defensor de la democracia y el respeto a los derechos humanos, entre otros temas globales en los que la segunda economía más grande de América Latina podría tener más influencia gracias a la transición democrática que permitió el resultado electoral de 2018.

     Sin embargo, López Obrador dijo desde su campaña y lo ha ratificado en los días recientes, que volverá a utilizar la llamada Doctrina Estrada, que por años siguieron los regímenes encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que en esencia limitaba a México a pronunciarse e intervenir en asuntos extraterritoriales en defensa de la “autodeterminación de los pueblos”.

     Para algunos, el regreso a esa doctrina por parte del ganador de la elección del 1 de julio parece ser una contradicción de términos.

     Por ejemplo, para Carlos Sánchez Berzain, director del grupo de analistas de origen estadounidense Interamerican Institute for Democracy, las concepciones de la Doctrina Estrada están rebasadas en el mundo de hoy.

     “La autodeterminación y la no intervención no son absolutos, como se pretendía en 1930, cuando se publicó la Doctrina Estrada”, escribió el experto en asuntos internacionales, en su cuenta en la red social Twitter. “Ahora rige el cumplimiento de las obligaciones internacionales entre las que es prioritario el respeto a los derechos humanos”.

     La Doctrina Estrada fue una práctica en política exterior mexicana delineada durante el gobierno mexicano de Pascual Ortiz Rubio. El nombre proviene del autor de esa doctrina, o del canciller de aquel entonces, Genaro Estrada. Con ella, los gobiernos de lo que más tarde sería el PRI se mostraron contrarios a manifestarse sobre la legitimidad o no de cualquier otro gobierno, o de cualquier otra intervención en asuntos de otras naciones.

      Estos postulados no fueron casuales. La política mexicana fue durante décadas dominada por un partido, casi hegemónico, el PRI, por lo que, para expertos en el tema de relaciones internacionales, la Doctrina Estrada resultaba una excusa perfecta para que México no influyera en el exterior, a cambio que no sufrir un escrutinio similar interno desde fuera por las prácticas antidemocráticas que fue instaurando el partido en el poder tras su consolidación.

     Sorprende así a algunos que esa posición pueda volver a tomar fuerza a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia el 1 de diciembre, cuando él alcanzó el poder de forma democrática y con la autoridad moral para defender ese régimen político y otras causas en el entorno internacional.

     “En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias”, dijo el virtual presidente electo, durante su discurso de victoria, la noche del 1 de julio, tras conocer que obtuvo poco más de 53% de los votos en la elección presidencial.

    No obstante, algunos analistas creen que esta postura favorecerá las violaciones a derechos humanos que se cometen en algunas naciones de la región, como Nicaragua, donde la población está protestando el régimen del presidente Daniel Ortega, quien ha optado por reprimir a sus opositores mediante el uso de la fuerza pública, o Venezuela donde líderes políticos opositores están encarcelados por tener puntos de vista distintos a los del presidente Nicolás Maduro.

     “El próximo canciller de México, Marcelo Ebrard, confirma los peores temores sobre la política exterior” de López Obrador, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de América para la organización civil internacional en defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, en su cuenta de Twitter. “Invocará una versión retrógrada del principio de no intervención para debilitar la presión internacional sobre la dictadura de Maduro”.

     La actitud en temas de política exterior de López Obrador, si bien todavía no es del todo clara, podría justamente restar presión en contra de algunos países que hoy están bajo la lupa de organizaciones internacionales por diversos abusos y prácticas autoritarias contra sus ciudadanos.

      Además, la aplicación de una nueva estrategia de política exterior representa un cambio de 180 grados frente a la forma en la que hoy se conduce el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha sido crítico de actitudes antidemocráticas en otras naciones.

     El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, ha sido incluso objeto de fuertes críticas por las opiniones que pronunció en contra del gobierno venezolano y por apoyar resoluciones de rechazo a ese país en instituciones multilaterales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), algo que aparentemente no ocurrirá en la próxima administración.

     En este sexenio, México no sólo ha promovido denuncias en contra de las violaciones de derechos humanos en otras naciones, sino que también ha velado porque los comicios electorales en otras naciones cuenten con un terreno parejo para todos los participantes y que los dados no estén cargados a favor del candidato en funciones o de sus partidarios, como ha ocurrido en Venezuela, donde el gobierno de Maduro está bajo sospecha de manipulación electoral.

     Eso difícilmente continuará bajo la tutela del nuevo canciller Ebrard, quien ha dicho que está más a favor de no opinar sobre lo que ocurre fuera de las fronteras mexicanas.

     “Evidentemente hay diferentes perspectivas respecto a lo que está haciendo la actual administración”, dijo Ebrard, en entrevista con Grupo Fórmula hace un par de semanas, al hablar de la situación de Venezuela. “México va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención. . . La postura general que, pensamos, debemos tomar es la de evitar intervenir y ahí tener una posición muy cauta porque normalmente hay una agenda en buena medida promovida por Estados Unidos”.

     Claro que hay quienes creen que invocar la Doctrina Estrada no es incompatible con la denuncia de violaciones a derechos humanos que surjan en la región, o en otros países, al que podría permitir al nuevo gobierno aún jugar un importante rol en los esfuerzos multilaterales para condenarlos sin tener que expresar abiertamente su rechazo o aval.

     “Es casi seguro que Andrés Manuel López Obrador cambia de enfoque con respecto a su predecesor sobre Venezuela, regresando a un principio fundamental de la política exterior de México”, escribió Geoff Ramsey,  subdirector para Venezuela en WOLA (Washington Office for Latin America), una organización de investigación y promoción de derechos humanos en el continente americano, en un reporte. “La doctrina Estrada puede ser incompatible con denuncias fuertes de conflictos o abusos en otros países pero no ha sido usada tradicionalmente como excusa para que México se siente y los ignore. De hecho, México ha jugado un importante papel diplomático como promotor de la paz en numerosas ocasiones durante la aplicación de la doctrina Estrada”.