31 de oct. (Sentido Común) -- No hay quizás hoy en México tres hombres con una tarea más compleja que la que confrontan Carlos Urzúa, Alfonso Romo y Javier Jiménez Espriú.

Los tres son los hombres del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encargados de lograr la difícil tarea --si no imposible-- de mitigar y restaurar la confianza de los inversionistas en el futuro del país que quedó trastocada con la decisión del próximo gobierno de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en lo que fue el Lago de Texcoco.

La medida, anunciada el lunes por la mañana, desconcertó a muchos en México y el exterior. Pocos inversionistas y empresarios esperaban que López Obrador decidiera cancelar una obra en progreso que era vista y considerada como vital para detonar mayores ingresos turísticos y comerciales para la segunda mayor economía de América Latina, aun cuando pudiese tener problemas de corrupción o impactos ambientales mal evaluados.

“No entiendo, no entiendo qué fue lo que pasó, cómo así que se canceló, no entiendo”, dijo Alberto Bernal, jefe de estrategia de inversión con XP Securities, una firma de asesoría patrimonial en Miami, Florida, al periodista Victor Piz, en una entrevista para el canal de televisión El Financiero Bloomberg. Después de esto “yo siento un desencanto brutal con la historia de México”.

El desencanto, descontento o la incredulidad que dejó la decisión del futuro mandatario de echar por la borda un proyecto en el que ya se habían invertido cerca de 60 mil millones de pesos (tres mil millones de dólares) y comprometido otros 40 mil millones más (dos mil millones), que son irrecuperables, es a lo que Urzúa, quien será el futuro secretario de Hacienda y Crédito Público del próximo gobierno; Romo, el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia; y Jiménez Espriú, el futuro titular de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, se enfrentarán cuando busquen platicar con los inversionistas, acreedores y contratistas del proyecto.

La tarea, por eso, se antoja compleja.

Lograr revertir el daño a la confianza de los inversionistas que ya ocasionó la decisión de cancelar NAIM, y que quedó de manifiesto en días pasados por las fuertes pérdidas que registró el tipo de cambio, con una caída de 4.3% en los últimos tres días; las acciones, con un descenso de 4% en ese lapso; y los bonos mexicanos, con alzas en sus tasas de interés entre 0.2 o 0.3 puntos porcentuales, será una tarea titánica --más cuando las razones que dio el futuro gobierno para explicar porque se opuso a mantener la obra, no convencen a los inversionistas o a muchos mexicanos.

“Si hay corrupción [en la obra] pues ataca la corrupción, si hay que hacer unos cambios, pues ataca los cambios, has lo que tengas que hacer, pero no puedes parar una obra, la obra de infraestructura más grande de Latinoamérica por un capricho. Eso no es viable, no puede ser”, agregó Bernal en su entrevista con El Financiero Bloomberg.

En el fondo quizás lo que más lastimó la credibilidad del futuro gobierno, más que la decisión en sí de cancelar la obra, fue el proceso que siguió López Obrador para echar por tierra el proyecto en Texcoco.

Antes de decidir si NAIM debía continuar o no, el futuro mandatario, quien desde su campaña electoral se opuso a la obra, ordenó llevar a cabo una supuesta consulta ciudadana a fin de preguntarle, a quienes quisieran participar, si preferían mantener la obra en Texcoco, o bien, cancelarla para pasar a construir otro aeropuerto en la base militar aérea de Santa Lucía, al norponiente de la capital, que trabajaría simultáneamente con el actual aeropuerto de la capital del país y con la reactivación del aeropuerto de Toluca, a cerca de 55 kilómetros de la capital.

La consulta, que no contó con estándares mínimos de seguridad, diseño, supervisión e imparcialidad, para garantizar que con ella se estuviese recabando la verdadera opinión de la población mexicana, ha dejado a muchos desconcertados por no ser, desde su perspectiva, una forma adecuada y profesional para la toma de decisiones, o para el diseño de políticas públicas de una economía como la mexicana.

De ahí, que hoy muchos tengan muchas preguntas sobre si el futuro presidente no optará por volver a utilizar ese método para decidir otros asuntos de vital relevancia para el país, como es la política energética.

“La señal es más que nada una que nos deja bastante incertidumbre en cuanto a la dirección de las políticas públicas”, dijo Jaime Reusche, analista senior para América Latina con la agencia calificadora Moody’s Investors Service en una reunión con periodistas. “Eso sin duda nos deja con algunas interrogantes para los próximo meses”.

Algunos analistas e inversionistas ven así con enorme escepticismo lo que podría convertirse en el estilo de gobierno del futuro presidente, sin que con ello quieran decir que se opongan a la instauración de métodos auténticos de democracia participativa --algo que muchos dicen no ocurrió con la consulta sobre NAIM.

“Cómo puede ser que ese proyecto se decida por una pregunta viciada y en la cual vota el 1% de la población de México si ninguna” supervisión o aprobación de alguien que no fuera el mismo equipo de López Obrador, concluyó Bernal.

Claro que para los integrantes de López Obrador, el proceso de toma de decisión no sólo fue un ejercicio serio sino bien documentado y profesional, con el que esperan lograr convencer a los inversionistas de las razones detrás de la decisión de dar por terminada la obra en Texcoco.

“Nos es más económico, nos es mejor ecológicamente, nos es mejor. . . tener un sistema aeroportuario, que tener un solo aeropuerto”, dijo Romo luego de revelar que él, Urzúa y Jiménez Espriú conformarían una comisión para hablar con inversionistas y contratistas. “Es una decisión de fondo, no es un capricho, es una decisión técnica-financiera. No se equivoquen estamos actuando con responsabilidad”.

A esa postura se sumó la revelación que hizo Urzúa de algunos lineamientos que tendrá el paquete económico gubernamental del próximo año a fin de que con él los mercados y los inversionistas pudiesen constatar que, por un lado, se cumplirán con todos los compromisos que tenía el gobierno en NAIM; mientras que, por otro, se mantendrá una política fiscal conservadora a fin de no descuadrar las finanzas públicas.

“Con el propósito de garantizar la aplicación de todas las previsiones contenidas en los contratos relacionados con el proyecto del aeropuerto en Texcoco, el paquete económico 2019 establecerá recursos para atender los compromisos y obligaciones relacionados con la cancelación de dicho proyecto. En este sentido, los derechos de contratistas e inversionistas serán respetados y atendidos”, escribió la oficina de Urzúa, en un comunicado. “El paquete económico 2019 contendrá [también] objetivos fiscales que fortalecerán la posición financiera del gobierno federal. En concreto, el paquete considerará medidas de disciplina presupuestaria que se reflejarán en una meta de superávit primario de 0.8% del” producto interno bruto.

“El gobierno federal electo está comprometido con el estado de derecho y el respecto de los derechos de propiedad. Por lo anterior, trabajará en fortalecer la eficiencia de la inversión en infraestructura”, concluyó los lineamientos revelados por la oficina del futuro secretario de Hacienda.

No es claro aún si estos argumentos y estos esfuerzos que realizarán Urzúa, Romo y Jiménez Espriú para contener el daño y restablecer la confianza lograrán su cometido.

 



Fecha de publicación: 31/10/2018

Etiquetas: México economía NAIM aeropuerto contratos legalidad gobierno López Obrador Urzúa Romo Jiménez Espriú