¡No tan rápido! Hacienda pide esperar para conocer tasa fiscal final de EUA

7 de dic. (Sentido Común) -- La inminente aprobación de una reforma fiscal en Estados Unidos que, entre otras cosas, recortará la cantidad de impuestos que pagan las empresas en ese país en busca de mejorar su competitividad frente a otros destinos, tiene a más de uno preocupado.

     Algunos expertos temen que la baja de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 35 a 20%, que probablemente acuerden legisladores estadunidenses en los próximos días, invite a empresas mexicanas, por la proximidad con Estados Unidos, a mudarse a esa nación en búsqueda de esa ventaja fiscal que aumente sus márgenes de ganancias.

     La preocupación carece, sin embargo, de fundamento, al menos hasta ahora, para el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. Para el funcionario es aún prematuro preocuparse por esa reforma fiscal ya que aún no se conoce el contenido final de la misma, además de que es imposible medir a estas alturas la tasa efectiva final que acabarán pagando las empresas en territorio estadounidense tras aprobarse los cambios fiscales.

     Por esa tasa efectiva final, González Anaya entiende la cantidad de impuestos federales y estatales que pagan las empresas en territorio estadounidense, menos las deducciones que pueden incorporar para bajar el pago de sus impuestos.

     A diferencia de México, las empresas estadounidenses no sólo pagan el ISR, sino también, en ocasiones, cubren impuestos estatales, lo que eleva la tasa fiscal efectiva final de esa nación.

     Al mismo tiempo, las reformas que ya aprobaron los legisladores en la Cámara de Representantes y de Senadores, y que están ahora reconciliando, eliminan ciertas deducciones que antes podían aplicar las empresas para bajar el pago de impuestos, lo que elevará la tasa efectiva final de esa nación.

     Estas diferencias hacen que la reducción de 35 a 20% del ISR que proponen los legisladores estadounidenses sea menos drástica de lo que aparenta ser en el papel, ya que hasta ahora la tasa efectiva final de Estados Unidos era menor a 35% por las deducciones autorizadas.

     De ahí que para González Anaya no es aún claro que la reforma fiscal estadounidense vaya a provocar un diferencial de tasas efectivas finales tan amplio para propiciar una salida importante de compañías mexicanas hacia Estados Unidos, sin considerar además los costos de mudar operaciones fuera del territorio mexicano.

     “La tasa efectiva de impuestos es la que hay que analizar”, dijo González Anaya, en un foro con medios organizado en Ciudad de México. Los congresistas de Estados Unidos “están quitando muchas deducciones”.

     De ahí que el recién nombrado secretario de Hacienda y antes director de Petróleos Mexicanos pidiera esperar a conocer primero la totalidad de los cambios fiscales aprobados en Estados Unidos, para así poder determinar si es necesario que México también ajuste su régimen fiscal a fin de mantenerse competitivo frente a esa nación.

     Uno de los puntos donde existe incluso incertidumbre sobre el tamaño del recorte fiscal es la misma tasa del ISR. Si bien todo parece indicar que bajaría de 35 a 20%, el mismo presidente Donald J. Trump dijo que la tasa final podría quedar en 22%, o dos puntos porcentuales por arriba de lo que los legisladores han planteado hasta ahora y un nivel que al que si se le suman otros impuestos, como los estatales, podría hacer menos atractiva a la economía estadounidense, más si al mismo tiempo los cambios eliminan las deducciones fiscales.

     Hasta ahora, el Senado y la Cámara Baja estadounidenses aprobaron ya dos reformas tributarias, similares pero con elementos diferentes. Por ejemplo, la de los senadores entraría en vigor hasta 2019, mientras que las de los representantes el próximo año.

     De ahí, que representantes de ambos recintos estén dialogando para negociar un texto final, que esperan poder presentar al presidente Trump para su firma en los próximos días.

    Frente a esto y ante la imposibilidad de poder determinar en este momento cuál será la tasa efectiva final que terminarán pagando las empresas estadounidenses en sus lugares de origen, González Anaya declinó ofrecer conclusiones sobre posibles medidas que México tomará para contrarrestar efectos adversos, en caso de que existiesen.

     “Hay que verla con más cuidado”, agregó el secretario, quien asumió su cargo la semana pasada tras la salida de José Antonio Meade, quien renunció a ser titular de Hacienda para convertirse en el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

     Claro que el cambio fiscal ha generado inquietud en ciertos círculos empresariales, académicos y de análisis, por el posible incentivo a que las empresas en México lleven sus inversiones a Estados Unidos.

     La reforma fiscal estadounidense “puede implicar la creación de incentivos para empresas que declaran impuestos en México, en donde la tasa es de 35%. . . cambien su residencia fiscal a Estados Unidos para pagar una menor tasa”, escribió el equipo de análisis de Grupo Financiero Banorte, en un reporte.

     La preocupación se sustenta además en el poco espacio con que cuentan las autoridades hacendarias mexicanas para poder contrarrestar los cambios fiscales estadounidenses en caso de que éstos, desde el punto de vista de la tasa efectiva final, generen incentivos perversos para que las empresas locales busquen ubicarse en territorio estadounidense.

     Los pocos márgenes de maniobra para México se dan porque el gobierno ya cuenta con un Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos aprobados para 2018. Si bien existe la posibilidad de hacerles cambios a ambas iniciativas, esto requeriría de un trámite legislativo nada fácil de lograr.  

     Además, si el gobierno redujera sus tasas impositivas para competir contra Estados Unidos, podría generar un mayor déficit fiscal que no sería bien visto por las agencias calificadoras.

     Éstas, si bien están satisfechas con la evolución que han tenido las finanzas públicas, un deterioro de las cuentas gubernamentales muy probablemente las llevaría a degradar la calificación crediticia del país.

     Claro que muchos creen que México muy probablemente no necesite hacer cambios fiscales ya que el diferencial de las tasas fiscales efectivas entre las dos naciones será, al final del día, mucho menor a lo que se observa a primera vista.

     Además, esos expertos creen que el gobierno federal puede esperar hasta la segunda mitad del próximo año para tomar sus decisiones, una vez que pasen las elecciones presidenciales que el país celebrará el 1 julio.

     “En este contexto, [quizás] se requerirían cambios fiscales en México tan pronto como el año que entra”, agregaron los economistas de Banorte en su reporte.