Cofece pone en agenda revisión de caso Santander-Banco Popular

8 de dic. (Sentido Común) -- La revisión de la concentración entre Banco Santander --la mayor institución financiera de España-- y Banco Popular Español, que desde hace varias semanas se encuentra bajo la lupa del órgano regulador antimonopolios de México, por una aparente irregularidad, podría estar cerca de su fin.

     La Comisión Federal de Competencia Económica puso en su agenda de discusión el caso de la presunta omisión que cometió Santander al no informar de manera oportuna que compraría a Banco Popular Español, un descuido que podría haber infringido las leyes de competencia económica de México.

     Así, el pleno de Cofece, como también se conoce a la entidad encargada de evitar las concentraciones excesivas en los mercados del país, muy probablemente evaluó el expediente sobre el posible descuido de los bancos españoles para notificar al órgano regulador nacional sobre la fusión de Banco Popular por parte de Santander.

     “Presentación, discusión y, en su caso, resolución del procedimiento. . . relativo a [la] omisión de notificar una concentración cuando legalmente debió hacerse”, detalló Cofece, en un punto de la lista de asuntos por resolver que discutió el pleno en su sesión de ayer.

     Aún no es claro a qué conclusiones llegó el pleno en su sesión de ayer, ya que Cofece anunciará su sentencia de este caso una vez que notifique a las empresas involucradas. La Comisión declinó dar comentarios sobre el caso hasta que éste no cuente con una sentencia pública.

     Un representante de la dependencia dijo a Infosel que en la mayoría de las sesiones el pleno discute todos los casos que pone en su agenda, pero puede tardar días o semanas en notificar sus conclusiones a las empresas involucradas y al público en general.

     En este caso, las compañías involucradas son Santander y Banco Popular en España, así como el banco mexicano Ve Por Más y algunos empresarios del país.

     Santander adquirió a Banco Popular por el valor de un euro, ante las órdenes de las autoridades financieras de la Unión Europea, a fin de evitar su colapso ya que se encontraba en peligro de inviabilidad por falta de liquidez.

     Esa compra incluyó el interés de 24.9% que Banco Popular tenía en el banco mexicano Grupo Financiero Ve Por Más, controlado por la familia del empresario mexicano Antonio Del Valle.

     De ahí que Santander y Banco Popular debían informar e incluso obtener el aval de Cofece para poder cerrar esa transacción en el país, algo que aparentemente no hicieron como lo indica la ley.

     El pleno de Cofece, que determina las sanciones por la omisión de notificaciones, incurrir en prácticas monopólicas y otras faltas relacionadas con competencia económica, se reúne todos los jueves por la tarde para discutir diversos expedientes que estén listos para ser evaluados luego de una investigación.

     En algunas ocasiones, el pleno, que está conformado por los siete comisionados de Cofece, evalúa los expedientes y determina las sanciones correspondientes o extiende las discusiones a fin de hacerse de más elementos para llegar a conclusiones.

     En este caso, los bancos españoles ya sabían que las autoridades reguladoras habían puesto la lupa sobre esta transacción. Cofece ha enviado diversas notificaciones a las instituciones financieras sobre este expediente y también a Ve por Más, ya que es un tercero involucrado en la operación.

     Sin embargo, Santander al parecer considera que sí había cumplido con la ley al haber notificado la compra de Banco Popular, pero ese aviso fue desechado por Cofece por haberlo presentado fuera de los tiempos que marca la ley.

     El banco español incluso presentó un amparo ante las autoridades judiciales contra el rechazo que hizo el regulador de la notificación. Esa demanda fue admitida por una jueza especializada en competencia económica y aún no cuenta con una sentencia.

     No obstante, las leyes de competencia económica en México facultan a Cofece para continuar con sus procesos de investigación y discusión de los expedientes que tiene abiertos hasta que cuenten con una resolución, aun cuando las empresas o personas involucradas presenten amparos sobre sus respectivos casos.

     Con la reforma a las leyes de competencia de 2013, los agentes económicos pueden ampararse ante el poder judicial solo contra las resoluciones finales de Cofece y no contra sus procedimientos, a fin de que esto sean más ágiles y duren menos tiempo.