Nuevo aeropuerto sigue en limbo pese dictámen; futuro a consulta

17 de ago. (Sentido Común) -- Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, dejó poco claras las medidas que planea tomar para poner fin a la saturación que padece el aeropuerto actual de Ciudad de México al optar por no inclinarse a favor de una de las dos opciones que mandó analizar y dejar que una "consulta popular" defina esas acciones.  

     Desde su campaña electoral, López Obrador manifestó oposición a seguir edificando el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que está construyendo el presidente Enrique Peña Nieto en terrenos federales y en los que se ubicó el antiguo lago de Texcoco. 

     El candidato y hoy futuro presidente de México fue, sin embargo, modificando su postura ante las críticas que recibió su rechazo a la nueva terminal aérea, por lo que planteo revisar el proyecto en construcción y compararlo con su propuesta de edificar dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía que permitirían complementar las operaciones de la actual terminal aérea..

     Sin embargo tras la revisión de la información que le presentó un grupo de expertos, López Obrador y su futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, optaron por no definir las medidas que adoptaran a partir del 1 de diciembre, fecha en la que el presidente electo tomará posición, dejando el futuro de la aviación de la capital del país en manos del resultado de una especie de encuestas, o "consulta popular", que realizaran en octubre --un planteamiento que el ganador de la contienda electoral del pasado 1 de julio ya había mencionado que llevaría a cabo tras conocerse el estudio, o dictamen, sobre la conveniencia de las dos propuestas. 

      Claro que quienes participarán en esa consulta deberán tomar su decisión sin saber si la opción propuesta por López Obrador de construir dos pistas adicionales en Santa Lucía y mantener abierto el aeropuerto actual es viable. 

     Esto porque ese planteamiento recibió el rechazo de un grupo internacional especialista en aeronáutica, que dijo que ese planteamiento no era viable, mientras que otro dijo que sí, pero que para poder afirmarlo deberían antes realizarse estudios que tomarán al menos cinco meses y que costarán varios cientos de millones de pesos.

     Además, el equipo del presidente electo tampoco descartó la posibilidad de dar en concesión la operación de la terminal que actualmente se edifica a inversionistas privados, lo que añade un elemento adicional de duda a la consulta popular, ya que la gente podría estar más a favor de concluir la terminal en construcción, que cancelarla si sabe que no se emplearán recursos públicos para su edificación. 

     En cualquier caso, diverso tipo de especialistas en aeronáutica civil, medio ambiente, finanzas, construcción, análisis de suelo, seguridad aérea, impacto social y otras especialidades estudiaron los dos proyectos a fin de poder determinar la viabilidad de ambos y, de ser viables , sus ventajas y desventajas.

     “La decisión la vamos a tomar entre todos, no vamos nosotros a inclinar la balanza, vamos a actuar con imparcialidad y entregando toda la información a los ciudadanos”, dijo López Obrador, en una conferencia de prensa donde presentó los hallazgos de los técnicos que estudiaron ambas opciones. “Para que todos participen en este ejercicio democrático y que todos decidamos que conviene mejor para la nación, para el país en general”.

     No es claro, sin embargo, la forma en que el equipo de transición de López Obrador planea recabar la opinión de la población. Si la consulta será local, o nacional, o bien que institución imparcial la realizará. Esto último sobre todo porque el Instituto Nacional Electoral (INE), la entidad encargada de realizar las elecciones en México, ya dijo que carece de las facultades legales para hacer un ejercicio de esta naturaleza. 

     Algunas de las razones que esgrimió López Obrador en el pasado para oponerse a terminar de edificar el aeropuerto que ya construye Peña Nieto fueron su elevado costo financiero y la sospecha de actos de corrupción en la asignación de los contratos de construcción.

     Los especialistas que revisaron ese proyecto confirmaron su alto costo, pero no mencionaron que hubiesen encontrado contratos mal asignados o prácticas indebidas en la forma como se está ejecutando la obra, al menos esto último no lo incluyó Jiménez Espriú en el documento de nueve páginas en el sintetizó los hallazgos de quienes realizaron el dictamen sobre las dos propuestas para corregir el problema de saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. 

     Claro que ante el alto costo de la nueva terminal, muchas voces del sector privado dijeron estar dispuestas a hacerse cargo de la construcción y administración del nuevo aeropuerto a fin de que no se interrumpa o cancele su construcción actual que ya lleva cierto grado de avance y cuya cancelación representaría un alto costo para el erario federal y un impacto negativo a la imagen del país en el exterior, ya que varios inversionistas internacionales han optado por financiar la obra confiados en que un nuevo gobierno no la echaría para atrás. 

     “El condicionamiento que nos ha dado el licenciado López Obrador en caso de que se optara finalmente por esta solución [de concesionar el nuevo aeropuerto] es de que se revuelva el tema financiero sin que tuviera que erogarse un solo centavo del erario, porque lo que tenemos en el erario puede ser para otros usos”, dijo Jiménez Espriú, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en el noticiario por internet que ella tiene, tras la conferencia en la que presentó el dictamen. “La decisión de qué se concesione, cómo y cuánto, es una decisión posterior”.

     El análisis de los expertos destacó como una ventaja a favor del proyecto del Nuevo Aeropuerto, la cercanía que tendría con Ciudad de México, lo que permitiría crear un centro de logística (hub) en Latinoamérica, tal como estaba planteado por la administración actual, además de la ventaja de que el gobierno ya cuenta con el terreno.

     En términos financieros, los especialistas avalaron que existe financiamiento para cubrir 75% de la inversión requerida en el proyecto y hay posibilidades de financiar el resto con ingresos futuros como la Tarifa de Uso Aeroportuario, o TUA, que es un impuesto que pagan los usuarios al viajar en avión en el país, así como las ventaja que da el tener un proyecto desarrollado y que ya hay un avance global de la obra de 31%.

      Por el contrario, actúan en contra de este proyecto los mayores costos de construcción con respecto al proyecto original, así como los altos costos de mantenimiento que aún están por determinarse para compensar los riesgos del suelo en el que se edifica por estar en lo que fue un lago.

      De acuerdo con los cálculos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la empresa estatal que construye la nueva terminal aérea de la capital del país, el monto de inversión del proyecto actual alcanza 13 mil 300 millones de dólares en la primera etapa del proyecto, que corresponde a tres pistas, una terminal y servicios adicionales.

     Esa cantidad representa un incremento de 137.5% con respecto al monto inicial estimado.

     “Es decir, el costo del proyecto original se ha incrementado en forma desproporcionada”, dijo el equipo de López Obrador en el dictamen que presentaron. “El análisis costo beneficio [que nos informan está en actualización], debe replantearse con base en los nuevos parámetros”.

     A ello habría que sumarle el retraso de al menos cuatro años que tardará el NAIM en entrar en operación, debido a que los cálculos que hicieron los expertos del presidente electo prevén que ese inicio de operaciones no sería sino hasta finales de 2023 y no en 2020 como la programó el gobierno actual.

     Además, obra en contra de este proyecto la transformación del lago Nabor Carrillo, que podría representar un daño ecológico para la capital del país al dejar de ser  un lugar para la llegada de aves migratorias.

     La otra opción, ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucía, ubicado en terrenos del municipio de Ecatepec, no es de entrada más alentadora y los dictámenes que realizaron expertos de MITRE, una organización dedicada a investigar temas aeronáuticos, concluyeron que no es una opción viable.

     Las operaciones simultáneas de la terminal actual y la de Santa Lucía “no serían compatibles, a no ser que se disminuyera la frecuencia de operaciones, lo que haría nugatoria la intención de aumentar la capacidad aeroportuaria”, dijo el estudio de viabilidad técnica. “Para atender estas incertidumbres, nuestros colaboradores técnicos visitaron a MITRE en Washington. Ni ellos consiguieron convencer al Dr. Bernardo Lisker, líder del proyecto en el NAIM, de la viabilidad de la operación simultánea. . . considerando diversas opciones de trayectorias de vuelo y la inclusión de nuevas tecnologías de control de vuelos como la Navegación Basada en la Performance, o PBN por sus siglas en inglés, ni los expertos de MITRE los convencieron de la imposibilidad de la misma”.

     El grupo de expertos que comandó el estudio, asesorados por un grupo de especialistas de origen chileno --que no fueron identificados--, sugieren, contra la opinión de MITRE, que sí pueden cohabitar dos terminales aéreas en Ciudad de México y Santa Lucía, pero eso requerirá de más tecnología.

     De ahí que el dictamen recomendó pedir un estudio adicional sobre este aspecto, que podría costar entre 150 y 300 millones de pesos.

     Para representantes de la industria aérea, hay compañías que sí podrían realizar un estudio serio de esa magnitud, como las compañías de origen alemán Roland Berger y Luftansa Consulting, por lo que no necesariamente es malo entrar a una fase de debate donde haya más información.

     “Vamos a analizar los documentos [que publicó hoy el equipo de López Obrador] y vamos a poder tener una opinión técnico operativa”, dijo Mauricio Aguilera, capitán y secretario de publicidad y prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), en entrevista telefónica. “Cualquier estudio va a aportar, va a ayudar”.

     Otros aspectos negativos del proyecto de ampliación de Santa Lucía es que los expertos advirtieron que las operaciones separadas de dos terminales generarán incrementos en los costos de operación de las aerolíneas, provocarán incomodidad a los pasajeros, además de implicar un costo adicional cercano a los 100 mil millones de pesos (60 mil millones perdidos en lo que ya se construyó y 40 mil millones por penalizaciones) al cancelar el proyecto. Estos recursos impactarían el presupuesto federal de 2019.

      La otra opción, la ampliación de operaciones en Santa Lucía, tiene a su favor que requerirá un menor tiempo para su entrada en operación, así como costos menores (costará alrededor de 70 mil millones de pesos), un mantenimiento más barato que el estimado para el NAIM, mejores condiciones de suelo y un impacto negativo más bajo para Ciudad de México, tanto en temas ambientales como de uso de suelo.

      “La clave de todo es que la ciudadanía va a decidir y van a participar en la discusión todos. Va a haber una serie de estudios pero también una discusión abierta entre todos”, dijo Carlos Urzúa Macías, el futuro secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de López Obrador y uno de los funcionarios que participó en la elaboración del dictamen que recibieron de los expertos. “Simplemente decidamos todos juntos. No es una decisión fácil, será una decisión complicadísima”.