López Obrador, para ganar respaldo, genera desdén contra burócratas

30 de jul. (Sentido Común) -- A un mes de la elección, Andrés Manuel López Obrador todavía no recibe la constancia que valida el amplio triunfo que obtuvo en las urnas el 1 de julio pero eso no le ha impedido dictar la pauta de la discusión pública con las propuestas que delineó para reformar el gobierno a partir de diciembre.

     Hasta ahora la mayoría de las promesas que hizo el próximo presidente para acabar con la corrupción del gobierno gozan de respaldo general, pero al mismo tiempo hay un grupo que comienza a sentir los daños colaterales del discurso lopezobradorista y pide acabar con el desprestigio generalizado que creció a lo largo de este mes: los trabajadores del sector público.

     Los también llamados burócratas son vistos por muchos como trabajadores poco comprometidos y cuyos sueldos son demasiado altos con respecto a las actividades que realizan, lo que desató aún más las críticas que de por sí ya existían en su contra.

     Sólo que esa impresión, en muchos casos, no corresponde con la realidad.

     Otra “bola de nieve, soltada por el propio ganador de las elecciones, comenzó a correr en la burocracia federal”, escribió el periodista Héctor de Mauleón en la columna de opinión que tiene en el diario El Universal. “Esa bola de nieve, la agresión a los burócratas, amenaza con llevar al nuevo gobierno hacia un laberinto de juicios masivos y amparos, y de demandas laborales”.

     En cuatro semanas, el virtual presidente electo ya reiteró sus planes de recortar los altos sueldos de la burocracia, acabar con los privilegios de algunos funcionarios, descentralizar el gobierno, consolidar las compras de bienes y servicios y adelgazar las nóminas de todas las secretarías.

     Eso, además, sin dejar de lado sus promesas de reingeniería del sector energético, discutir el futuro del nuevo aeropuerto internacional de México y ampliar la cobertura de apoyos económicos para algunos grupos vulnerables, como los adultos mayores o los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

     Esos cambios, que representan en muchas ocasiones un giro de 180 grados frente a la operación que muchas oficinas de gobierno tienen en la actualidad, están respaldados por una amplia mayoría de la sociedad.

     De acuerdo con un sondeo realizado por el periódico Reforma, la semana pasada, la mayoría de las personas --o el 40%-- cree que López Obrador podrá cumplir con todas las promesas que hizo durante la campaña.

     Ese mismo sondeo reveló, por ejemplo, que 35% de los mil 200 ciudadanos consultados por la encuestadora Lorena Becerra cree que la prioridad debe ser el combate a la corrupción, seguidos por un 31% que estima urgente mejorar los salarios y crear empleos.

    Pero en su afán de agitar las aguas, los burócratas comienzan a sentir los estragos de la mala imagen que López Obrador ha creado en su entorno.

     “Lo que más me sorprendió fue ver que mi muro de Facebook comenzó a llenarse de mensajes muy enojados, de gente que me decía que ahora sí se me iban a acabar los privilegios, que me iban a dejar de dar carro y gasolina”, dijo un trabajador de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social (Sagarpa), quien pidió no ser identificado por el temor de posibles represaliase, una entrevista. “Uno de esos incluso era mi primo y yo no tengo si quiera esas prestaciones, a mí no me dan carro y la gasolina la pago yo de mi sueldo”.

     De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pago que el gobierno hará este año en sueldos a funcionarios por su trabajo diario (incluidos doctores, enfermeros, maestros y policías, entre otros) alcanzará un total de 1.22 billones de pesos, o el 23.1% de los casi 5.3 billones que el gobierno avaló en el presupuesto de este año.

     Por eso es que muchos señalan la urgencia de bajar el gasto corriente --o aquel que se emplea en el consumo de la administración, incluidos los pagos de salarios, bienes o servicios y pensiones-- y que actualmente representa el 58.9% del total del presupuesto, especialmente si el nuevo gobierno además quiere aumentar la inversión pública y ampliar la cobertura de  programas sociales.

     Igualmente pocos pueden negar el despilfarro de recursos que se hizo en el pasado en algunas oficinas del gobierno, cuyas historias incluyen además desvío de recursos, colusión en las licitaciones y sobrepago de contratos de bienes y servicios.

     Pero la realidad de millones de trabajadores no es, ni de lejos, la imagen de opulencia que algunos creen que es generalizada.

     Un puesto de enlace administrativo cobra entre seis mil 852 y ocho mil 985 pesos  mensuales, mientras que los jefes de departamento cobran entre 14 mil y 18 mil pesos, los subdirectores de área entre 26 mil y 36 mil pesos, y los directos de área entre 36 mil y 56 mil pesos.

     “Hay una diferencia abismal entre un coordinador, un director o un subdirector. Es brutal”, dijo en entrevista un trabajador de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que pidió no revelar sus datos. “Yo creo que todos estamos hartos del mal uso de los recursos, pero no puedes llegar así como si nada a recortar de forma general. Mucha gente, que sí es talentosa, se va a ir”.

     La disparidad entre lo que perciben quienes laboran en el gobierno no ha impedido que éstos sean objeto de críticas y ahora estén sumidos en la incertidumbre de saber si resultarán afectados por el recorte de hasta 70% que el nuevo gobierno quiere hacer de plazas de empleados de confianza o si tendrán que enfrentar una mudanza por la descentralización del gobierno.

     “Es humillante, como si le tuviera coraje a la burocracia”, dijo otro trabajador que también prefiere permanecer en el anonimato, de Secretaría de Economía, por miedo a posibles represalias. “Si [la llegada de López Obrador] me cuesta la chamba a mí y fuera para mejorar pues adelante. Pero como dicen del plato a la boca se cae la sopa y yo creo que todo esto es más una parte de su estrategia popular”.

     De acuerdo con el sondeo de Reforma, esa estrategia sí ha servido y, por ejemplo, 88% de los encuestados en el sondeo de la semana pasada dijeron apoyar la propuesta de reducir el salario de los altos funcionarios de gobierno, mientras que otro 67% dijo estar a favor de despedir a casi 200 mil funcionarios del gobierno y otro 51% mostró su respaldo a la idea de mover las secretarías a otros estados.

     “Aquí de entrada ya me dijeron que el trabajo nos lo garantizan de aquí a diciembre”, dijo en entrevista una trabajadora de Sedesol. “Hasta los jefes están en la incertidumbre total. Todas son especulaciones y cosas que leemos en los medios, pero hasta que entre el nuevo gobierno ya se dirá”.